El reemplazo de los vehículos de tracción animal en Colombia es un desafío que combina factores sociales, económicos y legales. Entre normas incumplidas, planes de sustitución a medias y la presión de organizaciones animalistas, la lenta transición revela una tensión profunda: cómo transformar una práctica arraigada sin dejar atrás a quienes dependen de ella para sobrevivir.
DIARIO DEL HUILA, ANALISIS
Durante décadas, el golpeteo de los cascos de caballos y el traqueteo de las carretas de madera han acompañado la vida urbana y rural en Colombia. En ciudades como Neiva, Barranquilla o Bogotá, las llamadas ‘zorras’ no solo han servido para transportar escombros, materiales de construcción o reciclaje: se han convertido en el reflejo de una tensión social que sigue sin resolverse. Este vehículo de tracción animal representa, al mismo tiempo, el sustento de miles de familias empobrecidas, un riesgo para la movilidad en entornos urbanos y, sobre todo, una práctica cuestionada por el sufrimiento de los animales que la hacen posible.
Este no es un problema simple de erradicar. Es una realidad social, económica y cultural de la cual dependen cientos de miles de personas. Las estadísticas del DANE, basadas en un censo reciente, revelan que, entre junio de 2022 y julio de 2023, se identificaron cerca de 3,991 propietarios, 4,080 animales y 4,029 carretas en 136 municipios del país.1 La mayoría de los ‘carreteros’ son hombres con baja escolaridad, y un preocupante 64% de ellos gana menos de un salario mínimo legal mensual. Para ellos, la ‘zorra’ no es una elección de vida, sino una necesidad para alimentar a sus familias.
Sin embargo, la otra cara de la moneda es el sufrimiento de los animales. Caballos, yeguas (que componen el 88.7% de los animales de tracción), burros y mulas (4.6% y 2.9% respectivamente) son obligados a arrastrar cargas que exceden su capacidad física y a trabajar en condiciones extenuantes. El sobrepeso, la falta de descanso y, en los peores casos, el maltrato explícito, han llevado a las organizaciones de protección animal a levantar la voz, exigiendo que se ponga fin a esta práctica. Las leyes en Colombia, como la Ley 1774 de 2016, reconocen a los animales como «seres sintientes» y castigan con multas de cinco a cincuenta salarios mínimos a quienes les causen daño. Este reconocimiento legal, aunque fundamental, no ha sido suficiente para erradicar el problema.
La promesa legal rota y el desafío de la transición
El camino para la sustitución de vehículos de tracción animal (VTA) en Colombia ha sido largo y accidentado. La primera gran prohibición se estableció en el Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002, que ordenó a los municipios de categoría especial y de primera erradicar los VTA en el término de un año. La ley era clara, pero el problema social que subyacía era demasiado grande para una simple ordenanza. Los carreteros se quedaron sin alternativas de sustento, y la ley fue demandada.
En un fallo histórico, la Sentencia C-355 de 2003 de la Corte Constitucional suspendió la prohibición. La Corte dictaminó que el Estado no podía prohibir la circulación de VTA hasta que se hubieran proporcionado «alternativas laborales concretas y viables» a los conductores.2 Durante casi dos décadas, esta sentencia creó un limbo jurídico: la práctica era ilegal, pero su prohibición era inejecutable porque las alcaldías no cumplieron con la condición de ofrecer soluciones. Los planes de sustitución se estancaron, los presupuestos millonarios no se ejecutaron o su uso fue poco claro, y la problemática persistió.
En este contexto de estancamiento, la Ley 2138 de 2021 surge como una nueva esperanza, un intento del Congreso de la República por romper el ciclo. Su objetivo es establecer un plan de acción y un protocolo unificado para la sustitución, con un enfoque en la reconversión socio-laboral de los carreteros. La ley establece dos alternativas principales para los beneficiarios: la entrega de un vehículo automotor o una «unidad productiva» de valor equivalente. Para ser elegibles, los carreteros deben cumplir con requisitos estrictos, como haber estado en la actividad por más de un año y ser dueños de la carreta y el animal. Además, las administraciones locales son responsables de hacer un seguimiento anual al bienestar del animal una vez completada la sustitución.
Un Mosaico de Avances y Desafíos a Nivel Nacional
La implementación de la Ley 2138 ha revelado una brecha notable entre el mandato legal y la realidad territorial. El DANE, encargado de estandarizar el censo, ha reportado que, a julio de 2024, de los 1,121 municipios del país, 38 aún no habían enviado su información. Esta falta de cumplimiento ha sido señalada por la Procuraduría General de la Nación, que ha advertido que más de 7,200 animales continúan siendo utilizados para actividades de tracción en Colombia. La inacción, a menudo atribuida a la falta de recursos, conocimiento o voluntad política, obstaculiza la formulación de una política pública unificada y el monitoreo efectivo.
No obstante, algunos territorios han demostrado que la sustitución es posible con un enfoque integral y bien planificado.
El Modelo de Pasto: alternativas diversas para un futuro digno
La capital de Nariño se erige como un faro de buenas prácticas. A través del Acuerdo 042 de 2016, Pasto invirtió $7.250 millones de pesos, destinando una porción significativa a la reconversión productiva y el resto a un Centro de Bienestar Animal. Su programa se destaca por la diversidad de alternativas ofrecidas a los 260 beneficiarios:
• Vehículo automotor: La opción más popular, elegida por 229 personas.
• Plan de negocio: Nueve carreteros optaron por esta vía, con estudios de viabilidad para negocios tan variados como comercializadoras de víveres o productoras de leche.
• Plan de vivienda: Veintidós personas escogieron la opción de vivienda nueva o mejoramiento.
Este enfoque es un claro ejemplo de que las soluciones deben ser flexibles y adaptadas a las necesidades individuales para ser aceptadas y sostenibles.
Ruedas de Cambio en Cartagena: Priorizando el Bienestar Animal
En Cartagena, el proyecto Ruedas de Cambio ha logrado un avance significativo al sustituir los vehículos de 57 beneficiarios. El programa se diferencia por su claro enfoque en la protección de los animales. Los beneficiarios entregan voluntariamente sus
carretas y animales, que son inmediatamente revisados por la Umata. Los equinos son desparasitados, se les colocan microchips de identificación y se les da tratamiento para que recuperen su salud. Una vez recuperados, son entregados en adopción, y la administración municipal realiza un seguimiento a los nuevos dueños para garantizar su bienestar a largo plazo.
El Caso del Departamento del Huila: Un Ejemplo de Proactividad Regional
Mientras la Procuraduría alerta sobre la inacción en el panorama nacional, el departamento del Huila demuestra un compromiso notable con la sustitución, con acciones concretas en varios de sus municipios.
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Neiva: Más Allá de la Prohibición
La capital del Huila, Neiva, ha liderado la implementación del programa, adoptando el Decreto 0207 de 2023 para actualizar su política de sustitución a la luz de la nueva ley nacional. El decreto no solo formaliza el proceso, sino que reconoce que la ciudad ya ha completado 71 sustituciones en tres fases previas. Esto demuestra que Neiva no está empezando de cero, sino que tiene un historial de esfuerzos continuos. Actualmente, el municipio está en su «cuarta fase» del proceso, trabajando en la actualización del censo y preparando una nueva convocatoria pública para los carreteros. Este compromiso proactivo de la administración de Neiva contrasta fuertemente con la lentitud reportada en otras regiones, posicionando a la ciudad como un modelo a seguir en la implementación regional de políticas públicas.
El Compromiso en Otros Municipios y la Lucha Contra el Maltrato
El compromiso en el Huila no se limita a su capital. El municipio de Pitalito también ha firmado un decreto para iniciar su propio programa de sustitución. El plan en Pitalito incluye la actualización del censo y la oferta de proyectos productivos o vehículos como alternativas, siguiendo el mismo modelo flexible y adaptativo.
La preocupación por el bienestar animal se extiende a todo el departamento. El gobierno del Huila ha institucionalizado brigadas de bienestar animal, que no solo atienden a caballos y burros, sino también a bovinos y otras especies, especialmente en zonas rurales donde no hay centros de atención. Esta iniciativa demuestra que la política de protección animal en el departamento es integral y no se limita únicamente a los VTA, lo cual ayuda a abordar el maltrato de manera más amplia. La lucha contra el maltrato animal en el departamento, por lo tanto, no es solo reactiva, sino también preventiva y educativa.
La Resistencia al Cambio y el Camino por Delante
A pesar de los avances, la sustitución no está exenta de obstáculos. La resistencia de los carreteros no es un simple capricho; es un reflejo del miedo a lo desconocido. El trabajo con la zorra es una actividad tradicional, de la que no solo dependen económicamente, sino que también define su identidad y su lugar en el mundo. La incertidumbre sobre la sostenibilidad de un nuevo negocio, o el temor a que un vehículo de motor se dañe sin posibilidad de reparación, son preocupaciones genuinas y válidas.
El fracaso de un programa puede manifestarse en apatía, negatividad y evasión por parte de los beneficiarios. Para tener éxito, las autoridades deben ir más allá de la simple entrega de un vehículo o un subsidio. Es crucial ofrecer un acompañamiento integral, capacitación, y un plan de gestión del cambio que aborde las barreras psicológicas y emocionales de la población.
La historia de las ‘zorras’ en Colombia es una de las más complejas y emocionalmente cargadas del país. A pesar de que la ley prohíbe el uso de animales para el transporte urbano, los desafíos de su implementación han sido enormes. El compromiso proactivo de departamentos como el Huila y municipios como Neiva y Pitalito, que han adoptado modelos flexibles y empáticos, ofrece un camino a seguir. El futuro de la movilidad en Colombia, y el de miles de animales de tracción, depende de que se logre transformar esta arraigada tradición en una oportunidad de progreso y dignidad para todos.
Caso reciente en La Plata, Huila
“Indignante”: caballo arrastra carreta en pleno centro urbano
En agosto de este año, un video grabado en La Plata, Huila, desató la indignación ciudadana al mostrar a un caballo forzado a arrastrar una carreta repleta de materiales. Las imágenes, difundidas por redes sociales y denunciadas por la senadora Andrea Padilla, reavivaron el debate sobre la urgencia de sustituir los vehículos de tracción animal en Colombia.
Padilla cuestionó a las autoridades locales por no implementar planes de sustitución y pidió al presidente Gustavo Petro dar una instrucción clara para avanzar en la eliminación definitiva de esta práctica. “No más esclavitud. Permítanos ayudar; estamos para los animales y para el país”, expresó la senadora en su denuncia pública.
El caso refleja el incumplimiento de la Ley 2138 de 2021, que obliga a los alcaldes a garantizar alternativas de sustento para los carreteros y a retirar de circulación los vehículos de tracción animal. Aunque el Ministerio de Trabajo ha explorado apoyos financieros a través del Fondo Fenoge, las soluciones aún no llegan a todos los territorios.
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