Vacunaron mal… ¡las cifras!
¡Tremendo enredo con las cifras en Aipe! El secretario de Salud del Huila, César Germán Roa, prendió la alarma asegurando en una emisora que en ese municipio habían duplicado personas en los reportes de vacunación contra la fiebre amarilla, elevando sospechosamente la cobertura del 70 % al 90 %. Todo apuntaba a una jugada poco transparente por parte del hospital local y la Secretaría de Salud de Aipe… hasta que ellos mismos salieron con los papeles en regla: siempre reportaron el 70 % y con soporte sobre la población del Sisbén. ¿Entonces qué pasó? Pues que el inflado fue, al parecer, desde la Secretaría Departamental, que hizo mal los cálculos y terminó armando un escándalo con datos equivocados. ¡Vaya forma de vacunar la credibilidad!
Aipe pide claridad tras cifras cruzadas
El municipio de Aipe no ocultó su incomodidad tras la publicación de uno de nuestros tips sobre los datos de vacunación contra la fiebre amarilla, que se hizo viral en redes. Lo curioso es que el reclamo no vino directamente de las autoridades locales, sino del mismo secretario de Salud del Huila, quien aseguró que lo dicho en radio pasó de ‘agache’, pero lo publicado por el Diario del Huila sí generó revuelo. Y tenía razón en hacerlo: Aipe ha sido uno de los municipios más comprometidos con la inmunización y merecía que se aclarara el malentendido.
Cifras cruzadas y responsabilidades claras
En el caso de las cifras de vacunación en Aipe, lo que más llamó la atención no fue el error en sí, que pudo haber ocurrido en cualquier entidad, sino el intento de responsabilizar al Diario del Huila por reproducir unas declaraciones dadas por el propio secretario de Salud del Huila, César Germán Roa, en una emisora de alcance departamental. Si bien en este espacio usamos un lenguaje coloquial y agudo, siempre nos respaldamos con hechos y fuentes verificables. El asunto escaló tanto que llegó al Ministerio de Salud y terminó, como debía ser, con disculpas públicas al municipio. Los errores se corrigen, pero las palabras también se sostienen.
¿A dónde va el dinero del SETP?
El Concejo de Neiva aprobó un nuevo traslado presupuestal por $1.000 millones, de los cuales $800 millones van directo al Sistema Estratégico de Transporte Público –SETP–. Mientras algunos concejales cuestionan la falta de claridad, las obras inconclusas y los cargos en interinidad, desde la administración aseguran que, sin esos recursos, el sistema no puede avanzar ni salir de la etapa de preoperación. ¿Y el Gobierno Nacional? Bien, gracias. Lo cierto es que, en medio de tantas dudas y deudas, Neiva sigue esperando que su sistema de transporte arranque… algún día.
¿Y Henry, qué?
El caso de Henry Contreras Oliveros, un adulto mayor desaparecido tras ser entregado a un hogar de paso no autorizado, deja en evidencia una serie de errores que van desde el abandono familiar hasta la desobediencia institucional. Aunque un juez ordenó su protección urgente, el Hospital Universitario de Neiva hizo lo contrario, entregándolo a una entidad sin convenio y sin respaldo legal. Desde entonces, nadie sabe de su paradero. Lo más grave es el silencio de las autoridades: ni la Alcaldía ni el HUN han dado explicaciones claras. ¿Dónde está Henry? ¿Y quién se va a hacer responsable? Porque aquí no solo se perdió una persona, se perdió la humanidad en el sistema.
Obras enredadas y consultorías millonarias
El contralor del Huila, Andrés Felipe Vanegas, lo dijo sin rodeos: la gran cantidad de obras inconclusas en el departamento tiene una causa clara, y es la falta de planeación. Escenarios deportivos construidos en zonas de alto riesgo, colegios paralizados desde hace años y contrataciones de consultorías que cuestan cientos de millones solo para decidir si las obras pueden continuar. Pero el desorden no para ahí: hospitales públicos con problemas para cobrar lo que las EPS les deben, municipios con estatutos tributarios desactualizados, y empresas de servicios facturando con tarifas viejas mientras sus costos siguen subiendo. Mientras tanto, los proyectos se estancan, los recursos públicos se diluyen, y las soluciones siguen en veremos.
¿Dónde están los planes de contingencia de ENEL?
Las recientes inundaciones en Neiva volvieron a encender las alarmas. Concejales locales cuestionan si Enel tenía realmente un plan de contingencia para evitar una emergencia como la que se vivió tras la apertura de compuertas en El Quimbo y Betania. Las pérdidas para cientos de familias son evidentes, pero aún no hay claridad sobre las alertas previas, los protocolos seguidos ni las compensaciones. El Concejo pide cuentas a la empresa, exige presencia de la ANLA y hace un llamado al alcalde para que declare calamidad pública. Mientras tanto, los embalses bajan lentamente, pero las respuestas siguen sin llegar.
Parque de Betania en líos judiciales por ocupación de predios
Una millonaria demanda amenaza al Municipio de Palermo por la presunta ocupación ilegal de dos predios durante la construcción del parque recreativo de Betania. Cuatro ciudadanos exigen una indemnización de $900 millones, pero el Consejo de Estado les negó nuevas pruebas en segunda instancia, argumentando que desistieron de ellas en la etapa inicial. El caso continúa en apelación, mientras crece la incertidumbre sobre una obra de $3.700 millones que hoy enfrenta un conflicto legal por falta de claridad en la titularidad del terreno.
¿No le sirve el sistema que lo eligió
El exregistrador Alexander Vega le respondió con contundencia al presidente Petro, al afirmar que desconfiar del proceso electoral “es como anunciar que no reconocerá los resultados”. Le recordó que fue elegido bajo ese mismo sistema que ahora ataca, y desmintió tajantemente que Thomas Greg tenga acceso a datos sensibles o que pueda haber fraude con los kits. “Esto no es un puente que se arregla, las elecciones no dan espera”, sentenció.
¿Ley mordaza a las encuestas?
Petro tiene la última palabra sobre una norma que huele más a censura que a transparencia. Prohíbe preguntar por candidatos presidenciales casi un año antes de las elecciones y obliga a las encuestadoras a entregar hasta los números de teléfono. ¿Modernización o jugada sucia para controlar el termómetro político? Si la sanciona, la Corte Constitucional podría ser el próximo campo de batalla.
