La Procuraduría solicitó al Tribunal Superior de Bogotá anular la condena de 12 años contra Álvaro Uribe, alegando errores en la valoración de pruebas y vulneraciones procesales en el fallo de primera instancia.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
La Procuraduría General de la Nación solicitó formalmente al Tribunal Superior de Bogotá que anule la condena de 12 años de prisión domiciliaria proferida en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La petición, radicada por el procurador delegado Bladimir Cuadro, se sustenta en un extenso documento de 81 páginas que detalla supuestos errores en la valoración de pruebas y en la aplicación de figuras jurídicas por parte de la jueza Sandra Liliana Heredia.
El pronunciamiento del Ministerio Público se centra en cuestionar la condena por los dos delitos señalados, mientras respalda la decisión de absolver al exmandatario del delito de soborno. Según Cuadro, las pruebas utilizadas para sustentar la sentencia no son concluyentes y, en algunos casos, vulneran principios procesales como la reserva de las comunicaciones entre abogado y cliente.
Entre las razones expuestas por la Procuraduría, se destacan cinco puntos clave:
1. Falta de prueba sobre la determinación de Cadena
El documento señala que no se demostró de manera suficiente que Álvaro Uribe hubiera instruido al abogado Diego Cadena para buscar testimonios de internos en prisión. A juicio de la Procuraduría, ni la Fiscalía ni la jueza lograron establecer un vínculo probatorio sólido que acreditara esta supuesta orden.
2. Contexto insuficiente de la llamada clave
Uno de los elementos más citados en el proceso fue la frase de Uribe a Cadena: “proceda, doctor Diego, que usted todo lo hace bien”. Para la Procuraduría, esta afirmación carece de fuerza incriminatoria si no se le dota de un contexto previo o de otros elementos que demuestren que se trataba de un acto ilícito. Cuadro sostiene que no es válido inferir un delito a partir de conjeturas o interpretaciones sin sustento fáctico claro.
3. Reserva abogado–cliente y validez de interceptaciones
Otro de los cuestionamientos radica en el uso de interceptaciones telefónicas entre Uribe y Cadena. El Ministerio Público argumenta que la reserva profesional entre abogado y cliente se mantiene incluso si no existe un poder formal, y que esas conversaciones no debieron ser utilizadas como prueba. Aunque la jueza las consideró un “hallazgo casual” de un delito en curso, la Procuraduría replica que esta figura solo procede si se prueba la existencia del delito, lo cual —según su análisis— no ocurrió.
4. Errores en la valoración de testigos
Cuadro también criticó la forma en que se evaluaron los testimonios de Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez. En el caso de Vélez, señala que no hay evidencia de que Uribe conociera los pagos realizados por Cadena, los cuales la defensa calificó como “aportes humanitarios”. La Procuraduría considera que se desestimó sin justificación la versión del expresidente, quien aseguró desconocer las gestiones de su entonces abogado.
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5. Aplicación indebida de figuras jurídicas
Finalmente, el Ministerio Público sostiene que los errores en la apreciación de las pruebas llevaron a una interpretación equivocada de la figura de “determinación” y a la vulneración del artículo 7 de la Ley 906 de 2004, que consagra el principio de presunción de inocencia. A su juicio, la sentencia debió concluir en una absolución.
El caso contra Álvaro Uribe se remonta a las investigaciones iniciadas en la Corte Suprema de Justicia en 2018, cuando aún era senador, por supuestas maniobras para manipular testigos en procesos relacionados con vínculos a grupos paramilitares. Tras su renuncia al Congreso, el expediente pasó a la Fiscalía y posteriormente fue llevado ante un juez penal de conocimiento.
La condena de primera instancia fue dictada el mes pasado, imponiendo al exmandatario 12 años de prisión domiciliaria. Sin embargo, la defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, insiste en que el proceso ha estado marcado por interpretaciones sesgadas y falta de pruebas directas.
Uribe, quien ha reiterado su inocencia, asegura que desde que fue indagado hace siete años ha comparecido ante todas las instancias judiciales y ha respondido cada requerimiento. La defensa tiene plazo hasta el 13 de agosto para sustentar su apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, que ahora deberá decidir si acoge la solicitud de nulidad presentada por la Procuraduría.
Este pronunciamiento del Ministerio Público añade un nuevo capítulo a uno de los procesos judiciales más mediáticos y controvertidos en la historia política reciente de Colombia, con implicaciones que podrían trascender el ámbito jurídico y repercutir en el panorama electoral de 2026.
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