Alfredo Vargas Ortiz
Abogado y Docente Universidad Surcolombiana
Doctor en Derecho Universidad Nacional de Colombia
Resulta increíble que Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, haya considerado la posibilidad de descertificar a Colombia por su lucha contra las drogas ilícitas. En nuestro país se incautan toneladas de cocaína; se arriesgan las vidas de policías, soldados y campesinos en esta lucha, mientras que, como consecuencia de una fallida política antidrogas, Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor de esta sustancia. De hecho, el 80 % de la droga que sale de Colombia tiene como destino final el país del norte.
Parece que la filosofía de los estadounidenses es «buscar el muerto río arriba», ignorando que los principales generadores de la demanda son ellos mismos. Hoy, Estados Unidos enfrenta una crisis sin precedentes: más de 100 mil muertes anuales por sobredosis. Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de ese país, las muertes por sobredosis aumentaron entre 2019 y 2022, con un pico de 107.941 muertes en 2022. Aunque en 2023 hubo una leve disminución a 105.007 muertes, el problema persiste. Las muertes asociadas a opioides sintéticos distintos de la metadona (principalmente fentanilo fabricado ilícitamente) pasaron de 73.838 en 2022 a 72.776 en 2023. Las muertes relacionadas con la cocaína continuaron en aumento, alcanzando 29.449 en 2023 (fuente: CDC WONDER).
Ya es hora de que los papeles se inviertan y que la justicia actúe con imparcialidad. Mientras exista demanda, habrá oferta, y la responsabilidad frente a este flagelo debe ser compartida. Si en Colombia ha aumentado la producción de drogas, es evidente que ello responde a un incremento en la demanda internacional. ¿Hasta cuándo permitiremos que se nos humille, como si los únicos responsables de esta tragedia fuésemos los colombianos?
Todos sabemos que algunos representantes de gobiernos anteriores —hoy sin poder— están apostando a la descertificación del país, creyendo que así obtendrán alguna ganancia política. En su mezquindad, están dispuestos a vender la patria con tal de que al actual gobierno le vaya mal, sin comprender que quienes realmente sufren las consecuencias son los colombianos de a pie. Si ellos vuelven al poder, el pueblo seguirá pagando las consecuencias.
Hoy, Estados Unidos también financia, con el 70 % de los impuestos de sus ciudadanos, el genocidio en Gaza, como ha denunciado el senador demócrata Bernie Sanders. De manera simbólica, mostró un grueso documento que contenía los nombres de más de 18 mil niños palestinos muertos.
Queda claro que, si hay un país que no está cumpliendo con sus deberes éticos y humanitarios, es Estados Unidos: facilita la violación de los derechos humanos en Gaza y hace muy poco para reducir el excesivo consumo de drogas en su territorio. Por lo tanto, tiene muy poca autoridad política, ética o moral para venir a exigirle a Colombia resultados unilaterales en la lucha contra las drogas, que tantas vidas nos cuesta día a día, cuando los esfuerzos deben ser de doble vía y nosotros tenemos al autoridad moral para exigir que ellos deben disminuir el consumo de las drogas.
