Por: Ernesto Cardoso Camacho
Definitivamente el desespero político al que esta enfrentado el presidente Petro, no obstante conservar cerca de un 25% de apoyo en los sondeos de opinión, porcentaje que viene disminuyendo lenta pero perceptiblemente con el paso de los días; lo esta llevando a proponer aventuras institucionales que si bien es cierto tienen como fundamento el artículo tercero de la Constitución que reconoce la soberanía popular como fuente primaria del poder público, éste debe ser ejercido “ en los términos que la Constitución establece”.
Ha mutado de la fallida Consulta Popular cuyo decreto tuvo que derogar, aunque consiguió su propósito de lograr la aprobación de la reforma laboral; a proponer ahora la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente Popular mediante una papeleta que se introduciría durante el proceso electoral de renovación del congreso en marzo del 26.
Observando los movimientos estratégicos del gobierno, esta nueva propuesta logró impulso con la llegada al ministerio de Justicia del conocido exmagistrado de la Corte Constitucional y exfiscal Eduardo Montealegre, quien elaboró el famoso “decretazo”; y ahora busca introducir este novedoso pero conocido elemento de la papeleta ciudadana para reformar la Constitución, o incluso para derogarla; tal como ocurrió con la Carta del 86 mediante la sétima papeleta que dio origen a la nueva constitución del 91.
Desde luego es inevitable afirmar que entre la convocatoria de Consulta Popular y esta nueva propuesta, median circunstancias jurídicas y políticas que son radicalmente diferentes en su concepción constitucional como en sus eventuales consecuencias; dado que la Consulta como mecanismo de participación ciudadana y democrática difiere sustancialmente de la convocatoria a una Constituyente. Tanto es así que en el artículo 103 que los define, no existe el instrumento de la papeleta como mecanismo idóneo para convocar y ejercer la soberanía popular dirigida a reformar o derogar la constitución.
De igual manera, dicho instrumento de la papeleta no figura dentro de los expresamente señalados en el artículo 374. Claro allí se contempla, entre otros, el mecanismo de asamblea constituyente, pero este lo define en su configuración y procedimiento el texto literal del artículo 376, el cual señala que requiere de “una ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra cámara…” Es decir que, es imprescindible la voluntad política del congreso para que mediante una ley convoque la expresión soberana del pueblo que a través del voto modifique o derogue la constitución.
La elucubración estratégica constitucional de Montealegre se asienta en el poder del voto como la más legítima expresión de la soberanía popular, argumento que no es suficiente para pretender darle legitimidad constitucional a la propuesta. Quizá busca apelar a cierta jurisprudencia constitucional similar a la ya usada para el tema de la Consulta, pero como dice el refrán popular “una cosa es una cosa ,,,……”
Lo que si es indudable es que dicha estrategia tiene un claro contenido populista dirigido a estimular a sus seguidores para buscar réditos en la Consulta Interna del Pacto Histórico y luego en la elección de congreso en marzo/26, con alcance incluso a la primera vuelta presidencial de mayo siguiente.
Pero como es normal en la lucha política, sobre todo en este contexto de altísima polarización; el ejercicio del poder se coloca al servicio de los intereses estratégicos de quien gobierna y pretende mantenerse en el poder. Y allí no sería descabellado pensar que parte de esta estrategia del presidente, incluya un elemento de trascendencia política y electoral, el cual podría consistir en la eventual condena al expresidente Uribe, en el claro entendido que este constituye la figura trascedente de la oposición al petrismo; aunque tal estrategia podría resultarle como un bumerang electoral que anularía sus pretensiones.
La renuncia de la Canciller Sarabia se da en un momento crucial del desgaste evidente del gobierno. Al parecer, ha querido abandonar el barco para no participar en el naufragio. El fuego amigo que parece acrecentarse al interior del gobierno Petro lo coloca en condiciones de fragilidad política con eventuales resultados electorales. Lo paradójico es que del lado de la oposición no se observa un liderazgo contundente ni propuestas que trasciendan el “fuera Petro”.
En este panorama es evidente que la lucha política se incrementará y mientras tanto el gobierno no gobierna y la oposición no se organiza, causando así un gran desconcierto en la ciudadanía frente al caos y la anarquía reinantes, lo que sin duda contribuye a la incertidumbre y el temor de lo que podría suceder en los meses restantes.
En estas circunstancias, la propuesta de la Constituyente se erige como un nuevo fantasma democrático para, por una parte, mantener confundida a la oposición y por la otra, alimentar la apuesta populista del presidente.
