Alvaro Hernando Cardona González
Más temprano que tarde de expedida la Ley 99 de 1993 que reestructura la creación, competencias y organización de las corporaciones autónomas regionales (CAR), los gobiernos sucesivos han tratado de reformarlas. Sinceramente hay que reconocer que siempre se ha tratado de modificar la gobernanza administrativa de estos entes corporativos que, realmente, reformarlas para hacerlas más eficientes en su gobernanza ambiental.
De esas reformas, el proyecto de Ley No. 206 de 2018C- 278 de 2019 de Senado, acumulado con los proyectos No. 243 de 2018C y 323 de 2019C, ha sido el que estuvo más cerca de convertirse en ley de la República, al ser aprobado en tercer debate. No obstante, no fue aprobado en último debate en plenaria de Senado.
En esta ocasión se está tramitando en Cámara de Representantes una iniciativa que se sincera cuando dice “con perspectiva de fortalecer la gobernanza, transparencia y participación en las CAR”. Otro proyecto que apuesta por modificaciones administrativas, pero nada ambientales. Por ejemplo, propone modificar la conformación de la Asamblea Corporativa para permitir, que esta esté conformada además de los gobernadores y alcaldes, por 2 representantes de entidades sin ánimo de lucro que acrediten experiencia ambiental. Se truecan las funciones que actualmente tienen los consejos directivos, para establecer en cabeza de la Asamblea Corporativa la aprobación de plan general de actividades, los estados financieros, el presupuesto anual de rentas y gastos, la aprobación del Plan de Acción Cuatrienal, y la aprobación del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR).
Es interesante y positivo que elimina la representación del Presidente de la República en el Consejo Directivo, pero a cambio de modificar el proceso de selección del director general, mediante concurso de méritos efectuado por una universidad seleccionada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; mejor dicho, el gobierno nacional-centralizado de turno, será el que pone al director. Ese ha sido siempre el deseo, que los territorios no escojan al director, sino lo haga el Presidente de la República.
Propone la eliminación de los dos representantes del sector privado en el Consejo Directivo pero a cambio de un representante de las universidades públicas o privadas en el Consejo Directivo. Nos parece absolutamente inconveniente que las universidades públicas, hoy tan politizadas, puedan llegar a gobernar el ambiente natural.
Muy bueno eliminar la reelección de los miembros del Consejo Directivo. Un gran cambio en la democracia interna. Pero nada, la posibilidad de “audiencias públicas ambientales como mecanismo de participación ciudadana dentro del Consejo Directivo”. Absurdo.
