En la Asamblea del Huila se presentó un informe detallado sobre la situación de las víctimas del conflicto armado en el departamento de Huila; destacando las acciones y desafíos de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del Conflicto Armado del Huila. Se suma a las necesidades insatisfechas, el crítico panorama de seguridad que también afecta a las víctimas del conflicto en este departamento.
Por: Francy Villarreal Ruiz.
La Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del Conflicto Armado del Huila, a través de su coordinadora Edna Rocío Pinto, presentó un informe ante la Asamblea Departamental en el que detalló las acciones de prevención, protección, garantías de no repetición, asistencia, atención y participación desarrolladas en el marco del Plan de Acción Territorial y el plan de trabajo de la Mesa para el año 2025.
Entre los avances destacados por la Mesa se encuentra la gestión para la población víctima del conflicto armado a través de convocatorias para unidades productivas con un valor de 5 millones de pesos de manera individual, beneficiando a más de 500 víctimas, aplicando el principio de progresividad, ya que antes se entregaban unidades de hasta 2.5 millones; convocatoria abierta para cualquier víctima registrada.
También, se señaló la existencia de convocatorias para mejoramientos de vivienda con un valor de 8 millones de pesos cada uno.
Se sumó él logró en la gestión de 37 sillas de ruedas en articulación con la Secretaría de Salud departamental, la Secretaría de Gobierno y la delegada del enfoque de discapacidad, lo que contribuye a la reparación integral y mejora la calidad de vida del núcleo familiar.
También se mencionó la gestión de ayudas de inmediatez y auxilios funerarios, basados en la Ley 1448 de 2011 y con recursos provenientes de la ordenanza del 2%.
“Es importante aclarar a los diputados que desde la Mesa Departamental no manejamos como tal el tema de recursos. Nosotros generamos acciones, realizamos veeduría, realizamos también acompañamiento y construye construimos también el tema de la política pública de la población víctima del conflicto armado. Entonces, es importante también aclarar, e invitarlos a también a que conozcan de qué trata la Ley 1448, y que una víctima no deja de ser víctima solamente por el simple hecho de entregarle una unidad productiva. Una víctima sigue siendo víctima independientemente que sea indemnizado, que le pueda entregar un tema de una unidad productiva o independientemente de los fortalecimientos”, expuso Pinto.

Apoyo a emprendimientos
Javier Mora Duque, enlace departamental de víctimas, informó sobre un proyecto significativo para el fortalecimiento de unidades productivas por 5 millones de pesos, articulado con varios municipios.
“La Gobernación del Huila y los municipios han generado una bolsa de recursos que asciende a más de 3.000 millones de pesos, de los cuales casi 1.000 millones provienen de 25 municipios. El municipio de Garzón fue el que más contribuyó con 116 millones”, expuso Mora Duque.
Este proyecto permitirá fortalecer a más de 500 víctimas con unidades productivas de 5 millones de pesos.
“Tenemos una directriz clara del gobernador Rodrigo Villalba, y es traducir las iniciativas de las víctimas en proyectos reales que mejoren su calidad de vida. Esta rendición de cuentas muestra que se está cumpliendo”, señaló Mora.
Las líneas específicas cubren tanto el ámbito urbano; confecciones, salones de belleza, carpintería, transformación de alimentos, talleres de moto como el rural con cultivos de café, cacao, aguacate, y animales.
El enlace de víctimas enfatizó que las iniciativas son para las víctimas con Registro Único de Víctimas -RUV que estén asentadas en el Huila.

Aumento del recurso
A pesar de los avances, la Mesa de Victimas, hizo un llamado a la Asamblea Departamental para solicitar el aumento del porcentaje de recursos destinado a la reparación integral de las más de 214.000 víctimas en el Huila.
El diputado Omar Alexis Díaz cuestionó la falta de estadísticas claras sobre el impacto de la inversión. Solicitó un informe cuantitativo, cualitativo y georreferencial para saber a cuántas de las 216.000 víctimas ha llegado la inversión, qué seguimiento se hace a las unidades productivas entregadas y si han sido efectivas.
“Son más de 3000 millones de pesos que han sido destinados a los emprendimientos, a unidades productivas. Entonces, queremos saber cuáles son esas unidades productivas, que cuál es el seguimiento que se le hacen una vez se entregan los recursos, sirven o no sirven, en qué municipio se han entregado, a qué familias. Prácticamente es a eso lo que estamos llegando con este informe”, enfatizó Diaz.
Anunció el asambleísta, que se buscará realizar un debate de control político para finales del próximo mes de noviembre.
. El diputado Omar Alexis Díaz, cuestionò lo relacionado con la asignación de recursos para atender la población, y los problemas de seguridad que podrían aumentar la cifra de víctimas en el Huila.

Violencia hacia las victimas
El diputado Omar Alexis Díaz también expresó su preocupación por el recrudecimiento del conflicto con la presencia de disidencias, señalando que las 216.000 víctimas podrían duplicarse debido a nuevos desplazamientos, asesinatos y secuestros.
“Recordemos que estamos hoy nosotros en un conflicto aquí en el departamento del Huila. Tenemos las disidencias haciendo presencia y generando desplazamiento y asesinando, secuestrando. Entonces, ese es esas 216.000 víctimas se nos va a ampliar al doble de las personas que hoy están siendo, digamos, estigmatizadas y señaladas por grupos criminales. Entonces, ¿hasta qué punto y cuál es la estadística que hay precisamente para controlar estos aspectos y para poder llegar a la inversión al acorde?”, dijo el diputado Omar Alexis.
Por su parte, la coordinadora Pinto confirmó que las víctimas siguen llegando al Huila, provenientes de departamentos como Florencia, Putumayo y Tolima, y reportó reclutamientos, desplazamientos y amenazas a líderes defensores de derechos humanos y docentes.
“Digamos que lo que manifiesta la población que vive en estos territorios es que la fuerza pública llega, pero ellos llegan y brindan el acompañamiento en su momento. Ellos vuelven y se van y quedan las personas, los campesinos, los líderes solos en el territorio, por ende, pues prefieren más bien guardar silencio, además que ya han sido víctimas de un conflicto armado. Ya han sido desplazados, les ha tocado abandonar sus tierras y no quieren volver a vivir estos hechos victimizantes”.
Exteriorizó, además, que en municipios como La Plata, Algeciras, Íquira, Isnos y Oporapa se registra una situación de orden público que es compleja, pero los líderes y campesinos optan por el silencio por temor, ya que manifiestan que la Fuerza Pública brinda acompañamiento y luego se retira, dejándolos solos.
“Quiero contarles también que desde la Mesa Departamental venimos haciendo una incidencia superimportante, no solamente es un tema de desplazamiento por grupos al margen de la ley, por delincuencia común, donde también en el municipio de Neiva se están viendo afectados algunos líderes de algunas comunas también que les ha tocado desplazarse porque les han llegado hasta sus casas a amenazarlos, a intentar contra la integridad de su familia”.
Finalmente, la Mesa Departamental de Victimas denunció la inasistencia de entidades como la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Salud a las plenarias convocadas, lo cual obstaculiza el cumplimiento de las acciones y compromisos.
“Entonces, sí es importante también manifestar que nosotros como defensores de Derechos Humanos seguimos apoyando los procesos que se hacen en articulación con las diferentes entidades, pero también hacemos un llamado a las entidades y a las diferentes Secretarías que en este momento no llegan cuando se convocan a los plenarios de la mesa departamental, que es importante que se haga un seguimiento a estos casos”, solicitó la vocera de las víctimas en el Huila.

Atención integral
Queda claro, ante este panorama que la Mesa de Víctimas ejerce labores de veeduría y construcción de política pública, pero no maneja directamente los recursos ni tiene incidencia en la ordenanza para indemnizar a las víctimas.
También, se evidencia que existe una falta de articulación y compromiso por parte de entidades clave, como las secretarías de la Mujer y de Salud, que no están asistiendo a las plenarias de la Mesa, impidiendo el seguimiento y cumplimiento de compromisos y acciones necesarias para la reparación integral.
“No es una convocatoria cerrada ni con intereses particulares. Es una apuesta por la dignidad, la autosostenibilidad y el empoderamiento de las víctimas desde los territorios”, concluyò Pinto.
La Mesa anunció un próximo encuentro de coordinadores a nivel departamental, convocado por el procurador regional, al que se invitará a alcaldes, secretarios de gobierno, personeros y enlaces municipales para evaluar el trabajo en los territorios.
Las voces de los diputados

Wilfred Trujillo, “Pido que nos presente el plan de trabajo 2024 y 2025, para saber a ciencia cierta, saber que es lo que han desarrollado en este periodo, porque estoy extrayendo una información que también la han presentado los secretarios de Despacho de Gobierno, Educación, Agricultura, Vivienda y Desarrollo Económico. Yo no entiendo cuál es la función de ustedes, parto de entender que están encaminadas en un propósito de atender las víctimas, y ustedes no pueden ser coadministradores de recursos, que son directos del departamento, por eso quiero tener claridad al respecto”.

Armando Acuña Molina, “214 mil victimas una cifra alta, que muestra que el conflicto parece no tener fin, y siguen apareciendo personas desplazadas, con amenazas y sienten temor por sus vidas que engrosas las cifras de esta población. Esto evidencia que el conflicto armado en el Huila continúa, y lo peor es que no encuentran ante quien acudir para hallar respuestas, y lo único que hallan son puertas cerradas”.

Néstor Rodríguez, “Es lamentable no poder llegar con esta inversión para impactar de forma positiva a estas familias. En este país, los sectores subnormales los están ocupando las víctimas del conflicto que llegan desplazadas. Estamos interesados en que estas ayudas se organicen y puedan llegar a esta población. Se debe mirar que tan eficiente está siendo para dar respuesta a esta población, fortaleciendo los presupuestos que necesitan ser apoyadas en su condición, y que de alguna forma puedan volver a su territorio”.

Frank Yull Fierro, “La región debe tener un inventario de las víctimas, y uno debe ser consciente que los recursos destinados no alcanzan para cubrir las necesidades, que no permiten reparar las victimas como debe ser. Sigo insistiendo que los gobiernos deben apuntarle a ese diagnostico con una efectiva base de datos, para conocer la ubicación y los procesos de reparación. A esto se suma esta nueva etapa de víctimas que está dejando el conflicto armado en la región y el país, personas sin oportunidades, tampoco de reparación”.








