En respuesta al discurso del presidente en el Día del Trabajo, el exmandatario enumeró ocho medidas del actual Gobierno que, según él, perjudican a la clase trabajadora colombiana.
Luego del discurso del presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó con una publicación en su cuenta de X, donde detalló ocho acciones que, según afirma, el actual Gobierno ha ejecutado en contra de los trabajadores del país.
Uribe calificó como contradictorio que el mandatario responsabilice al Congreso de negarle derechos a los trabajadores, mientras —según el líder del Centro Democrático— desde el Ejecutivo se estarían tomando medidas que afectan directamente la generación de empleo, el acceso a vivienda, el sistema de salud y las pensiones.
Entre los puntos destacados, Uribe mencionó que la inseguridad, el narcotráfico y la “retórica agresiva” del Gobierno estarían desmotivando la creación de empleo formal, lo cual contribuye al aumento de la informalidad laboral, que según sus cifras, ya alcanza el 57,8 %.
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También aseguró que más de dos millones de personas han abandonado el país, muchos de ellos jóvenes en edad productiva. “Los están condenando a escoger entre irse o vincularse a actividades ilícitas”, advirtió, al señalar un crecimiento en el reclutamiento de jóvenes para el microtráfico.
Sobre la reforma a la salud, Uribe señaló que la supuesta imposición de un monopolio estatal estaría privando a los trabajadores del acceso oportuno a medicamentos y servicios, lo que repercute en sus gastos personales o en los de sus empleadores.
En cuanto a la reforma pensional, criticó el aumento en semanas de cotización y la centralización del sistema en manos del Estado. También alertó sobre la extracción de recursos del fondo público para cubrir el gasto fiscal, lo que calificó como un uso indebido del ahorro de los trabajadores.
Otros puntos de su crítica incluyeron la parálisis en la construcción de vivienda de interés social, el encarecimiento del arrendamiento, la disminución de actividad en el sector minero-energético —que, según dijo, afecta directamente a los trabajadores mejor remunerados— y el aumento de más de 30 mil empleados en la nómina del Gobierno, lo que consideró “insostenible” y un “engaño electoral”.
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