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UNGRD solicitará suspensión de contrato realizado por Olmedo López

Dic 18, 2024

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) solicitará en audiencia pública, programada para el próximo 23 de diciembre, la suspensión de un contrato de más de $42 mil millones de pesos destinado a la instalación de plantas desalinizadoras en La Guajira.

El contrato, firmado el pasado 9 de febrero bajo la dirección de Olmedo López, contempla la construcción de tres plantas desalinizadoras en los corregimientos de Bahía Honda, Irraipa y Puerto López, además de un proyecto similar para Puerto Estrella. Sin embargo, ha sido objeto de investigaciones por parte de los entes de control y la Fiscalía General de la Nación, ante denuncias de presuntos sobrecostos e interés indebido en su celebración.

Investigaciones y medidas cautelares

Durante la audiencia de imputación de cargos, el contrato fue mencionado en el marco de las investigaciones contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, antiguos directivos de la UNGRD. Aunque a la fecha no se ha realizado ningún desembolso del contrato, existe presión por parte del contratista para que se efectúe el pago.

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Ante estas circunstancias, la actual dirección de la UNGRD, liderada por Carlos Carrillo Arenas, busca proteger los recursos públicos a través de una medida cautelar para suspender el contrato. “No cederemos a presiones de contratistas involucrados en escándalos de corrupción. Nuestro compromiso es con la transparencia y el manejo eficiente de los recursos públicos”, aseguró Carrillo Arenas.

Contexto en La Guajira

El proyecto tenía como propósito mitigar la crisis de acceso a agua potable en las comunidades más vulnerables de La Guajira, una región que enfrenta graves problemas de sequía y desabastecimiento hídrico. Sin embargo, los cuestionamientos sobre su legalidad y viabilidad financiera han generado dudas sobre su ejecución y priorización.

La decisión de la UNGRD de llevar el caso a audiencia pública subraya el interés de la entidad en garantizar la transparencia y prevenir posibles irregularidades en la gestión de proyectos públicos.

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