Por: Felipe Rodríguez Espinel
Cuando escribí esta columna, Colombia se encontraba a la espera de una de las decisiones más cruciales de su historia reciente. Ya que, Estados Unidos determinará en este inicio de semana si nuestro país mantiene o pierde la certificación en la lucha contra el narcotráfico, una decisión que podría cambiar radicalmente el rumbo económico, diplomático y social de la nación, la cual espero mantengamos.
La amenaza es real y sus dimensiones son alarmantes. Nos arriesgamos perder más de 450 millones de dólares anuales en cooperación bilateral, una cifra que representa mucho más que simples números en un presupuesto. Estamos hablando de recursos que financian programas de desarrollo alternativo para comunidades rurales, iniciativas de construcción de paz y proyectos de infraestructura que benefician directamente a las regiones más vulnerables del país. Pero el daño económico trasciende la ayuda bilateral. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Sectores vitales como el petróleo, el oro, el café y las flores que emplean a cientos de miles de familias colombianas enfrentarían incertidumbre inmediata.
Culpar exclusivamente al gobierno colombiano por el aumento de cultivos ilícitos es ignorar décadas de evidencia que demuestran la ineficacia de las estrategias punitivas tradicionales. Es más, países como Perú mantienen su certificación siendo actualmente el principal productor mundial de cocaína, lo que evidencia inconsistencias en los criterios de evaluación estadounidenses.
Una descertificación tendría consecuencias desproporcionalmente severas para las poblaciones más vulnerables del país. Las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, que ya enfrentan violencia sistemática, podrían ver cortados los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo que representan su única esperanza de escapar de la economía ilegal. Esto, empujaría a Colombia hacia alianzas alternativas que podrían alterar fundamentalmente el equilibrio geopolítico regional. China, que ya es nuestro segundo socio comercial, estaría dispuesta a expandir su influencia. Rusia, que ha mostrado interés creciente en América Latina, encontraría una oportunidad estratégica. La Unión Europea, que ha expresado apoyo a enfoques más humanos de política de drogas, podría convertirse en un socio preferencial.
Debo enfatizar que tanto Colombia como Estados Unidos tienen responsabilidades en esta crisis. El gobierno colombiano debe reconocer que sus políticas de comunicación y diplomacia han contribuido al deterioro de las relaciones bilaterales. Las declaraciones confrontacionales y la personalización de diferencias políticas han sido contraproducentes. Simultáneamente, Estados Unidos debe reconocer que la descertificación es una herramienta obsoleta que no ha demostrado efectividad en décadas de aplicación. Países descertificados como Bolivia han logrado mejores resultados en reducción de cultivos que países certificados. La evidencia empírica contradice la lógica punitiva de este mecanismo.
Debemos moderar la retórica y demostrar compromiso genuino con resultados antinarcóticos medibles. Estados Unidos debe reconocer que la cooperación constructiva produce mejores resultados que la coerción unilateral. La descertificación no resolverá el problema de las drogas en América. Solo creará nuevos problemas que requerirán décadas para resolver. En un mundo cada vez más multipolar y complejo, tanto Colombia como Estados Unidos necesitan aliados, no enemigos.
