En el marco del Día del Trabajador, cuando el país reflexiona sobre la dignidad laboral, la equidad y el respeto por los derechos fundamentales, la reciente sanción de $7.000 millones impuesta a la Electrificadora del Huila (Electrohuila) por prácticas anticompetitivas en 55 procesos de contratación pública debe leerse no solo como un fallo técnico, sino como un recordatorio profundo del valor de lo público y del trabajo digno.
Según lo revelado por la Superintendencia, entre 2019 y 2023 Electrohuila implementó condiciones que restringieron injustificadamente la participación de oferentes en 55 procesos de contratación pública. Imponer cobros por el simple hecho de participar en licitaciones y prohibir expresamente las ofertas de consorcios o uniones temporales no solo va en contra de la normativa vigente, sino que vulnera principios fundamentales como la igualdad, la pluralidad de participación y la libre competencia.
Estas barreras afectaron directamente la posibilidad de que múltiples actores pudieran competir por contratos estatales, cerrando la puerta a la eficiencia y propiciando escenarios de concentración que abren espacio a la corrupción o al favoritismo. El resultado: menos opciones, menos calidad y un uso cuestionable de los recursos públicos.
Celebramos, sin embargo, que la nueva administración de Electrohuila haya adoptado correctivos. La eliminación de las restricciones, la actualización del manual de contratación y la implementación de garantías de no repetición fueron pasos necesarios que no solo permitieron una reducción en la multa, sino que demuestran voluntad de rectificación. Pero estos correctivos, aunque bienvenidos, no eximen de responsabilidad a quienes permitieron —o incluso promovieron— tales prácticas durante años.
El caso debe servir como advertencia para todas las empresas del sector público y mixto. La existencia de manuales internos no puede estar por encima de la ley, y cualquier intento por restringir el acceso equitativo a procesos contractuales será sancionado. Además, las autoridades deben avanzar en la identificación de responsabilidades individuales, porque la impunidad administrativa alimenta la repetición de estos errores.
Es hora de asumir que la transparencia no puede ser un eslogan vacío. En departamentos como el Huila, donde el desarrollo depende en gran parte de la gestión eficiente de recursos públicos, cada contrato debe responder al interés general y no a intereses particulares.
Este 1º de mayo no solo debe ser un día de conmemoración, sino de exigencia: por procesos transparentes, por condiciones equitativas y por una gestión pública donde la dignidad del trabajo —en todas sus formas— sea defendida con hechos. El mensaje es claro: sin transparencia no hay justicia social, y sin competencia real no hay desarrollo justo para los territorios.
Que esta sanción a Electrohuila no sea una página más, sino el inicio de una transformación en la forma como se gestiona lo público en el Huila y en el país.
