Por Sergio Trujillo
Diputado, Asamblea del Huila
La reciente creciente del río Magdalena, que dejó centenares de damnificados en el Huila, no fue sólo obra de la naturaleza. Fue el resultado de una gestión deficiente y tardía de los embalses El Quimbo y Betania, operados por Enel Colombia. Aunque la empresa afirma que evitó una tragedia mayor al contener parte del caudal (más de 4.000 m³/s), expertos consultados coinciden: faltó previsión. Pese a las alertas climáticas emitidas semanas atrás, las descargas no se realizaron con anticipación. Cuando los embalses llegaron al 100% de capacidad, Enel abrió las compuertas bruscamente, provocando un aumento repentino en los niveles del río, con consecuencias devastadoras aguas abajo.
La emergencia dejó más de un centenar de familias damnificadas en municipios como Neiva, Palermo, Campoalegre y otros. Barrios como Los Lagos, El Triángulo, Alcalá de Amborco y Las Ceibitas fueron arrasados por el agua. Zonas rurales, como Puerto Seboruco, también sufrieron la fuerza de la corriente, que destruyó casas, cultivos y medios de subsistencia. Hoy son cerca de 3.000 personas de 592 familias afectadas, según el consolidado departamental.
Más allá del mal manejo de los embalses, esta tragedia visibiliza un problema estructural: la ocupación de zonas de riesgo. Muchas viviendas se levantan en áreas naturalmente inundables. La expansión urbana sin control, sumada a la falta de aplicación de los Planes de Ordenamiento Territorial, agrava la vulnerabilidad. Urge una revisión profunda del uso del suelo en la ronda del río Magdalena.
Enel Colombia no puede eludir su responsabilidad. La propia empresa reconoció que esperaba un periodo seco y liberó agua en junio con fines energéticos, subestimando los pronósticos. Cuando las lluvias superaron lo previsto, el margen de maniobra ya era mínimo. Las compuertas se abrieron al máximo, liberando un caudal que el río no pudo contener. Las autoridades ambientales y la CAM habían advertido la necesidad de reducir gradualmente los niveles, pero esas recomendaciones no se tradujeron en acciones concretas.
Durante un consejo de gobierno, el personero de Neiva fue claro: “no puede ser que nos enteremos de la apertura de compuertas cuando ya el agua está entrando a las casas”. Enel debe dar explicaciones públicas: ¿por qué se esperó hasta el último momento? ¿Qué protocolos fallaron? ¿Cómo se va a compensar a los afectados?
Además, es indispensable reforzar la vigilancia del Estado sobre este tipo de infraestructuras. La ANLA y demás entidades de control deben auditar el Plan de Manejo de los embalses y actualizarlo según la nueva realidad climática. Se necesita un sistema de alertas y descargas graduales que proteja a las comunidades, con comunicación efectiva entre operadores, autoridades locales y organismos de socorro.
Hoy, mientras los organismos de emergencia y voluntarios luchan por contener los daños, exigimos responsabilidad. Enel debe asumir los costos de la emergencia y apoyar la reconstrucción. Las autoridades deben garantizar que hechos como este no se repitan. Esta creciente no fue un desastre natural: fue una lección dolorosa que debe transformarse en acción. Los huilenses merecemos vivir sin miedo a que el agua nos arrebate lo que hemos construido.
