El Gobierno de Estados Unidos ha decidido revocar una extensión del blindaje anti-deportación que el anterior presidente, Joe Biden, había otorgado a más de 600.000 venezolanos que ya se encontraban en este país.
La orden dictada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aún no se hecha pública, en la cual se anula la extensión por 18 meses del Estatuto de Protección Temporal (TPS) decidida el pasado 10 de enero para más de 600.000 venezolanos, lo que significa que pasan a ser susceptibles de deportación.
El TPS es una ayuda que se otorga a los ciudadanos de un determinado país que han emigrado a Estados Unidos por un desastre natural o un conflicto armado para que puedan vivir y trabajar aquí hasta la fecha que el Gobierno estadounidense considere que pueden regresar de manera segura.
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La medida es un golpe para cientos de miles de migrantes venezolanos que creían que no solo estaban protegidos de la deportación, sino que también les proporcionarían permisos de trabajo al menos hasta octubre de 2026.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la extensión del TPS a los venezolanos el mismo día en que Nicolás Maduro tomó posesión para un nuevo mandato ante la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, en medio de acusaciones de «golpe de Estado» por parte de la oposición, que afirma que su candidato, Edmundo González Urrutia ganó las elecciones del 28 de julio pasado.
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