Lo que debía ser un simple procedimiento de incautación terminó en un escándalo de proporciones mayores: 180.000 dólares en manos de la Policía Nacional se esfumaron sin dejar rastro. Mientras el Estado intenta justificar la pérdida, el Tribunal Administrativo del Huila ya ha señalado a los responsables. ¿Cómo un monto tan alto pudo desaparecer sin explicaciones? ¿Quién responderá por esta grave falla en el servicio?
DIARIO DEL HUILA, INVESTIGACIÓN
Unidad Investigativa
El Tribunal Administrativo del Huila ha emitido una sentencia de primera instancia en el caso de reparación directa interpuesto por Noraida Francisca Guevara Meneses contra la Nación, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. La demanda se originó tras la incautación y posterior desaparición de una suma de 180.000 dólares, dinero que estaba bajo custodia de la Policía Nacional desde diciembre de 2018.
Los hechos
El 21 de diciembre de 2018, Redin Diomedes Guevara Meneses, hermano de la demandante, fue detenido en el Aeropuerto Contador de Pitalito, Huila, mientras transportaba los 180.000 dólares. La Policía Nacional procedió a la incautación del dinero, señalando un posible caso de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Posteriormente, el dinero fue puesto bajo custodia en la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Policía en Pitalito.
El proceso penal contra Redin Diomedes Guevara concluyó con la preclusión de la investigación debido a la atipicidad de la conducta, es decir, se determinó que no había elementos suficientes para procesarlo. Sin embargo, cuando se intentó recuperar el dinero incautado, se descubrió que había desaparecido.
La demanda y las pretensiones
Ante la pérdida de los fondos, Noraida Francisca Guevara Meneses interpuso una demanda de reparación directa contra las entidades responsables de la custodia del dinero. La demandante solicitó:
- La declaratoria de responsabilidad administrativa y extracontractual de las entidades demandadas por la desaparición del dinero.
- Una indemnización por daños morales equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, argumentando que la pérdida del dinero afectó gravemente su estabilidad emocional y sus planes de vida.
- Una compensación económica por daños materiales, incluyendo:
- Lucro cesante estimado en $289.258.814, correspondiente a los intereses que habría generado el capital incautado.
- Daño emergente por el valor total de los 180.000 dólares, indexados según la tasa representativa del mercado al momento de la incautación, equivalente a $584.434.800 pesos colombianos.
Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.
Posturas de la Policía Nacional y la Fiscalía
La Policía Nacional argumentó que, aunque el dinero estaba en su custodia, no existía claridad sobre las circunstancias exactas de su desaparición. También indicó que el proceso penal de Redin Diomedes Guevara no había concluido en el momento en que ocurrió la pérdida de los fondos, por lo que, según ellos, no se había determinado legalmente que el dinero debiera ser devuelto.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación sostuvo que la custodia del dinero era responsabilidad de la Policía Nacional y que su entidad no tenía injerencia directa en la desaparición de los fondos. En ese sentido, presentó excepciones de mérito basadas en la falta de legitimación en la causa por pasiva, la inexistencia del daño y la ausencia de un nexo causal entre su actuación y la pérdida del dinero.
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Responsabilidad y llamado en garantía
El Tribunal Administrativo del Huila también analizó la responsabilidad de varios funcionarios de la Policía Nacional que estaban a cargo de la custodia del dinero. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional formuló un llamamiento en garantía contra cinco agentes que estaban a cargo de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Pitalito:
- Teniente Damián Andrés Barragán
- Intendente Álvaro Enrique Llanos Molina
- Intendente Jesús Andrés Rivera Durán
- Subintendente Edwin Francisco Salcedo Zambrano
- Patrullero Heber Orlando Ramírez Trujillo
Según la Policía, estos funcionarios fueron responsables de una falla en el servicio, ya que el dinero desapareció bajo su vigilancia. Por ello, en caso de que el Estado fuera condenado a indemnizar a la demandante, se buscaba que estos agentes asumieran la responsabilidad económica del fallo.
El fallo del Tribunal
El Tribunal Administrativo del Huila analizó las pruebas y determinó que efectivamente existió una falla en el servicio por parte de la Policía Nacional. Se consideró que la entidad incumplió su deber de custodia, ya que el dinero incautado estaba bajo su responsabilidad cuando desapareció.
Sobre la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal concluyó que, aunque la Fiscalía ordenó la incautación, la custodia material del dinero estaba en manos de la Policía. Por lo tanto, la Fiscalía no podía ser considerada responsable directa de la pérdida de los fondos.
Finalmente, el Tribunal estableció que la demandante tenía derecho a ser indemnizada por los perjuicios sufridos y ordenó el pago de la suma correspondiente a los daños materiales y morales reclamados en la demanda.
Consecuencias y reacciones
Este fallo ha generado diversas reacciones tanto en la esfera judicial como en la opinión pública. Expertos en derecho administrativo han señalado que este caso pone en evidencia las fallas en los procedimientos de custodia de bienes incautados por parte de las autoridades y la necesidad de implementar mecanismos más rigurosos para evitar situaciones similares. Asimismo, organizaciones defensoras de los derechos ciudadanos han destacado la importancia de que el Estado responda por los errores de sus entidades y garantice la reparación de los afectados. Por su parte, la Policía Nacional ha indicado que revisará internamente los protocolos de manejo de bienes incautados para evitar nuevos casos de desaparición de evidencias en custodia.
Conclusión
El caso de la desaparición de los 180.000 dólares bajo custodia de la Policía Nacional evidencia problemas en los procedimientos de incautación y custodia de bienes en Colombia. Este fallo, aunque de primera instancia, sienta un precedente sobre la responsabilidad del Estado en casos donde se vulnera el derecho a la propiedad de los ciudadanos por fallas en el servicio público. La Policía Nacional, como entidad responsable de la custodia del dinero, ha sido llamada a responder por la desaparición de los fondos, y queda por verse si los agentes implicados enfrentarán sanciones adicionales o si el Estado asumirá la indemnización por completo.
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