En lo transcurrido de este año 2025, han sido asesinados tres firmantes del acuerdo de paz en el departamento, uno en Garzón, otro en La Plata, y el más reciente ocurrió en el municipio de Algeciras, donde fue hallado sin vida y con impactos de bala. Autoridades correspondientes adelantan las investigaciones para conocer más detalles de este vil asesinato.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
En la vereda El Puente, del municipio de Algeciras (Huila), fue hallado sin vida Carlos Ángel Arango Arciniegas, firmante del Acuerdo de Paz de 2016 y excombatiente de las extintas Farc.
Arango Arciniegas había estado vinculado al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, en el departamento del Caquetá. Sin embargo, debido a amenazas contra su vida, decidió trasladarse a Algeciras, donde se dedicaba a la comercialización de alimentos como parte de su proceso de reincorporación a la vida civil.
Carlos Ángel Arango Arciniegas era firmante del acuerdo de paz de 2016 y hacia parte del colectivo de firmantes de paz del ETCR de Miravalle que fue desplazado para Rancho Grande en el municipio del Doncello, Caquetá.
Este firmante fue encontrado muerto con impactos de bala en la vereda El Puente, en zona rural de Algeciras, Huila. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 043/20 en la que señala que la población firmante del Acuerdo de Paz que desarrolla su proceso de reincorporación en el municipio de Algeciras, continúa encontrándose en especial situación de riesgo por la permanencia de las amenazas a la que se ve sometida por todos aquellos grupos que se autodenominan facciones disidentes.
“En este año se registró el caso de la muerte del firmante de acuerdo de paz en el municipio de Algeciras, que está siendo objeto de investigación por parte de las autoridades. La información que tenemos es que se manejan varias hipótesis, entre ellas un posible caso de hurto, una retaliación por un caso o un hecho en el vecino departamento del Caquetá, de donde era procedente esta persona”, indicó Juan Carlos Casallas Rivas, Secretario de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios del Departamento del Huila.
De acuerdo con Indepaz, los grupos que actúan en la zona son Frente Iván Díaz y Frente Darío Gutiérrez del Bloque Jorge Suárez Briceño, panfletos del Frente Ismael Ruiz del Bloque Central Isaías Pardo y bandas de carácter local.
“Nosotros desde el Programa de Paz y Derechos Humanos venimos realizando una articulación y por supuesto que lo que hacemos es tramitar estas denuncias y solicitar la activación de los mecanismos de protección que corresponden específicamente a la Unidad Nacional de Protección, a la Policía, para que realice un seguimiento y brinde las garantías de protección a estos ciudadanos”, dijo el funcionario.
Por su parte, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables del homicidio. No obstante, la situación de seguridad para los firmantes de paz en la región continúa siendo preocupante. La Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 043, en la que advertía el riesgo al que están expuestas estas personas.
“En la actualidad no tenemos ninguna hipótesis confirmada de los móviles de la muerte de este firmante de acuerdo de paz. Las autoridades están investigando y este precisamente ha sido un hecho que ha sido alertado constantemente por parte de la Defensoría del Pueblo y de manera reiterada en los consejos, en las mesas de seguridad del gobierno departamental ha venido poniendo de presente esta situación de riesgo para los firmantes de los acuerdos de paz y solicitando especialmente a la Unidad Nacional de Protección y a la Fuerza Pública a brindar las garantías para la protección de estas personas”, manifestó Casallas Rivas.
Firmantes asesinados en 2025
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de 2025 han sido asesinados 18 firmantes del Acuerdo de Paz en Colombia, tres de ellos en el departamento del Huila.
El primero fue William Alvarado Guzmán, que fue asesinado el pasado 1 de enero, era firmante del acuerdo y actualmente cumplía con el proceso de reincorporarse bajo resolución 11 del 05 de junio del 2027, residía en el Centro Poblado de Silvania del municipio de Gigante. El firmante de paz William Alvarado Guzmán, de 62 años, fue asesinado por la espalda con arma blanca en la vereda Bellavista de Garzón, Huila.
El 16 del mismo mes de enero también fue asesinado Sergio Vivas era firmante del acuerdo de paz de 2016, quien actualmente realizaba su proceso de reincorporación en el departamento del Cauca. Era comunero del Resguardo indígena de Tacueyó.
Este firmante fue abordado sobre las 5:50 pm por personas fuertemente armadas el pasado 10 de enero en el sector de El Pajarito sobre la vía que comunica al corregimiento de El Palo al municipio de Toribío. El día 16 de enero fue confirmado su asesinato en la vía El Libertador cerca de La Plata, Huila.
El último ha sido Carlos Ángel Arango Arciniegas quien fue encontrado sin vida el pasado 17 de abril del presente año.
“En el Departamento del Huila tenemos reportado 524 firmantes de acuerdos de paz, 126 mujeres y 398 hombres. En el departamento se registran 133 casos de riesgos o que han presentado amenazas, 102 amenazas, 7 atentados, 1 desplazamiento forzado, 2 extorsiones y 21 persecuciones, de los cuales 22 casos fueron reportados en el 2024 y 4 casos en lo que va corrido del 2025”, sostuvo el Secretario de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios del Departamento del Huila.
Las extorsiones no paran
Frente a la inquietud de qué, si las extorsiones han ido aumentando en el departamento del Huila, el Secretario de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios del Departamento del Huila indicó que este es un delito de muy alta complejidad que se basa en las amenazas, en el terror que generan estos grupos armados ilegales, entre otras razones porque los ciudadanos tienen su recuerdo de la actuación de las antiguas FARC.
“Con los grandes campamentos, con una importante cantidad de guerrilleros, con una capacidad militar muy importante. Sin embargo, actualmente la información de inteligencia da cuenta que estos grupos de disidencias están conformados en su brazo armado por un grupo de miembros muy reducido y actúan moviéndose desde los departamentos vecinos del Cauca, del Caquetá, del Putumayo, del Meta, del sur del Tolima, ingresan al departamento, atacan, cometen estos actos de extorsión. En la mayoría de los casos se mueven de civil, usan armas cortas, pernoctan en casas de familias de personas que han sido instrumentalizadas u obligadas a darles alojamiento a estos grupos armados ilegales y solamente portan el uniforme cuando van a salir a un centro poblado a hacer un patrullaje porque previamente a través de sus redes de apoyo lograron establecer que no hay presencia cercana de la fuerza pública o adicionalmente cuando van a instalar una valla o cuando van a recibir el producto de las extorsiones de los ciudadanos y sin duda que este fantasma de cómo operaban las antiguas FARC y de los atentados terroristas con la explosión de artefactos explosivos de bajo poder frente a los establecimientos comerciales, frente a las entidades financieras, frente a las empresas, pues genera un temor importante en la ciudadanía”, manifestó.
Ahora, si bien es cierto, pese a que se ha registrado un incremento muy importante, los ciudadanos no denuncian y eso hace que se limite en gran medida la capacidad de que por parte de Policía Judicial y de Fiscalía se autoricen allanamientos, órdenes de captura y la acción de la fuerza pública precisamente porque al no tener una denuncia que permita individualizar y que permita iniciar las actividades de judicialización en contra de estos sujetos, pues ello sí limita y restringe de manera muy importante la acción de la fuerza pública.
“Pese a esta situación, hemos visto unos resultados muy importantes y una acción contundente por parte de las autoridades, tanto de Policía como Ejército, en la articulación de estos grupos armados que vienen afectando a la población civil, especialmente con este delito de la extorsión, que es una de las principales rentas criminales, pero a esto se suma además que gran parte de las extorsiones provienen de las cárceles y otro porcentaje también de delincuencia común que suplantando a estos grupos armados ilegales pretenden obtener un provecho y en ese sentido también se han logrado desarticular estructuras delictivas de delincuencia común alrededor de este delito de la extorsión”, reiteró el funcionario.
