La sesión extraordinaria de la Asamblea Departamental del Huila ha dejado sobre la mesa una preocupación legítima que merece la atención de toda la ciudadanía. El convenio suscrito entre Comfamiliar del Huila y las Unidades Tecnológicas de Santander, que contempla la entrega de 200 cupos académicos a afiliados, ha causado inquietud al tratarse de una alianza con una institución sin presencia en el territorio.
El presidente de la Duma, diputado Sergio Trujillo, fue claro al cuestionar este acuerdo, calificándolo como una decisión que desconoce el potencial educativo del Huila. En el departamento existen universidades con trayectoria, capacidad y compromiso con el desarrollo local. Entonces, ¿por qué se optó por beneficiar a una institución externa, sin arraigo, sin infraestructura y sin una comprensión real del contexto huilense?
Comfamiliar del Huila no es una entidad ajena a la región: es patrimonio colectivo, sostenido con los aportes de trabajadores y empresas del departamento. Por eso, sus decisiones deben estar alineadas con los intereses de la comunidad a la que sirve. En ese sentido, la Asamblea ha hecho lo correcto al anunciar la citación formal al director encargado de la Caja de Compensación, con el fin de que rinda cuentas y explique con claridad cuáles fueron los criterios que sustentaron este convenio.
El debate no gira únicamente en torno a la legalidad del acuerdo, sino a su pertinencia y a las implicaciones que tiene para la educación regional. En el Huila existen instituciones como la Universidad Surcolombiana, el SENA, y centros educativos privados y técnicos que trabajan por mejorar el acceso y la calidad educativa. Estas entidades conocen las necesidades de la población, trabajan con talento local y tienen la infraestructura para garantizar procesos formativos eficientes y contextualizados.
Cuando se opta por favorecer actores externos, se envía un mensaje preocupante: que lo propio no basta, que la inversión regional puede desviarse a otros territorios, aun cuando en casa hay capacidad suficiente. Es, además, una decisión que puede debilitar la sostenibilidad de nuestras instituciones locales, al quitarles oportunidades de ampliar su cobertura y fortalecer sus proyectos académicos.
La Asamblea ha sido clara al expresar su rechazo a este tipo de convenios que se firman sin consulta pública ni respaldo técnico visible. Y ha hecho un llamado oportuno a las universidades del Huila para que alcen su voz, se pronuncien y exijan respeto por su labor.
Este editorial se suma a esa defensa. Porque proteger lo nuestro no es un acto de egoísmo, sino de responsabilidad. Porque el desarrollo del Huila también se construye desde la educación, desde el apoyo a lo local, y desde decisiones que prioricen el conocimiento del territorio, el uso eficiente de los recursos públicos y la articulación con los actores sociales que día a día trabajan por formar mejores ciudadanos.
Las respuestas no pueden esperar. La ciudadanía merece claridad, y Comfamiliar está obligada a rendir cuentas. Es tiempo de defender con argumentos y con convicción el futuro educativo del Huila.
