El pasado 15 de enero, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ejecutó un operativo masivo en 124 prisiones del país, logrando incautar más de 800 teléfonos celulares. Este resultado evidencia las fallas en el control de ingreso de elementos prohibidos a los centros de reclusión, lo que supone un riesgo tanto para los internos como para la ciudadanía, al facilitar delitos como estafas y extorsiones desde el interior de las cárceles.
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Según la aplicación Truecaller, Colombia se encuentra entre los diez países con mayor registro de llamadas spam o fraudulentas. Una de las modalidades más comunes son las llamadas provenientes del indicativo +261, asociado a África, que los delincuentes utilizan para enmascarar la procedencia real de sus comunicaciones desde las cárceles, dificultando así su rastreo por parte de las autoridades.
Entre las estafas más denunciadas se encuentran las amenazas falsas, en las que se pide dinero a cambio de la seguridad de un supuesto familiar, y el “falso premio”, donde las víctimas son engañadas para proporcionar información bancaria con la promesa de haber ganado un premio. Estas estrategias buscan manipular emocionalmente a las personas, aprovechando la vulnerabilidad de quienes reciben estas llamadas.
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Para prevenir ser víctimas, las autoridades recomiendan no contestar llamadas de números desconocidos con indicativos sospechosos, bloquear los contactos y activar filtros en aplicaciones como WhatsApp, limitando la visibilidad de información personal solo a contactos verificados. Este esfuerzo se suma a las campañas de concienciación y operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a estos delitos.
