A pesar de los anuncios del Gobierno y las propuestas de reforma, las tarifas del gas en Colombia seguirán en aumento debido a la falta de decisiones técnicas y la interinidad en la CREG, lo que ha impedido medidas efectivas para regular los costos.
Diario del Huila, Económia
La incertidumbre en Colombia por el precio de los servicios públicos sigue en aumento, especialmente en lo relacionado con el gas. A pesar de los anuncios del Gobierno sobre la garantía del servicio y la inexistencia de desabastecimiento, las tarifas siguen incrementándose, afectando el bolsillo de millones de colombianos.
Uno de los factores que ha contribuido a esta situación, según expertos, es la interinidad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), lo que ha impedido la toma de decisiones técnicas clave respecto a la fórmula tarifaria. A esto se suma la falta de ejecución de medidas anunciadas por el Gobierno, como la asunción de la deuda por opción tarifaria en la región Caribe, que en teoría debería haber reducido costos para los usuarios.
Aumento de tarifas y reacciones
El reciente anuncio de la empresa Vanti sobre un incremento del 36 % en la tarifa del servicio de gas en varios departamentos generó gran preocupación. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) intervino con un operativo en la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) para recopilar información sobre la situación.
Según la abogada María Natalia Suárez, especialista en derecho contractual y en el sector de petróleo y gas, la crisis tarifaria tiene raíces en la falta de decisiones oportunas de la Creg. La ausencia de expertos permanentes en la entidad ha impedido ajustes regulatorios que podrían estabilizar los costos.
Otro factor relevante ha sido la importación de gas para suplir la demanda interna, como ocurrió en diciembre de 2024 cuando se compraron 40.000 millones de unidades BTU (MMBTU) a cargo de TPLGas. Aunque el Gobierno insiste en que no hay desabastecimiento, la dependencia de importaciones genera costos adicionales que terminan reflejándose en las tarifas al consumidor final.
Errores de la Creg y el impacto en los usuarios
Uno de los puntos más criticados ha sido la falta de expertos en la Creg. Según Suárez, esta situación ha frenado la toma de decisiones basadas en criterios técnicos y ha limitado la posibilidad de corregir la fórmula tarifaria. La abogada subraya que, si bien existen mecanismos para mejorar el modelo actual, estos deben implementarse con rigor técnico y no bajo lógicas políticas que pueden agravar el problema.
La abogada también enfatizó que el modelo tarifario del país podría optimizarse mediante ajustes regulatorios sin necesidad de reformas radicales. En su opinión, la situación en la región Caribe, donde el Gobierno había prometido asumir la deuda por concepto de opción tarifaria, muestra cómo los anuncios sin ejecución concreta generan incertidumbre y afectan la confianza del sector.
Reforma a la Ley de Servicios Públicos
El Gobierno actual ha promovido una reforma a la Ley de Servicios Públicos con el argumento de evitar abusos por parte de las empresas prestadoras. Sin embargo, Suárez advierte que la ley vigente ha permitido avances significativos y que la idea de que las empresas estén abusando de los usuarios no justifica un cambio estructural sin un análisis detallado de sus implicaciones.
“Si bien hay margen para mejorar la regulación y adaptarla a los desafíos actuales, condenar un sector que ha generado inversiones y ampliado la cobertura no es el camino. Es necesario hacer ajustes sin afectar la estabilidad del sistema ni desincentivar la inversión”, afirmó la experta.
Eliminación de los estratos y su impacto en las tarifas
Una de las propuestas más debatidas del Gobierno es la eliminación de los estratos socioeconómicos como mecanismo de distribución de subsidios en los servicios públicos. La idea está contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado en 2022 y busca asignar los subsidios según la capacidad de pago de cada usuario y no según su ubicación geográfica.
Sin embargo, expertos advierten que el impacto en las tarifas dependerá de cómo se reglamente esta medida. Suárez señala que los mecanismos para determinar la capacidad de pago deben ser objetivos y transparentes, pues de lo contrario podrían generarse inequidades o errores en la asignación de subsidios.
“Si no se diseña un sistema eficiente, podríamos terminar con una distribución de subsidios que en la práctica no refleje las necesidades reales de la población, lo que podría generar incrementos inesperados en las tarifas para ciertos sectores”, advirtió.
La crisis tarifaria del gas en Colombia tiene varias causas interrelacionadas, desde la falta de decisiones técnicas en la Creg hasta la ausencia de ejecución de medidas anunciadas por el Gobierno. Aunque la eliminación de los estratos podría generar un modelo más equitativo de subsidios, su implementación requiere precisión para evitar efectos negativos en las tarifas.
Mientras el Gobierno busca soluciones, el impacto económico para los hogares sigue en aumento. La necesidad de importar gas y la falta de regulación clara solo agravan la situación, lo que hace urgente la adopción de medidas concretas que estabilicen los costos y garanticen un servicio asequible para todos los colombianos.
