Son cuatro los municipios de departamento del Huila que tiene en ‘veremos’ la construcción de subestaciones de policía, unas por la Ley de Garantías la cual se convierte en excusa perfecta para la inacción política, y pese a los esfuerzos institucionales, el Ministerio del Interior decidió no extender más el convenio para la construcción de la subestación de San Luis, esto pone en riesgo la seguridad de los huilenses.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
Las esperadas subestaciones de Policía proyectadas para varios municipios del Huila se encuentran en pausa debido a la Ley de Garantías, que entró en vigor el pasado 8 de noviembre. Proyectos clave para nuevas estaciones y subestaciones de Policía en Zuluaga, El Juncal y La Ulloa quedaron en stand by porque los convenios no se firmaron a tiempo, dejando sin efecto la asignación de recursos del Fonsecon y frenando la fase contractual de obras esenciales.
La decisión genera preocupación entre autoridades locales y comunidades que habían visto en estos proyectos una respuesta necesaria frente al incremento de hechos violentos, extorsiones, hurtos y presencia de grupos ilegales en zonas rurales.
“Desde la Secretaría de Gobierno y por instrucción del gobernador Rodrigo Villalba, estuvimos avanzando, trabajando de manera mancomunada, la que mayor avance tenía era la subestación de Zuluaga en el municipio de Garzón que había sido radicada en Fonsecon”, sostuvo Juan Carlos Casallas, secretario de gobierno del Huila.
A su vez, Francisco Calderón, alcalde de Garzón reveló los avances que han venido gestionando para hacer posible la construcción de esta estación tan importante para los garzoneños, donde también ayudara a incentivar el progreso y turismo para la región.
“El Ministerio del Interior manifiesta que tiene unos reparos a los avales de la Policía Nacional y unos nuevos diseños que se deben obviamente concertar con la policía y esperamos el próximo año volver a presentar todos los avales para poderlo gestionar”, expresó Francisco Calderón, alcalde de Garzón.
Buscan en el primer semestre del 2026 tener la viabilidad del proyecto para luego la consecución de los recursos que ya los tienen garantizados, avalados por la gobernación y por el municipio para que el 85% lo coloque el gobierno nacional.
“Está en la ruta mágica del café, en Zuluaga vive más de 7000 familias y donde hay seguridad, hay progreso y hay desarrollo. Y en este momento en la estación en el centro poblado y la ruta mágica del café, que es el centro poblado más grande entre Garzón y Gigante, no tener seguridad, pues genera incertidumbre, no genera confianza, no genera inversión y esta estación de policía ayudaría a fortalecer mucho más el turismo”, indicó Calderón.
El fracaso de las otras estaciones
Por otro lado, de acuerdo con información conocida por este medio, los proyectos que inicialmente habían sido gestionados ante el Gobierno Nacional no fueron priorizados en el paquete de infraestructura de seguridad para 2025. Esto implica que los municipios que venían adelantando procesos de estudios técnicos, gestión predial o articulación con las fuerzas militares deberán replantear sus estrategias de seguridad sin la presencia de nuevas instalaciones policiales.
“El gobierno departamental, por supuesto, expidió el CDP, aprobó el proyecto en el fondo para ser financiado con recursos del Fondo de Seguridad, sin embargo, pese a que fue presentado, no alcanzó ni la viabilidad ni la asignación de los recursos, en los casos de los proyectos del municipio de Palermo, pese a que ya tenía el lote en la subestación del Juncal, no se alcanzó a lograr los conceptos que debía emitir la Policía Nacional para ser presentados ante Fonsecón y en el caso de la subestación del municipio de Rivera en La Ulloa, tampoco se logró la adquisición del lote que es un requisito para emitir los conceptos y por esa razón no se logró avanzar en estas iniciativas”, reveló Casallas.
Aunque el departamento insiste en que continuará completando la documentación, los ciudadanos siguen pagando el precio de años de retrasos que ponen en riesgo la seguridad.
“Continuamos haciendo todos los esfuerzos por madurar estos proyectos, por actualizar la documentación para ser presentado una vez finalice la Ley de Garantías Electorales y lograr un feliz termino en estas obras tan importantes para el Huila”, enfatizó el funcionario.
Entre las localidades que venían solicitando subestaciones se encuentran zonas estratégicas como el sur del Huila, donde la presión de grupos armados residuales ha aumentado en los últimos meses, así como algunos cascos urbanos intermedios que carecen de presencia permanente de uniformados.
En San Luis, otra obra en ‘veremos’
En una casa de bahareque del corregimiento de San Luis, deberán continuar prestando sus servicios los 15 uniformados de la Policía Metropolitana, luego de que se cancelará la construcción de la subestación policial, el proyecto, impulsado por el Gobierno Nacional, no se realizará por falta de “Voluntad del Ministerio del Interior”.
“Nosotros recibimos un proyecto que venía del gobierno anterior firmado por el Ministerio del Interior de una obra que era muy necesaria para la seguridad y que además fue anunciada por el señor presidente de la República en nuestra ciudad en el año 2022 para el mes de agosto cuando murieron siete policías en el corregimiento de San Luis, hicimos todos los esfuerzos, buscamos unos recursos adicionales. El gobernador se comprometió con una parte. Nosotros fuimos a Bogotá con el señor alcalde con el CDP, pero el ministerio no extendió más el convenio, no cumplió el contratista asignado en los tiempos que estaban y lastimosamente ese convenio tenemos que empezar a liquidarlo, devolver los recursos a la gobernación, devolver los recursos al Ministerio del Interior e iniciar un plan B con el corregimiento de San Luis”, dio a conocer José Ferney Ducuara, secretario de gobierno de Neiva
La falta de cumplimiento por parte del contratista designado y los retrasos acumulados llevaron a la decisión de liquidar el proyecto. Esta obra se consideraba prioritaria tras el asesinato de siete uniformados en 2022, un hecho que visibilizó las falencias en infraestructura para garantizar la seguridad en la zona.
La inversión prevista para la ejecución de la obra era de 3.500 millones de pesos. Las autoridades locales ahora trabajan en una estrategia alterna, un “Plan B” para atender las necesidades de seguridad del corregimiento.
“Era una inversión superior a los 3500 millones de pesos, pese a que el gobierno nacional fue quien se comprometió, porque nosotros no presentamos ese proyecto al gobierno nacional, el gobierno nacional se ofreció para Neiva que tuviera esta importante infraestructura de policía, pero aun así no tuvieron la posibilidad de hacerle la adición presupuestal y finalmente no se pudo llevar a cabo”, enfatizó Ducuara.
Actualmente están en el proceso de liquidación, mirando los estudios y diseños que quedaron, analizando de qué manera pueden resolver el tema final financiero legal con los contratistas, de los contratos derivados, pero también, la adecuación de la infraestructura aledaña que permita albergar a los 15 policías que prestan su servicio en el corregimiento de San Luis.
“Los policías están como están hace 8 años, en una casa, están allí 15 unidades, cada 3 meses se rotan, tienen unos elementos de muebles de oficina, de equipos, tienen camas, camarotes tiene lo necesario para subsistir, pero tenemos que mejorar esas condiciones debido a que la situación de orden público en este sector de la ciudad requiere una infraestructura un poco más sólida, estamos trabajando con la Secretaría de Infraestructura para adecuar un inmueble precisamente que permita, si bien no se trata una gran estación de policía como estaba planteado en un comienzo, sí permite una condición mejor a la que actualmente tiene”, sostuvo el secretario de gobierno de Neiva.
Además, el secretario precisó que cualquier cosa es mejor que lo que tienen hoy, que es una casa de bahareque, “donde una piedra lanzada de una montaña se convierte en un misil para intentar contrarrestar a nuestros policías. Así que, ya estamos trabajando, estamos organizando presupuestos, no vamos a llorar sobre la leche derramada, esta administración se caracteriza por ser pujante, soñadora, visionaria y siempre pensando en nuestra ciudad. Vamos adelante…”, contó Ducuara.
“Aquí lo importante es que nuestros policías son valientes, permanecen allí, están prestando un servicio a la comunidad de una óptica comunitaria y de convivencia y nuestro compromiso es mejorar esas condiciones de habitabilidad para que puedan estar al servicio de la comunidad. Hubo falta voluntad del ministerio, incumplimiento del contratista también pese a los requerimientos y pese a que nosotros llevamos un CDP para la cofinanciación, el ministerio no aceptó extender este convenio”, concluyó el secretario de gobierno de Neiva.
La situación evidencia un patrón preocupante: la Ley de Garantías se convierte en excusa perfecta para la inacción política, mientras la falta de planificación y coordinación paraliza proyectos fundamentales para la seguridad de los huilenses.
