Por: Luis Alfonso Albarracín Palomino
Los taponamientos que presentan las vías en el departamento del Huila están generando millonarias pérdidas a la estructura productiva en los departamentos donde ocurren estos hechos ilícitos por la restricción a la libre movilidad del tránsito automotor, los cuales tienen semiparalizadas las diferentes actividades que se desarrollan en estas regiones afectadas.
Transportarse de Neiva a cualquier lugar de Colombia o viceversa por vía terrestre, se ha convertido en una verdadera tortura, buscando con ello, presionar al gobierno nacional para que les solucionen sus peticiones. Los tiempos de desplazamiento se han triplicado. Personalmente con mi familia, duramos 12 horas el fin de semana para trasladarnos de Pitalito a Neiva.
Es desesperante la humillación que estamos recibiendo los huilenses, por parte de una minoría de personas que impiden la libre movilidad y el tránsito oportuno de bienes y servicios necesarios para atender la necesidad de dinamizar las diferentes actividades económicas de la región surcolombiana.
Durante mi estadía de una semana en este municipio laboyano, pude detectar algunos efectos negativos este nefasto paro arrocero. Los hoteles se encuentran solamente con una mínima ocupación y otros, sin huéspedes. Pude verificar la disminución del transporte público, aunque me transporté en mi vehículo, lo noté en las vías. Igualmente, tuve el agrado de compartir algunos encuentros agradables en fincas de propiedad de los familiares de mi esposa Amparo y otras amistades. La mayoría de los alimentos, los producen las fincas. Pero si observé, que algunos desplazamientos de laboyanos para turistear y atender compromisos médicos, a otras ciudades del país, fueron aplazados, por estos bloqueos. Vi en los habitantes, una reacción negativa contra el accionar del gobierno nacional, para atender las demandas sociales y dar respuesta a la inconformidad que están presentando las organizaciones sociales.
Algo preocupante, que observé en los propietarios de establecimientos comerciales y de servicios afectados, es la decisión de darles poder a algunos bufetes de abogados que andan ofreciendo sus servicios profesionales para demandar civilmente y penalmente a los propietarios de los terrenos donde se cultiva el arroz y a los lideres que los tienen ya plenamente identificados, para que respondan ante los estrados judiciales, por los daños y perjuicios ocasionados y por instigar a dichos bloqueos y perjudicar a las demás personas.
Algunos profesionales del Derecho me reiteraban el principio constitucional: “mi libertad termina donde empieza la tuya” Y la Constitución Política de Colombia y las Leyes, nos protegen este derecho fundamental. Significa que tu libertad no debe pasar por encima de la de alguien más, que tus actos y decisiones no deben dañar o limitar el actuar de alguien más. Cuando dice “termina” significa que en el momento que tus acciones lastimen a alguien más, tu libertad de actuar se limita. Comúnmente se usa cuando se habla sobre normas de convivencia, pero también se ha usado en debates políticos. La mayor parte de las leyes y los códigos de conducta se basan en esta lógica, limitando la libertad de todos para proteger nuestra libertad y seguridad.
Para mí es preocupante, que se lleguen a estos extremos. El gobierno nacional debe brindarles de manera urgente, soluciones a estos agentes económicos, que nos brindan la producción del alimento más importante en la mesa de las familias colombianas: el arroz.
