Los líderes sociales en Colombia, siguen atravesando su verdadero viacrucis porque las permanentes amenazas de las organizaciones subversivas que hacen presencia en sus territorios, siguen asesinándolos, sino se someten a la voluntad de estos armados que tienen en jaque a la sociedad colombiana. La misma Corte Constitucional de Colombia, profirió el año anterior que la falta de concordancia ante la persistente, grave y generalizada violación de los derechos fundamentales de la población líder y defensora de derechos humanos, sumada a la incapacidad institucional y presupuestal para asegurar el respeto, garantía y protección de esos derechos, la motivó a declarar el estado de cosas inconstitucional por la violencia, que no cesa, contra los líderes sociales en el país. Durante la vigencia de 2023, fueron asesinadas 189 líderes sociales en Colombia, de acuerdo con los registros de Indepaz. Desde la firma del Acuerdo Renegociado de Paz, ha sido exterminados 1.605 líderes. Durante la vigencia de 2024, se asesinaron en Colombia 31 firmantes del Acuerdo Renegociado de Paz de los cuales dos corresponden al departamento del Huila. Igualmente fueron ultimados 173 líderes sociales, de los cuales cinco correspondieron en territorio huilense. Durante el presente año, ya van 22 líderes masacrados.
En la noche del domingo anterior, Luis Delgadillo, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Ciudad Barranquilla, fue asesinado en un ataque sicarial en el municipio de Algeciras, Huila. Según información preliminar, la víctima recibió múltiples impactos de bala frente a su vivienda, cuando sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon y huyeron del lugar. Vecinos intentaron auxiliarlo, pero lamentablemente llegó sin signos vitales al centro asistencial. Este flagelo ha alcanzado unas dimensiones aterradoras, que la institucionalidad del país no logra detener. La sociedad colombiana debe entender que los líderes, más que héroes anónimos, desde luego, son personas que al defender lo colectivo nos están defendiendo a toda la sociedad. El día que ésto, quede por fin claro, cualquier esfuerzo para protegerlos tendrá un impacto mucho más contundente.
No se trata de un problema nuevo. Lo frustrante es que cambian los gobiernos, cambia la ideología, cambian las estrategias, pero nos vemos en la penosa obligación durante todas las semanas, de seguir contando muertos. Cada una de esas personas deja familias en duelo, comunidades que ven truncados sus procesos democráticos y territorios enteros sometidos a la violencia. El problema del terror que causan estas muertes, son: contagioso, persuasivo y efectivo. Si en Colombia defender derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo, significa que estamos fallando. La apuesta por la paz debe pasar por la seguridad de manera innegociable. El país enfrenta un reto enorme y decisivo, como muy pocos en su historia: evitar, a como dé lugar, que la muerte de líderes sociales, dicho coloquialmente, se vuelva paisaje.
