La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó, mediante la Resolución No. 65722 del 29 de agosto de 2025, la fijación del precio mínimo de referencia para la compra de arroz paddy verde en el país.
La decisión se tomó luego de recibir concepto previo, vinculante y motivado por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el que se analizó la situación actual de la cadena arrocera. Tanto el Ministerio como la SIC coincidieron en que el acuerdo presentado por productores e industriales es necesario para garantizar estabilidad y condiciones de comercio justo en un sector considerado estratégico para la soberanía alimentaria de Colombia.
De acuerdo con la resolución, los molinos, compradores e industriales deberán pagar el arroz paddy verde según el municipio o departamento de compra, y bajo parámetros de calidad definidos. El documento aclaró un error inicial sobre la aplicación de precios en Puerto Lleras, precisando que la referencia corresponde en realidad a Puerto López.
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El acuerdo, que estará vigente hasta el 30 de octubre de 2025, incluye tres puntos clave:
- La fijación de precios mínimos de referencia para la compra de arroz paddy por zonas del país.
- La adopción de un mecanismo que equipare la compra de arroz paddy verde a arroz paddy seco, bajo los mismos criterios de calidad.
- La articulación de acciones conjuntas para el desarrollo del plan de ordenamiento productivo del arroz.
La SIC explicó que, aunque esta medida puede ser vista como una limitación al libre juego de los precios, busca garantizar ingresos estables a los productores, respaldar los planes de siembra y evitar la pérdida de un producto esencial en la canasta alimentaria de los colombianos.
Además, el organismo subrayó que el acuerdo no afectará negativamente al consumidor final. Por el contrario, se espera que la estabilidad del sector contribuya a una mayor oferta de arroz blanco en el mercado, beneficiando a los hogares.
Para garantizar el cumplimiento y la transparencia, la Dirección de Cumplimiento de la SIC hará seguimiento detallado a la ejecución del acuerdo. Las partes deberán reportar información sobre precios, volúmenes de compra, formas de pago y parámetros de calidad, entre otras variables, con el fin de monitorear el comportamiento de la cadena arrocera en el país.
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