La sentencia de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe ha desatado un nuevo pulso jurídico y político en Colombia. Su abogado, Jaime Granados, asegura que el fallo está cargado de sesgos, es desproporcionado y vulnera garantías básicas del proceso.
DIARIO DEL HUILA, ANALISIS
La reciente condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha desatado una intensa polémica jurídica y política en Colombia. El abogado defensor, Jaime Granados, cuestiona la imparcialidad de la jueza Sandra Liliana Heredia y tilda la sentencia de arbitraria, desproporcionada y sesgada. Mientras el fallo avanza hacia una instancia superior, se reaviva el debate sobre los límites de la justicia, el rol del poder judicial y la politización de los procesos penales.
El juicio que reabre viejas heridas
Con una sentencia de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, cerró un capítulo clave en uno de los procesos judiciales más controvertidos en la historia reciente de Colombia. Sin embargo, para la defensa del exmandatario, el capítulo está lejos de terminar. La apelación ya está en marcha, y con ella, una cascada de argumentos que buscan demostrar que el fallo no fue resultado de un análisis imparcial de pruebas, sino de un proceso influenciado por factores externos, incluso políticos.
El penalista Jaime Granados, abogado defensor de Uribe, en entrevista con El Tiempo, dejó clara su posición: la decisión judicial no solo fue arbitraria, sino que transgrede principios constitucionales, jurisprudencia previa y el principio de presunción de inocencia.
¿Una justicia con doble rasero?
Uno de los puntos más críticos señalados por Granados fue la pena impuesta. La jueza sentenció a Uribe a una condena que supera incluso la solicitud hecha por la Fiscalía. «Se impone una pena que supera a la que la propia Fiscalía ha pedido, desafiando los criterios de ponderación y razonabilidad», aseguró el abogado.
Más allá del monto de la pena, lo que ha causado mayor indignación en la defensa es la orden de detención inmediata. Para Granados, esta decisión demuestra una ruptura del principio de imparcialidad. Y aunque reconoce que el proceso debe continuar, no duda en afirmar que “lo sucedido deja muy mal a alguien que, como juez, debe ser ciega ante presiones y actuar con absoluta imparcialidad”.
Granados no se detiene allí. Su análisis incluye una crítica directa a la forma como la jueza abordó el caso tras la filtración anticipada de la sentencia. Asegura que ese hecho, sumado a ciertos comentarios personales durante la audiencia –como los referidos a los hijos del expresidente–, son evidencia clara de un sesgo en la administración de justicia.
Un juicio rodeado de simbolismo político
El proceso contra Álvaro Uribe ha tenido, desde sus inicios, un fuerte componente político. El expresidente ha sido durante más de dos décadas una figura central en el panorama nacional, polarizando al país entre defensores incondicionales y críticos severos. Para la defensa, este telón de fondo no puede ignorarse.
“Los sesgos están presentes durante todo el texto, no solamente en el sentido del fallo, sino también en lo más importante: en la sentencia”, insistió Granados, sugiriendo que las motivaciones de fondo no son puramente jurídicas.
La controversia ha trascendido fronteras. Varios expresidentes latinoamericanos, así como figuras políticas estadounidenses como los senadores Rick Scott y Marco Rubio, han expresado su respaldo al exmandatario colombiano. Para algunos, estos apoyos son una señal de preocupación global sobre la calidad de la justicia en Colombia; para otros, una forma de presión indebida sobre las instituciones.
Granados descarta lo segundo: “No interpretamos estas manifestaciones como una presión o una injerencia indebida en la autonomía e independencia del Poder Judicial […] lo que hay, más bien, es la expresión de una preocupación –cada vez más evidente– de que la justicia en Colombia sí se está desviando”.
El poder judicial, ¿a prueba?
Uno de los debates más sensibles que se abren tras esta condena es el papel del sistema judicial frente a figuras de gran poder político. Si bien Uribe ya no ocupa cargos públicos, su influencia en el espectro conservador colombiano sigue siendo significativa, como líder natural del Centro Democrático y referente de una parte del electorado.
Para muchos analistas, este juicio es también una prueba para la justicia colombiana: si logra o no mantener su independencia frente a la presión política, mediática y ciudadana.
En esa línea, la negativa de la jueza a leer el fallo completo en la audiencia de condena fue uno de los puntos más criticados por Granados. Asegura que existen sentencias previas de la Corte Constitucional –incluida la más reciente, la 220 de 2024, de la cual la jueza fue destinataria directa– que obligan a leer la decisión íntegra.
“No solo lo hizo con la lectura, sino además con la manera como se expresa al motivar esa detención del expresidente, y no permitir que se mantenga en libertad para defenderse, cuando se presume inocente, es totalmente descomedida y arbitraria”, afirmó el abogado.
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¿Qué viene ahora?
La defensa del expresidente ha dejado claro que apelará el fallo. Y aunque por ahora no quieren especular sobre la posibilidad de ir a casación o a una tutela en la Corte Constitucional, Granados no descarta ninguna instancia.
Más allá de los recursos judiciales, el exmandatario ya cumple con la prisión domiciliaria, tras consignar la caución ordenada por el juzgado. La medida, que implica cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes, es vista por la defensa como una sanción aplicada de manera injusta y anticipada.
Granados se muestra confiado en que “al final se revelarán todos los abusos que aquí se han producido”, y espera que el Tribunal Superior de Bogotá, y eventualmente la Corte Suprema o la Corte Constitucional, corrijan lo que él considera un fallo profundamente equivocado.
La polarización como telón de fondo
Este proceso judicial reabre un viejo dilema en Colombia: ¿Es posible que el sistema judicial investigue a altos funcionarios sin caer en la politización? ¿O el poder político sigue influyendo –directa o indirectamente– en la justicia?
Las reacciones a la sentencia han sido tan divididas como predecibles. Para los críticos de Uribe, el fallo es una señal de que nadie está por encima de la ley. Para sus seguidores, es una muestra de persecución política disfrazada de proceso penal.
Y aunque el abogado Granados evitó entrar en detalles sobre figuras como el senador Iván Cepeda –parte clave del caso por el que Uribe fue acusado de manipulación de testigos–, no dejó de responder con ironía a sus señalamientos: “Aquí tenemos al burro hablando de orejas”.
¿Justicia o revancha?
En la opinión pública, la pregunta que se repite es si esta condena responde realmente a un análisis jurídico riguroso o si se trata de una especie de revancha política. La respuesta, como muchas veces en Colombia, dependerá del lente con el que se mire.
Desde el punto de vista técnico, la defensa tiene argumentos sólidos que cuestionan tanto la proporcionalidad de la pena como el respeto a las garantías procesales. Desde una perspectiva más amplia, la controversia revela que el sistema judicial sigue navegando en aguas turbulentas cuando se trata de figuras de alto perfil.
Sea como sea, el caso Uribe será una de las pruebas más importantes para la justicia colombiana en los próximos años. No solo por su resultado final, sino por lo que revelará sobre la independencia del poder judicial en medio de la creciente polarización política del país.
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