En una maratónica y tensa sesión, el Senado le cerró la puerta a la consulta popular del presidente Gustavo Petro, en una votación que desnudó las fracturas del oficialismo y le dio un inesperado respiro a la reforma laboral, que revivió entre recriminaciones, giros políticos y acusaciones de fraude.
DIARIO DEL HUILA, ANALISIS
El Congreso de la República vivió una de las sesiones más intensas y polémicas del periodo legislativo, en la que el Gobierno del presidente Gustavo Petro sufrió una nueva y contundente derrota con el hundimiento definitivo de la consulta popular propuesta para impulsar su agenda reformista, en particular la reforma laboral. Al mismo tiempo, en un giro que tomó por sorpresa a muchos sectores, se revivió el trámite de dicha reforma en el Legislativo, reconfigurando el tablero político del país.
El episodio ha dejado en evidencia la fragilidad de las mayorías del Gobierno en el Senado, las tensiones con los órganos legislativos, y la incapacidad de consolidar una estrategia coherente frente a los múltiples frentes abiertos de la agenda oficialista.
Un trámite enredado desde el principio
La consulta popular fue concebida como una carta política fuerte por parte del presidente Petro tras el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima. Sin embargo, el camino que debía tomar esta iniciativa resultó estar lleno de obstáculos parlamentarios, conflictos de interpretación normativa y desacuerdos internos incluso dentro de la bancada de gobierno.
La jornada del martes arrancó con una intensa discusión de más de cuatro horas sobre el orden del día, en la que se enfrentaron dos prioridades: tramitar la apelación a la reforma laboral archivada o avanzar con la votación de la consulta. Finalmente, con 49 votos contra 47, la plenaria decidió hundir la consulta, mientras que la apelación a la reforma laboral fue aprobada, permitiendo su paso a otra célula legislativa y su eventual resurrección.
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El cambio de estrategia del Gobierno: un giro de 180 grados
Uno de los momentos más desconcertantes fue el súbito viraje del Gobierno frente a la apelación. Tan solo 24 horas antes, los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Trabajo, Antonio Sanguino, habían calificado el informe de apelación como una “burla” diseñada para embolatar la consulta. Sin embargo, durante la sesión del miércoles, ambos funcionarios pidieron votar a favor de dicha apelación.
“Se va a votar a favor de la apelación, una vez que es nuestra y que somos nosotros los más interesados en los derechos de los trabajadores”, declaró Benedetti ante la plenaria. Sanguino lo respaldó y aclaró que esto no significaba abandonar la intención de la consulta popular.
Este sorpresivo cambio generó confusión y escepticismo en el Congreso. Para algunos analistas, fue una maniobra táctica para evitar quedar completamente derrotados en una jornada adversa, mientras que para otros fue simplemente una aceptación tácita de la realidad: el Gobierno no tenía los votos suficientes para sacar adelante su consulta.
Las razones del naufragio: costos, amenazas y fracturas internas
Los argumentos esgrimidos en el Senado para oponerse a la consulta popular fueron diversos. Algunos senadores cuestionaron el altísimo costo del mecanismo, estimado entre 700.000 y 800.000 millones de pesos, en un contexto fiscal restrictivo. Otros consideraron innecesaria la consulta si la reforma laboral podía revivirse por vías legislativas ordinarias.
Pero más allá de los aspectos técnicos y financieros, el hundimiento se explica también por factores políticos. Analistas como Gabriel Cifuentes señalan que la estrategia opositora surtió efecto, especialmente al abrir la puerta al desarchivo de la reforma laboral, lo cual quitó el único argumento de peso que tenía el Gobierno para convocar la consulta.
Además, jugó un papel determinante el estilo confrontacional que ha adoptado el presidente Petro en las últimas semanas. Su discurso del 1.º de mayo, en el que afirmó que “o aprueban la consulta o el pueblo los revoca”, fue percibido por muchos senadores como una amenaza directa. Para el analista Fernando Posada, “el Congreso le cobró al Presidente su tono intimidante y también le dejó claro que no cede ante la presión”.
El voto de la discordia: ¿hubo fraude?
Tras la ajustada votación de 49 contra 47, el Gobierno reaccionó con fuertes acusaciones. El ministro Benedetti y otros voceros del Pacto Histórico denunciaron un supuesto fraude, alegando que el voto del senador Édgar Díaz, de Cambio Radical, fue manipulado por la Secretaría del Senado. Según Benedetti, el secretario Diego González cambió el voto de Díaz de sí a no, y esto habría inclinado la balanza.
No obstante, el propio senador Díaz desmintió categóricamente esa versión. En declaraciones a EL TIEMPO, aseguró que su voto siempre fue negativo y que esa era la posición oficial de su bancada desde hacía más de dos semanas. “Es falso lo que están diciendo Benedetti y Racero. Mi voto siempre fue no”, afirmó.
Con esta aclaración, la tesis del fraude pierde peso jurídico, aunque el Ejecutivo insiste en que hubo irregularidades. Benedetti incluso anunció que interpondrá denuncias penales contra el presidente del Senado y el secretario de la corporación.
Un ambiente caldeado en el Senado
La sesión estuvo cargada de tensiones. Desde las primeras horas, el ambiente era adverso para el Gobierno. Intentos del Pacto Histórico por alterar el orden del día fueron rechazados. Propuestas para aplazar la apelación también fracasaron. Las derrotas se acumularon: el Gobierno fue perdiendo voto tras voto, hasta verse obligado a aceptar el trámite de la reforma laboral como una forma de contener el daño.
En medio del desconcierto, el puesto de los ministros Benedetti, Sanguino y Jaramillo se convirtió en epicentro de discusiones, reuniones improvisadas y regaños. La desesperación del Gobierno fue tal que Benedetti protagonizó una escena en la que arrebató un papel al secretario del Senado.
Al final, la derrota fue inevitable. Tras cerrarse la votación, se escucharon gritos cruzados en la plenaria. Desde la oposición se coreaba “¡Sí se pudo!”, mientras que desde el oficialismo se respondía con “¡Tramposos!”. Un reflejo del creciente clima de polarización política en el país.
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¿Qué sigue para el Gobierno y su agenda social?
La caída de la consulta representa la cuarta derrota legislativa significativa del gobierno Petro en esta legislatura. Sin embargo, la resurrección de la reforma laboral le ofrece una tabla de salvación que el Ejecutivo podría aprovechar si logra canalizar apoyos y construir consensos.
El problema, según los expertos, es que el Gobierno ha perdido credibilidad frente al Congreso. Las amenazas, los cambios abruptos de estrategia, y los intentos de presión están deteriorando las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si Petro quiere salvar el resto de su agenda social, deberá cambiar de tono y abrir canales de diálogo más efectivos.
Una jornada decisiva en la política colombiana
El hundimiento de la consulta popular no solo representa una derrota puntual del Gobierno, sino también un golpe simbólico a su modelo de gobernar. La incapacidad de construir mayorías estables, la mala gestión parlamentaria y el lenguaje confrontacional han limitado el margen de maniobra del presidente Gustavo Petro.
Por ahora, la reforma laboral revive, pero su futuro también es incierto. El Gobierno enfrenta un panorama complicado, en el que necesita con urgencia reconstruir puentes con el Congreso, fortalecer su bancada y replantear su estrategia política si quiere evitar que sus reformas estructurales se queden en promesas de campaña.
