En un hecho sin precedentes, la Comisión Primera del Senado aprobó por unanimidad la ponencia que busca reducir el salario de los congresistas colombianos. La iniciativa, impulsada por legisladores del oficialismo y respaldada por sectores de oposición, también cobijaría a altos funcionarios del Estado, como parte de una política de austeridad que busca cerrar brechas salariales y responder al clamor ciudadano.
DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA
En un giro significativo dentro del Congreso, la Comisión Primera del Senado aprobó por unanimidad la ponencia positiva del proyecto de Acto Legislativo 027 de 2025, que busca reducir el salario de los congresistas colombianos. La propuesta, impulsada por el senador Iván Cepeda del Pacto Histórico, fue respaldada por 16 votos a favor, de 16 posibles.
Pero lo que inicialmente era una medida dirigida exclusivamente al Congreso, terminó por ampliarse a otros sectores del Estado. Gracias a una proposición presentada por los senadores Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) y Paloma Valencia (Centro Democrático), el proyecto ahora también cobijaría a altos funcionarios del Gobierno, incluidos los directivos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, así como las Sociedades de Economía Mixta.
Austeridad como mensaje político
“Este proyecto es muy sencillo y es para ver si nosotros tomamos la decisión de hacerlo independientemente y si este Congreso tiene la voluntad de hacerlo sin mayores excusas”, señaló la senadora María José Pizarro, ponente del proyecto y miembro del Pacto Histórico.
Pizarro, junto con Cepeda y León Freddy Muñoz (Alianza Verde), ha promovido esta iniciativa como un gesto de coherencia política y responsabilidad frente a la crisis económica del país. “Nos estamos ganando 48 millones de pesos, ojalá esta vez sí logremos reducir los salarios y no solamente el de los congresistas”, expresó Muñoz, quien asumió recientemente la curul dejada por Humberto de la Calle.
Actualmente, el salario mensual de los congresistas supera los 48 millones de pesos, lo que ha generado constantes críticas por parte de la ciudadanía, especialmente frente a la desigualdad económica existente en Colombia.
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Se amplía el alcance de la medida
El senador Carlos Fernando Motoa anunció que la proposición aprobada amplía el impacto de la reforma, estableciendo que “ningún funcionario público, al igual que los directivos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta podrá recibir una remuneración superior a la de los congresistas, incluyendo todos los emolumentos”.
Motoa celebró que el alcance del proyecto haya sido modificado, afirmando que con ello “el ahorro para los contribuyentes será mayor y el cierre de brechas salariales más efectivo”.
La senadora Paloma Valencia, a pesar de estar en la oposición al Gobierno, respaldó la modificación del proyecto, aunque inicialmente expresó su preocupación. “Una baja del salario exclusiva para los congresistas para castigarlos por no haber votado los nuevos impuestos de Petro… me siento en incapacidad moral de acompañarlo”, dijo. No obstante, su apoyo fue clave para ampliar el alcance de la medida.
Un largo camino legislativo
Aunque la aprobación en la Comisión Primera es un paso importante, el proyecto aún debe superar ocho debates (cuatro en Senado y cuatro en Cámara), como lo exige la reforma de un acto legislativo. Solo entonces podrá ser promulgada como reforma constitucional.
De ser aprobado, se establecería un nuevo tope salarial para los congresistas y demás altos funcionarios, contribuyendo a una política de austeridad que busca recuperar la confianza ciudadana y optimizar el gasto público.
Un primer paso hacia la transformación
El avance de esta iniciativa marca un momento clave en el Congreso. Por primera vez en años, senadores de diferentes ideologías se unen en torno a una propuesta que responde a las exigencias de transparencia, coherencia y reducción del gasto estatal.
La discusión continuará en las próximas semanas, pero el mensaje ya ha sido enviado: la clase política parece dispuesta a dar señales de cambio en un país donde la desigualdad sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
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