Actualmente, 25 municipios del departamento cuentan con el impuesto de tasa bomberil. Sin embargo, 12 no han implementado esta figura, lo que les impide financiar directamente a los cuerpos de emergencia y los obliga a destinar recursos propios para su funcionamiento.
Municipios comprometidos con la financiación bomberil
Los municipios de Aipe, Rivera, Teruel, Palermo y Saladoblanco son los únicos que han suscrito convenios con los Bomberos Voluntarios hasta diciembre, garantizando así la atención de emergencias. Gigante, por su parte, firmó solo por dos meses, lo que deja en evidencia la falta de compromiso a largo plazo en algunas administraciones.
Lo preocupante es que esta problemática no es exclusiva del Huila, sino que se replica en todo el país, en muchos casos debido al desconocimiento de la normatividad vigente.
¿Qué es la tasa bomberil?
El Ministerio de Hacienda autoriza a las entidades territoriales a establecer la tasa bomberil como un recargo en impuestos como industria y comercio, vehículo automotor, demarcación urbana y predial.
Para entender mejor su funcionamiento en la región, conversamos con Edidson Fernández, delegado departamental de Bomberos del Huila. Fernández explicó que, según la Ley 1275, las entidades territoriales pueden crear tasas o contribuciones para financiar el servicio de bomberos, recaudando fondos a través de impuestos como el predial o el de industria y comercio. “En el Huila, 25 municipios han implementado esta figura para obtener recursos, mientras que 12 aún no lo han hecho”, indicó.
La ausencia de esta herramienta obliga a los alcaldes a destinar recursos propios para financiar la actividad bomberil. Además, cuando la tasa existe, los mandatarios están obligados a trasladar los recursos a los cuerpos de bomberos.
Denuncias sobre uso indebido de los recursos
El delegado de bomberos denunció que algunos municipios estarían desviando los recursos de la tasa bomberil. “Desde hace un tiempo hemos señalado el manejo inadecuado de estos dineros. Hay entes territoriales que cobran la sobretasa bomberil, pero al momento de hacer el traslado, desvían parte de los recursos hacia otros programas que no tienen relación con la finalidad del tributo. Esto constituye un peculado por uso indebido”, afirmó.
Ante esta situación, Fernández solicitó a la Procuraduría investigar estos presuntos malos manejos. “Los funcionarios deben recaudar y transferir los recursos mediante convenio o contrato a los cuerpos de bomberos. Además, los alcaldes están obligados a hacer seguimiento para garantizar que estos fondos se inviertan correctamente. El hecho de que sean recursos de la tasa no los exime del control fiscal”, enfatizó.
Alcaldías bajo la lupa
Cuando se le preguntó cuántas administraciones estarían incurriendo en esta práctica, Fernández señaló que al menos seis municipios han desviado recursos de la tasa bomberil. “Esta maniobra no es nueva y se ha vuelto recurrente. Como el primer alcalde lo hizo y no hubo consecuencias, otros han seguido el mismo camino”, denunció.
El delegado citó un caso particular en un municipio del occidente del Huila, donde se recaudan aproximadamente $800 millones, pero solo $400 millones son transferidos al Cuerpo de Bomberos. Situaciones similares se presentan en un ente territorial del norte del departamento y en otro del sur, donde ya se interpuso una queja contra un alcalde que habría utilizado los recursos de la tasa para un proyecto de vivienda.
Este tributo varía entre el 1% y el 6% en las distintas localidades. En algunos municipios, se cobra a través del impuesto predial; en otros, mediante el de industria y comercio. En teoría, el 70% de los recursos deben garantizar el servicio bomberil, mientras que el 30% restante cubre la prestación del servicio.
Desafíos del voluntariado y precariedad en las estaciones
El delegado de bomberos también señaló que persiste la confusión sobre el carácter voluntario del servicio bomberil. “Algunos mandatarios creen que debemos operar de manera gratuita. Sin embargo, sin los recursos adecuados, no podemos prestar el servicio. Nosotros somos el medio, pero el responsable es el municipio, que debe garantizar la financiación. Si no hay fondos, nos veremos obligados a cerrar estaciones”, advirtió.
Municipios que han cumplido
Hasta el momento, los municipios del Huila que han firmado convenios con los bomberos son Acevedo, Aipe, Palermo, Rivera, Garzón, Pitalito, La Plata, El Pital, La Argentina y Gigante. No obstante, Gigante solo suscribió un convenio por dos meses. De estos, cinco garantizan el servicio hasta el 31 de diciembre: Aipe, Rivera, Teruel, Palermo y Saladoblanco.
Sobre las condiciones laborales de los bomberos, Fernández reconoció que en algunos casos son precarias. “No me gusta hablar de este tema, pero es una realidad lamentable. En Villavieja, no hay estación y los bomberos operan desde la casa del comandante. En Íquira, la situación es similar. En El Agrado, los operarios deben hacer rifas y vender tamales para pagar el arriendo de su sede, ya que el municipio no ha habilitado un inmueble. Estas personas trabajan por amor al servicio, pero si no se garantizan condiciones dignas, será difícil mantener la operación”, manifestó.
El llamado a garantizar el servicio
Por su parte, el teniente Luis Alberto Valencia, subdirector Nacional de Bomberos, resaltó la responsabilidad de los alcaldes ante cualquier emergencia, según la Ley 1575 de 2012. “Les mostramos a los mandatarios la importancia de cumplir con la ley del servicio público esencial de bomberos. Firmar los convenios no es solo un trámite, sino una acción que garantiza la seguridad de las comunidades”, explicó.
Valencia subrayó que la Dirección Nacional de Bomberos trabaja para que los alcaldes cumplan con esta obligación, brindando herramientas tanto a mandatarios como a bomberos para fortalecer el servicio en todo el país. En algunas regiones, como Cundinamarca, se han logrado avances en estos procesos.
Finalmente, el subdirector enfatizó que, para operar de manera adecuada, un Cuerpo de Bomberos necesita al menos 15 personas solo en la parte operativa, con cinco por turno. A esto se suman funciones administrativas como contabilidad y fiscalización, ya que la entidad funciona como una empresa. “Cuando se contrata personal, se deben garantizar todas las condiciones estipuladas en el Código Sustantivo del Trabajo”, concluyó.
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer el control sobre los recursos públicos destinados a los bomberos y garantizar que se usen para su propósito real: la atención de emergencias y la seguridad de la comunidad.
