El Congreso de la República aprobó, en junio de 2024, la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro.
La misma, entre varias modificaciones, no incluyó cambios dirigidos al aumento de la edad de jubilación, un aspecto señalado como crucial por diversos centros de pensamiento en el país.
Dicha decisión generó opiniones encontradas entre expertos, ya que consideran que el sistema actual podría enfrentar serios problemas de sostenibilidad a causa de los cambios demográficos.
“El sistema de jubilaciones no tiene cómo resistir a menos personas trabajando y más personas jubilándose”, habían advertido desde la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif).
El presidente Gustavo Petro expresó, en su momento, que durante su administración no se permitiría ningún ajuste en la edad de jubilación. “Se protegerán los derechos adquiridos por los trabajadores nacionales”, aseguró en más de una oportunidad. Sin embargo, voces dentro del mismo Gobierno, como la de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, insistieron en la necesidad de abrir el debate sobre el tema de cara al futuro.
Reforma paramétrica
Durante las discusiones sobre la reforma, Ramírez afirmó que en los próximos años el país debería abordar una reforma paramétrica que contemple las transformaciones demográficas y del mercado laboral, cuyo objetivo sea que los sistemas de pensiones sean financieramente sostenibles.. La ministra explicó que “esto lo hemos tomado de experiencias internacionales, de otros países que ya han vivido el proceso demográfico, como Japón, Alemania y Francia”.
A estos ejemplos se agregaron que dichos países buscaron soluciones atendiendo factores como la inmigración y los ajustes en las condiciones del sistema.
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