Entre enero y abril de 2025, Colombia registró 131 secuestros, con un aumento del 40% frente al año anterior. La mayoría de los casos se concentran en Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Valle del Cauca, según reveló un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
La violencia asociada al secuestro vuelve a ocupar titulares en Colombia. Entre enero y abril de 2025, se han reportado 131 casos en el país, lo que representa un alarmante incremento del 40% en comparación con el mismo periodo de 2024, según un informe reciente de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Esta cifra no solo genera preocupación por su magnitud, sino también por la persistencia de esta práctica como herramienta de poder por parte de grupos armados y estructuras criminales.
La mitad de los secuestros se concentran en cuatro departamentos: Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Valle del Cauca, zonas históricamente afectadas por el conflicto armado, el narcotráfico y la presencia de múltiples actores ilegales. La FIP advierte que los secuestros no responden a una sola lógica: pueden tener motivaciones políticas, económicas o estratégicas, dependiendo del grupo que los ejecuta.
Por un lado, los grupos armados ilegales —como disidencias de las FARC, ELN o estructuras armadas posdesmovilización— suelen recurrir al secuestro para ejercer control territorial, presionar políticamente o financiarse. Por otro lado, estructuras criminales y bandas delincuenciales lo utilizan principalmente con fines extorsivos, solicitando pagos a cambio de la liberación de las víctimas.
Un fenómeno que preocupa especialmente es la “tercerización” del secuestro. En algunos casos, se ha identificado que estructuras armadas son contratadas por terceros para llevar a cabo los plagios, complicando aún más las labores de investigación y atribución de responsabilidad.
Dos casos recientes evidencian la gravedad del problema. El 26 de abril fue secuestrado Arnold Alexander Rincón López, director de la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó), en un hecho que generó una fuerte condena nacional. Asimismo, el caso de Lyan Hortua, un niño de 11 años secuestrado en Jamundí (Valle del Cauca), conmocionó a la opinión pública por el impacto emocional que genera la victimización de menores de edad.
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La FIP también señala que, aunque el número de secuestros ha aumentado, ha habido una transformación en sus características. A diferencia de los largos cautiverios de décadas pasadas, como el caso de Íngrid Betancourt, actualmente las víctimas suelen permanecer secuestradas por periodos más cortos, usualmente días o semanas, hasta que se paga un rescate. Esta tendencia refleja un cambio en la dinámica del delito: los captores buscan obtener beneficios rápidos y reducir la exposición al riesgo de las operaciones de rescate o presión institucional.
No obstante, el impacto sigue siendo devastador, especialmente en regiones como el Catatumbo, donde se han registrado recientemente secuestros de menores indígenas pertenecientes a la comunidad Motilón Barí. Según reportes de la comunidad, varios niños fueron interceptados por hombres armados en zonas rurales y llevados con rumbo desconocido. La situación ha generado alarma, tanto por la vulnerabilidad de los menores como por el riesgo de que sean utilizados como escudos humanos, reclutados forzosamente o víctimas de trata.
En un hecho paralelo, el pasado 9 de junio fue secuestrado Edward Ballesteros, un joven de 23 años que se dirigía a buscar trabajo en la vía entre Cúcuta y Tibú. Según testigos, fue obligado a descender del vehículo por hombres armados que lo llevaron consigo. Hasta el momento, no se ha atribuido el hecho a ningún grupo, y su paradero continúa siendo desconocido.
La comunidad Motilón Barí ha denunciado estos hechos ante las autoridades, que han iniciado operativos de búsqueda con el acompañamiento de líderes indígenas y organismos defensores de derechos humanos. Sin embargo, persiste el temor entre los habitantes del Catatumbo, quienes viven bajo constante amenaza por la presencia de múltiples actores armados en la región.
A pesar de la gravedad del panorama, el Gobierno Nacional no ha emitido aún un pronunciamiento contundente sobre el aumento de secuestros ni ha detallado una estrategia clara para contener esta modalidad de violencia. Mientras tanto, organizaciones civiles insisten en que se garantice el respeto por los derechos humanos, la vida y la integridad de todas las víctimas.
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