Tras 11 días de bloqueos y protestas en las vías del país, el paro arrocero llegó a su fin este jueves con la firma de un acuerdo entre el Gobierno y los productores. El precio del arroz paddy verde, centro de la disputa, tendrá regulación oficial.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
Después de once días de intensas movilizaciones, bloqueos en vías estratégicas y fuertes reclamos por parte del gremio arrocero, el Gobierno nacional y el Comité del Paro Arrocero firmaron este jueves un acuerdo que pone fin a la protesta que paralizó sectores clave del país. El pacto fue anunciado por el Ministerio de Agricultura, que informó que se levantan los bloqueos en todo el territorio nacional y se restablece la movilidad.
“El Gobierno Nacional da a conocer a toda la ciudadanía que, en el marco del proceso de diálogo abierto, respetuoso, constructivo y participativo con los productores movilizados, se ha logrado un acuerdo con el Comité Nacional del Paro Arrocero”, indicó la cartera agrícola mediante un comunicado oficial.
El acta de compromiso contempla siete puntos claves, centrados principalmente en la crisis de precios del arroz paddy verde, uno de los detonantes del paro iniciado el 14 de julio. Con la firma de este documento, se sella un acuerdo que busca estabilizar el sector arrocero y aliviar la presión sobre los pequeños y medianos productores.
Estos son los principales puntos del acuerdo:
1. Regulación del precio del arroz paddy verde
Uno de los logros centrales del paro fue la inclusión del arroz paddy verde en el régimen de libertad regulada de precios, lo que significa que su valor será controlado técnicamente por el Gobierno, garantizando que cubra los costos de producción pero sin permitir utilidades excesivas. El borrador de resolución ya fue radicado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que deberá emitir concepto previo a la expedición del documento por parte del Ministerio de Agricultura.
2. Medidas de defensa comercial
El Ministerio de Comercio se comprometió a analizar posibles restricciones temporales o aranceles inteligentes a la importación de arroz paddy y blanco, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales. Esta medida busca proteger a los productores nacionales frente a las importaciones que han afectado los precios internos.
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3. Comisión Técnica de seguimiento
Se creará una comisión mixta para evaluar soluciones legales dirigidas a los arroceros afectados por la caída de precios entre el 26 de junio y la expedición de la nueva regulación. Además, se retomarán programas de apoyo económico como el Fondo de Solidaridad Agropecuaria (Fonsa) y el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (Faia).
4. Revisión de la tarifa del agua
El Ministerio de Ambiente instalará una mesa técnica para revisar el instrumento económico asociado al uso del agua, con el fin de garantizar condiciones más equitativas para los productores del sector agropecuario.
5. Revisión de bases de datos de la UGPP
El Ministerio de Hacienda liderará una revisión a la resolución 209 de 2020, que define los costos presuntos frente a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP). El objetivo es ajustar los parámetros de fiscalización, considerando la realidad económica del agro.
6. Controles a los centros de acopio
La Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dian se encargarán de realizar verificaciones en molinos y centros de acopio, con el fin de garantizar la trazabilidad, evitar acaparamiento y asegurar transparencia en el manejo de los inventarios.
7. Levantamiento oficial del paro
Tras firmarse el acta, el Comité Nacional del Paro Arrocero declaró oficialmente finalizadas las movilizaciones y anunció el restablecimiento de la movilidad en todas las carreteras bloqueadas durante las jornadas de protesta.
Acuerdo con respaldo institucional
La negociación fue acompañada por distintas entidades del Estado, incluyendo los ministerios del Interior, Comercio, Ambiente y Hacienda. También participó la Defensoría del Pueblo, que actuó como garante del proceso y verificó el cumplimiento de los protocolos de diálogo y concertación.
Con este pacto, el Gobierno logra desactivar una de las mayores protestas agrarias de los últimos años, que amenazaba con extenderse a otros sectores del agro. La resolución del conflicto abre ahora un nuevo escenario para monitorear el cumplimiento de los compromisos adquiridos y avanzar hacia soluciones estructurales que garanticen la estabilidad de uno de los sectores productivos más importantes del país.
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