La exconsejera presidencial Sandra Ortiz seguirá privada de la libertad, según lo ratificó la Juez 21 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá en un fallo de segunda instancia.
La decisión confirma la medida de aseguramiento impuesta el pasado 18 de diciembre por la Juez Tercera Penal Municipal con Función de Control de Garantías, quien ordenó su detención en un establecimiento carcelario por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El fallo se basó en las pruebas presentadas por la Fiscal Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien argumentó que hay una inferencia razonable sobre la posible participación de Ortiz en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
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Entre los elementos probatorios que sustentaron la decisión se encuentran:
Interrogatorios a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD.
Chats y datos de georreferenciación que vincularían a Ortiz con los hechos investigados.
Videos y una libreta de apuntes con registros de transacciones.
Testimonios de escoltas que habrían presenciado reuniones y movimientos sospechosos.
El papel de Ortiz en el escándalo
Según la Fiscalía, Sandra Ortiz habría entregado 3.000 millones de pesos al exsenador Iván Name, siguiendo órdenes de Carlos Ramón González, en un esquema de corrupción que habría desviado recursos estatales.
Con esta decisión judicial, la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía sigue vigente, y Ortiz permanecerá bajo detención en la Escuela de Carabineros, mientras avanza el proceso en su contra.
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