Luego de una inadmisión, hace unos días aceptaron una demanda contra la alcaldía de Neiva, CAM, Cormagdalena, Aguas del Huila, entre otras entidades. Hace 20 años un juez ordenó la creación de la PTAR; hay millonarias inversiones infructuosas. Primera entrega.
Diario del Huila, Investigación
Carlos Andrés Pérez Trujillo
En 2016 el río Magdalena o ‘Río de la patria’ fue considerado sujeto de derechos, junto a otros afluentes importantes del país. Esto les dio fuerza a muchos ciudadanos a interponer acciones para ‘salvar’ este caudal.
Años después, en 2019, del Juzgado Primero del Circuito con funciones de conocimiento de Neiva, ordenó la creación de una comisión de “Guardianes del río Magdalena”, inspirada en la protección de derechos del río. Sin embargo, el afluente sigue siendo contaminado.
La preocupación no es nueva, hace 20 años, el Tribunal Administrativo del Huila ordenó la creación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), con el propósito de tratar las aguas contaminadas que se vertían al río. Han pasado 20 años, se han gastado más de 10 mil millones de pesos en estudios, diseños y predios, y aún no hay PTAR.
La nueva demanda
El pasado 11 de marzo el Tribunal Administrativo del Huila admitió una nueva demanda que busca crear la PTAR “con capacidad suficiente para recoger todas las aguas residuales domésticas que vierten al Rio Magdalena y fuentes hídricas locales que desembocan en él, los habitantes del Municipio de Neiva, de tal manera que garantice la limpieza del agua usada y las aguas residuales para que puedan ser devueltas de forma segura a las fuentes hídricas locales que desembocan en el Rio Magdalena, se eliminen los sólidos, desde plásticos, trapos y otras partículas; para garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano y al servicio de saneamiento básico”.
La protagonista de esta épica batalla judicial contra un sistema administrativo que ha olvidado al río, es la abogada Elizabeth Quintero Molina. Ella ya interpuso otras demandas contra 18 municipios del Huila que afectan al río Magdalena con contaminación.
Para lograr este propósito, la demandante solicitó al Tribunal que se le ordenara al municipio de Neiva (Huila) y a Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E. S. P. que elabore los estudios y diseños para la construcción de la PTAR “donde actualmente llega el 89,50% de las Aguas Residuales a través de colectores, donde se realice la exploración y selección del sistema de tratamiento de aguas residuales para la higienización del río Magdalena”.
Además, Quintero Molina, previendo la destinación de recursos, solicita en la demanda “adelantar las gestiones ante las entidades del orden departamental, nacional o internacional con el objeto de garantizar los recursos necesarios para el financiamiento de la obra, por tanto, debe entregar los Convenios suscritos o autorizaciones respectivas para la obtención del presupuesto e incorporación en la vigencia fiscal del año que corresponda sin que pueda excederse de máximo dos (02) años”.
Aunque apenas inicia su trámite en el Tribunal, en la controversia se espera escuchar al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA; al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Cormagdalena, Corporación Autónoma Regional Del Alto Magdalena, CAM; Departamento del Huila; Aguas del Huila; municipio de Neiva, y Las Ceibas – Empresas Públicas de Neiva E.S.P. Todas estas entidades son demandadas.
Los gastos de una PTAR
Aunque hace 20 años el Tribunal Ordenó la creación de la PTAR para Neiva, esta no se ha materializado. Ni las múltiples acciones judiciales, arrestos por desacatos, o denuncias públicas ha motivado la eficiencia de las Empresas Públicas de Neiva.
Luego de la común tramitología para obtener la licencia ambiental, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) el año pasado la archivó definitivamente. Los argumentos de la negativa se sustentaban en que no se cumplía con los requisitos mínimos: tres solicitudes de EPN fueron rechazadas (presentaba enormes falencias técnicas y ambientales, es decir, esta entidad fue absolutamente ineficiente a tal punto que no subsanó ninguna de ellas). El Auto No. 04357 de 2022 expedido el 9 de junio de 2022, indica los errores no resueltos.
Los gastos por materializar este proyecto superan los 10 mil millones de pesos, al parecer, para los neivanos hacer esta PTAR se ha convertido en una quimera.
Dos millonarias consultorías (Consorcio Neiva 2009 – abril del 2011 e Hidrosan SAS en agosto 2.017); uno de los predios adquiridos, ubicado al lado del puente Santander, se compró en 2013 por el valor de $2 664 millones ($1 200 puso la Gobernación y $1464 fueron de recursos propios).
La actualización de los estudios de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental (2019), que le costó $429 millones a EPN, tampoco sirvió. Un total fracaso administrativo. A esto se unen millonarios estudios arqueológicos; desgastes administrativos con el Departamento Nacional de Planeación para la construcción del proyecto que tampoco funcionó.
Se espera, que luego de 20 años, se le de impulso a esta acción judicial que busca proteger los derechos del río más grande del país, que nace en territorio huilense.
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Río sujeto de derechos
En 2019, el juez Víctor Alcides Garzón del Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva, puso el debate público sobre la mesa, al considerar las amenazas que afectan al Rio Magdalena, sus ecosistemas y las medidas que se pueden adoptar para protegerlo.
El togado Garzón señaló la importancia del derecho de todos los ciudadanos al agua y al ambiente sano, consideró los problemas que tiene el río por el vertimiento de aguas servidas y la poca eficiencia de las plantas de tratamiento de aguas residuales de algunos municipios, exigió en su providencia que se asuma el cuidado y protección como un sujeto y no como un objeto, es decir, con derechos al mismo nivel que la población. “Esto implica pasar a una visión ecocéntrica, dejando el antropocentrismo que ha caracterizado hasta ahora del marco legal en Colombia”, indicó.
“No damos ejemplo”
Este medio de comunicación habló con la abogada Elizabeth Quintero Molina, se le preguntó qué la motivaba a realizar esta quijotesca demanda a favor de los derechos del río Magdalena. Dijo que como huilense para ella el agua juega un papel fundamental en el sustento de la agricultura y el sector pecuario de la región.
“La génesis de estas Acciones Populares para mí, fue ver el Río Bogotá en Anapoima donde pasa esta fuente hídrica, pero no hay agua, porque esa agua no se puede potabilizar, pero desemboca en Girardot en el Magdalena; eso mueve a cualquier parroquiano, pero tenemos que dar el ejemplo cómo vamos a exigir a Cundinamarca y a otros departamentos si desde donde nace, nosotros como huilenses, no damos ejemplo”, indicó.
“Obviamente había que iniciar con el Huila, para el caso de Neiva la verdad me sorprendió la respuesta de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que desde el año 2021 habían archivado el expediente de la solicitud presentada por Las Ceibas, a pesar que existe un fallo judicial que data del año 2005, hace veinte años el Honorable Tribunal Administrativo del Huila había ordenado a CORMAGDALENA, a la CAM, al Departamento del Huila, al Municipio de Neiva y a Las Ceibas EPN la construcción de al menos una PTAR en Neiva y es la hora que no se tiene ni la Licencia Ambiental. El Río no puede actuar ante las autoridades, sólo espero ser una voz para que se aúnen esfuerzos y cese un hecho conocido por todos que los neivanos, le arrojamos 1810 litros por segundo de aguas residuales a la arteria fluvial de Colombia, sin contar los residuos sólidos. Nosotros los habitantes de la Capital del Río Magdalena debemos aportar desde donde podemos hacerlo para cuidar el agua”.
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