El gerente de Las Ceibas Empresas Públicas, Andrés Charry, realizó fuertes críticas a lo que considera excesos en los derechos de los trabajadores sindicalizados. Según denunció, algunos operarios solicitan citas médicas en otras ciudades con el propósito de recibir viáticos, lo que incrementa los costos operativos. Charry advirtió que la elevada nómina podría afectar el funcionamiento de la empresa. Sin embargo, desde el sindicato aseguraron que la entidad es solvente y desmintieron que esto represente un perjuicio para la sociedad.
Reducción de la nómina
El sindicato de trabajadores de Empresas Públicas afirmó que la nómina disminuirá debido a que 98 operarios están próximos a pensionarse, lo que reducirá la carga laboral y los costos en salarios. También señalaron que en su momento propusieron que la empresa administrara la recolección de residuos sólidos, una actividad rentable para la entidad, pero que intereses políticos impidieron su implementación.
Debate en el Concejo de Neiva
En el Concejo de Neiva se llevó a cabo un debate de control político liderado por el concejal Juan Diego Amaya, en el que Andrés Charry expuso el análisis de la planta de personal y su costo.
Según Charry, en 2021 la empresa contaba con 150 empleados y destinó $24.633 millones a la nómina, con un promedio de $164 millones por trabajador al año. En 2022, el número de empleados aumentó a 185 y el costo total ascendió a $27.295 millones, con un promedio anual de $151 millones por trabajador. Para 2023, el personal creció a 225 empleados y la nómina alcanzó los $30.904 millones. En 2024, aunque el número de empleados se mantuvo, el costo total se redujo a $29.960 millones, en parte debido a la existencia de cargos vacantes.
El gerente destacó que, en la última vigencia, el costo promedio mensual de un trabajador fue de $11.058.892. Aseguró que su gestión busca recuperar la empresa y hacerla más productiva, señalando que en 2024 se generarán utilidades para la Administración Municipal. Además, sostuvo que la reducción en las utilidades de $8.000 millones en 2023 a $5.000 millones en 2024 refleja un manejo responsable de los recursos y no una disminución en la producción. Según Charry, esta administración ha logrado optimizar la operación sin comprometer la calidad del servicio ni afectar a los usuarios.
Condiciones laborales y propuestas
Charry afirmó que era necesario mejorar las condiciones de los trabajadores nuevos, quienes reciben menores ingresos. Sin embargo, acusó al sindicato de obstaculizar estos cambios y de proteger los intereses de los empleados más antiguos, quienes devengan los salarios más altos. Según sus cálculos, solo en beneficios extralegales, la empresa destina $9.904 millones a los empleados con más antigüedad, sin contar los aportes a seguridad social.
Adicionalmente, explicó que la falta de flexibilidad en las negociaciones ha impedido implementar un modelo de equidad salarial que beneficie a todos los trabajadores. Para Charry, es crucial que la empresa avance hacia un esquema en el que los nuevos empleados tengan las mismas oportunidades que los antiguos, sin que esto implique un gasto excesivo para la entidad.
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Potabilización del agua y facturación
El gerente desmintió afirmaciones del sindicato sobre la posibilidad de aumentar la facturación en $30.000 millones incluyendo el agua no potabilizada. Explicó que la Superintendencia de Servicios Públicos solo permite considerar hasta el 30% del agua no contabilizada, debido a las pérdidas técnicas y el consumo en asentamientos y subsidios de mínimo vital.
No obstante, destacó que el índice de agua no contabilizada ha disminuido del 57% al 52% desde octubre de 2023, y expresó su compromiso de seguir mejorando este indicador. Enfatizó que este avance no solo optimiza los ingresos de la empresa, sino que también contribuye a una gestión más eficiente del recurso hídrico, beneficiando a los ciudadanos que dependen del suministro de agua potable.
Tarifas del servicio de agua
En cuanto a las tarifas del servicio, Charry explicó que los incrementos solo pueden ajustarse de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Recordó que el marco tarifario actual, definido entre 2014 y 2015, tiene vigencia hasta 2026 y que cualquier modificación debe alinearse con las inversiones programadas y aprobadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Adicionalmente, hizo un llamado a la comunidad para que comprenda que las tarifas están reguladas y que cualquier ajuste responde a criterios técnicos y normativos. Insistió en que la empresa no puede aplicar incrementos arbitrarios, sino que debe actuar conforme a la normatividad vigente.
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Negociaciones con el sindicato
El gerente detalló tres propuestas de negociación que presentó al sindicato:
- Incremento salarial basado en el IPC, activación de la prima de salubridad, reglamentación de viáticos y eliminación del auxilio de transporte para quienes ganan más de dos salarios mínimos.
- Aumento del IPC, incremento de la prima de salubridad al 100%, prima de alimentación para todos los trabajadores y auxilio de transporte para los 72 cargos operativos con menores ingresos. Además, se propuso suprimir la dotación para quienes ganan más de dos salarios mínimos.
- Incremento salarial del 15% al 20% para los cargos de menor remuneración, a cambio de que los trabajadores desistieran de una demanda por aumento salarial.
Según Charry, todas las propuestas fueron rechazadas por el sindicato.
Postura del sindicato
Francisco Perdomo, fiscal del sindicato de EPN, aseguró que no hubo una verdadera negociación salarial y desmintió que la empresa esté en crisis. Argumentó que la reducción en la nómina es inminente, ya que en tres años el número de empleados antiguos disminuirá de 98 a 48, lo que generará un ahorro de más de $3.000 millones anuales.
Carlos Silva, presidente del sindicato, destacó que su gestión evitó la privatización de la empresa. Además, criticó el poco espacio otorgado al sindicato para exponer su postura en el debate del Concejo.
Reflexión final
El concejal Juan Diego Amaya concluyó que, más allá de las diferencias entre la administración y el sindicato, la prioridad debe ser el bienestar de los 134.000 usuarios de Las Ceibas. Expresó su preocupación por comunidades como Manzanares IV Etapa, donde las lluvias provocan el retorno de aguas residuales, y Alto Horizonte, donde los desechos afectan las viviendas. Subrayó la importancia de que la empresa garantice un servicio eficiente y sostenible para los ciudadanos de Neiva.
