El debate sobre el salario mínimo en Colombia vuelve a estar en el centro de la agenda. El anuncio de un posible incremento por decreto en 2026, sumado a la reciente entrada en vigor de la reforma laboral, ha generado inquietud en el sector empresarial, especialmente en el comercio, los supermercados y los almacenes. Las advertencias de Fenalco apuntan a un escenario de mayores costos y menor capacidad de generar empleo formal.
La preocupación de los empresarios se fundamenta en cifras. Según una encuesta del gremio, el 71% percibe que la reforma ha elevado de manera alta o muy alta los costos laborales, mientras que más de la mitad considera que las medidas han incrementado la informalidad en sus sectores. El recargo por trabajo en domingos y festivos, que puede llegar al 100%, y la obligatoriedad de priorizar contratos a término indefinido son vistos como limitaciones a la flexibilidad operativa.
Por otro lado, la visión de los trabajadores y del Gobierno parte de un principio ineludible: la necesidad de garantizar mejores condiciones laborales. Durante años, amplios sectores de la fuerza de trabajo han enfrentado contratos precarios, bajos ingresos y dificultades para acceder a seguridad social. El fortalecimiento del Fomag, los recargos por jornadas especiales y la formalización contractual buscan responder a esas carencias históricas.
El dilema se presenta en cómo equilibrar estos objetivos. La reforma laboral apunta a dignificar el empleo, pero el riesgo de que los costos adicionales desincentiven la contratación es real. La encuesta de Fenalco refleja que un 35% de las empresas prevé disminuir su planta de personal en lo que resta de 2025, y que el 75% percibe que la reforma está incentivando esquemas informales.
El debate sobre el salario mínimo debe tener en cuenta estas tensiones. Un aumento por encima de la inflación puede mejorar los ingresos de los trabajadores, pero también comprometer la sostenibilidad de empresas que ya enfrentan un entorno de bajo consumo y alta inflación en alimentos.
El reto para el país es construir consensos que permitan avanzar hacia mejores condiciones laborales sin deteriorar el tejido empresarial. La concertación entre Gobierno, empresarios y trabajadores es clave para definir un aumento del salario mínimo que sea socialmente justo y económicamente viable. La estabilidad del empleo y la competitividad del comercio dependen de que se logre ese difícil equilibrio.
En este contexto, la discusión no debería centrarse únicamente en el monto del salario mínimo o en los costos adicionales que trae la reforma, sino en una visión integral de política laboral y productiva. La clave estará en promover simultáneamente la formalización, el fortalecimiento empresarial y la protección social. Para lograrlo, se requiere un marco regulatorio estable y previsible, acompañado de incentivos a la inversión y al empleo formal. Solo así será posible garantizar que los avances en materia de derechos laborales no se traduzcan en retrocesos en la generación de empleo y en la competitividad del país.
