Por: Felipe Rodríguez Espinel
Colombia vuelve a enfrentar uno de sus más oscuros déjà vu. El llamado Plan Pistola implementado por el Clan del Golfo y otros grupos armados ha resurgido con una intensidad alarmante, superando incluso las cifras de violencia que se registraron en la época de Pablo Escobar. A la fecha, 18 policías y cuatro soldados han sido asesinados en una ofensiva coordinada que sacude los cimientos de nuestra institucionalidad.
Lo más preocupante no es solo el número de uniformados caídos, sino la normalización de una estrategia criminal que ya probó ser devastadora para el tejido social colombiano. Estamos ante un fenómeno que podría superar las cifras registradas durante el auge del Cartel de Medellín entre 1989 y 1992.
Este resurgimiento del terror sistemático contra la fuerza pública evidencia una falla estructural en nuestra capacidad de aprender de la historia. El Estado colombiano parece condenado a repetir sus errores, mostrando una lentitud institucional para anticipar amenazas que siguen patrones claramente identificables. El Clan del Golfo ha implementado esta sangrienta estrategia cada vez que uno de sus líderes cae, con una previsibilidad que contrasta con la aparente sorpresa gubernamental.
La actual oleada de violencia, desatada tras la muerte del cabecilla alias Chirimoya, era absolutamente previsible. Sin embargo, las respuestas estatales han sido reactivas. Recompensas monetarias, permisos para portar armas en tiempos de descanso y restricciones de movilidad en zonas críticas. Medidas necesarias, pero insuficientes ante un fenómeno que requiere soluciones estructurales.
Esta violencia selectiva contra representantes del Estado no solo busca debilitar la presencia institucional, sino que envía un mensaje devastador a las comunidades. El poder real no reside en las autoridades legítimas sino en quienes ejercen la violencia. Esta subversión del orden social normaliza la criminalidad como vía de ascenso económico y desdibuja la frontera entre legalidad e ilegalidad.
Los anuncios presidenciales sobre reuniones especiales para enfrentar al Clan del Golfo y la oferta simultánea de salidas jurídicas para quienes decidan el camino de la Paz, revelan una profunda contradicción en la estrategia gubernamental. No se puede combatir eficazmente lo que no se entiende en su complejidad estructural.
El Plan Pistola actual no es solo una estrategia criminal; es el síntoma de una fractura social profunda que hemos normalizado. Cuando asesinar policías se convierte en un trabajo rentable, cuando jóvenes vulnerables ven en el sicariato una salida económica, cuando las comunidades evitan asociarse con uniformados por temor a represalias, estamos ante el fracaso del contrato social básico.
La pregunta que debemos hacernos no es cómo detener el próximo ataque, sino cómo reconstruir la legitimidad estatal en territorios donde nunca ha sido realmente efectiva. La disyuntiva no es entre mano dura o diálogo, sino entre construir Estado integral o seguir pagando el precio de su ausencia. Mientras no abordemos esta cuestión fundamental, seguiremos contando uniformados caídos y repitiendo ciclos de violencia que nos devuelven, una y otra vez, a nuestros fantasmas más oscuros.
