La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió sobre un agravamiento estructural del derecho a la salud en el país, derivado del incremento sostenido de barreras para acceder a medicamentos esenciales, especialmente en zonas rurales, étnicas y con baja conectividad.
El estudio, basado en 3.449 encuestas y datos de 19 departamentos, revela que el costo de adquirir un medicamento no entregado por el sistema puede representar entre el 7% y el 90% de los ingresos mensuales de una persona, comprometiendo derechos fundamentales como la alimentación, la educación y la vivienda digna.
Medicamentos ausentes y desigualdades profundas
La Defensoría reportó, con corte a septiembre de 2025, 584 medicamentos no entregados y un 48% de casos aún sin resolver. Entre los fármacos con más reportes figuran Metformina, Valsartán y Losartán, indispensables para enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión.
“Los problemas de acceso a medicamentos afectan a personas de todo el territorio nacional, sin distinción de régimen, y presentan elementos de regresividad. Las alteraciones en la cadena logística privilegian el interés comercial sobre el institucional”, explicó la defensora durante la audiencia pública en Barranquilla.
El 61% de los encuestados afirmó haber tenido que comprar los medicamentos por su cuenta, lo que, según el informe, profundiza la desigualdad y pone en riesgo la salud de las poblaciones más vulnerables.
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Un panorama judicial que refleja la crisis
Entre enero de 2020 y agosto de 2025, se registraron 1.003.147 tutelas por el derecho a la salud, de las cuales el 36,8% correspondió a la entrega tardía de medicamentos o insumos médicos.
Solo en 2025, la Defensoría ha interpuesto 18.451 tutelas, de las cuales un 24% están relacionadas con la negación de medicamentos esenciales. Los departamentos con más casos fueron Quindío (14%), Caldas (12%) y Antioquia (8%).
A la par, la Superintendencia Nacional de Salud reportó 685.000 reclamos por medicamentos, y la Defensoría recibió 107.000 quejas entre 2022 y 2025, con un incremento del 32% en 2024 frente al año anterior.
Factores estructurales de la crisis
El informe identifica múltiples causas detrás del deterioro del sistema:
- Falta de transparencia y rendición de cuentas de EPS, IPS y gestores farmacéuticos.
- Retrasos en pagos y deudas acumuladas que afectan la disponibilidad de medicamentos.
- Distorsión en la cadena logística, que prioriza el canal comercial privado.
- Barreras administrativas y cambios frecuentes de gestores farmacéuticos sin capacidad operativa suficiente.
Los departamentos más afectados son Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia, seguidos por La Guajira, Arauca, Amazonas, Putumayo, Nariño, Córdoba y Caldas, entre otros.
“La inequidad social y económica es la causa estructural de esta crisis. Mientras persista, será imposible lograr una atención en salud universal y efectiva”, enfatizó Marín Ortiz.
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