Al gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, le resta un año de su gestión gubernamental, para que pueda cumplir parte de los propósitos que se encuentran condensados en el Plan Nacional de Desarrollo, “Colombia Potencia Nacional de la Vida”. Es indispensable que hagan una reingeniería en su equipo de gobierno renovado, si pretende hacer crisis de Gabinete, de acuerdo con lo manifestado en los consejos de ministros, que han sido inferiores a lo establecido en su agenda gubernamental. A la fecha ha cambiado 55 ministros y 155 viceministerios, lo cual ha generado en el ambiente de la opinión pública, una ineptitud e incompetencia para manejar los asuntos de Estado, creándole un panorama adverso del constituyente primario. Durante sus reiterados discursos que les expresa a las organizaciones sociales, se han caracterizado por una retórica barata, llena de sesgos ideológicos, amenazas a los poderes públicos, ataques al sector empresarial y a todos los actores que le contradicen sus ideas populistas e incoherentes, que no plantean soluciones racionales a las verdaderas problemáticas sociales, políticas y económicas que afrontan los agentes económicos del país. Y el avance exponencial de la criminalidad en el territorio colombiano, es abismal. Más de 800 municipios están sometidas al accionar delincuencial y el gobierno nacional ha sido inferior para dar respuesta a este fenómeno que tiene atemorizada a las familias colombianas.
Igualmente, la extorsión se ha convertido en la principal fuente de financiamiento de los grupos narcoterroristas. Y es una de las causas que están generando la crisis empresarial en el país. Se están cerrando las empresas y muchas están trasladando sus iniciativas a otros países. No encuentran en el país, el terreno abonado para su desarrollo y consolidación. Igualmente, el abultado déficit fiscal que enfrenta hoy Colombia es una manifestación concreta de las fallas estructurales del Estado: su tamaño desbordado, su ineficiencia y su falta de rendición de cuentas sobre la gestión en la administración de los recursos públicos. Esta situación afecta directamente las libertades de los ciudadanos, que enfrentan mayores cargas tributarias para sostener un aparato estatal costoso y poco efectivo. Además, no hay plata para atender todas las demandas sociales de las organizaciones sociales, ni para apoyar los proyectos de inversión en las regiones. Y buscan siempre culpar a sus antecesores de su inefectividad e ineficacia, sin dar resultados a las familias.
Decisiones erradas como prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos, les están pasando factura en los recaudos tributarios, junto con la anemia que padecen los agentes económicos que ha venido dejando de tributar al fisco nacional. No se han tomado medidas correctivas, en medio de un deterioro del entorno productivo formal y solo lo plantean con una errada discursiva, que solo han contribuido a reforzar la incertidumbre sobre la ejecución de la inversión pública en sectores claves para el crecimiento económico.
