Por: María del Carmen Jiménez
Hace décadas la democracia en Colombia ha estado en emergencia, por el irrespeto al Estado Social de Derecho, por parte de múltiples gobiernos y algunos miembros de los órganos del poder público.
Esto se traduce en las flagrantes violaciones a los derechos humanos, las inequidades, la desigualdad, la corrupción y la injusticia social. Han gobernado, legislado y hasta juzgado acorde con los intereses de los oligopolios y las élites de este país desconociendo la Constitución las Leyes y la soberanía popular.
Un ejemplo de la tragedia de violación de los derechos humanos es el caso de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Territorio que fue escenario durante décadas de violencia por parte de distintos actores armados: guerrillas, paramilitares y fuerza pública.
El 21 de febrero de 2005 en el mandato de la seguridad democrática fueron asesinadas ocho personas entre ellas tres niños, por una operación conjunta entre paramilitares y miembros del Ejercito Nacional. Este hecho generó la condena nacional e internacional que obligó a la reparación simbólica. Tanto el Consejo de Estado, como la Corte Internacional de Derechos Humanos CIDH responsabilizaron al Estado Colombiano por su participación y omisión en violaciones ocurridas en este corregimiento.
Esta reparación alude a actos no monetarios que tienen como propósito dignificar a las víctimas, restituir su honra y reconocer la responsabilidad del Estado a través de actos públicos de perdón, publicación de la sentencia en medios oficiales, implementación de programas de memoria garantías de no repetición entre otros.
El presidente Petro el pasado jueves ofreció disculpa pública a la comunidad de San José en un acto realizado en Casa de Nariño. Se refirió a la impunidad que aún rodea los crímenes contra ellos entre 1997 y 2007 considera que este fue un acto de ignominia y sostuvo que la democracia no se resume solo en la independencia de poderes al señalar que la justicia se corrompe y alimenta la impunidad “los generales se venden y por eso permiten que sus tropas asesinen al pueblo, y los congresistas que hacen las leyes se venden, sus financiadores son los asesinos, porque financiaron el paramilitarismo”.
A pesar de estas medidas la comunidad resalta que el reconocimiento estatal ha sido tardío y limitado. La reparación integral que incluye lo simbólico pero también lo material, psicológico, y jurídico no se ha cumplido en su totalidad. Se requiere un compromiso más profundo con la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición.
