El Gobierno presentó una versión ajustada de la Reforma Tributaria 2025, eliminando algunos de los impuestos más polémicos y modificando otros para lograr apoyo político en el Congreso. La nueva propuesta reduce la meta de recaudo y redefine qué sectores y actividades asumirán una mayor carga fiscal.
DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
En su esfuerzo por destrabar la discusión política, el Gobierno retiró del texto varias medidas que generaron amplio rechazo en distintos sectores. Una de las más controversiales fue el impuesto a los ingresos comerciales de las iglesias. La propuesta buscaba gravar actividades no directamente relacionadas con el culto, pero terminó archivada para evitar un choque con importantes sectores sociales.
También se descartó la elevación de la tarifa máxima del impuesto de renta para las personas naturales con ingresos más altos. La medida, que apuntaba a subir la carga tributaria de quienes devengan más de 31.000 UVT, no alcanzó consenso y finalmente salió del articulado. Con ello, el Gobierno cede terreno en su intención inicial de aumentar la progresividad del sistema.
Otra propuesta eliminada fue el sobreticket para eventos culturales y deportivos de más de 500.000 pesos. Esta idea había molestado al sector del entretenimiento por el impacto directo sobre la asistencia masiva y la dinámica económica de estos eventos. Su eliminación fue vista como un alivio para promotores, artistas y organizadores.
Qué impuestos siguen en pie o se ajustaron
Pese a los recortes, la reforma mantiene varios gravámenes que afectan actividades de consumo, inversión y producción.
La propuesta conserva el IVA para vehículos híbridos, aunque introduce una diferenciación importante: los híbridos enchufables conservarían una tarifa del 5 %, mientras que los demás pagarían la tarifa general. Este ajuste busca incentivar tecnologías menos contaminantes sin exonerar completamente el segmento.
El impuesto a las bebidas alcohólicas también se mantiene, con un esquema mixto que combina un porcentaje sobre el valor y una tarifa por grado alcoholimétrico. La tarifa por grado se redujo respecto a versiones previas del proyecto, después de negociaciones con la industria licorera, pero el impacto sobre el precio final seguiría siendo significativo.
Las rifas, apuestas y juegos de suerte verían un aumento en su tasa impositiva, que pasaría del 20 % al 30 %. La medida se basa en la idea de que este sector puede aportar más y no afecta productos esenciales.
Los dividendos enviados al exterior serán gravados a una tarifa más alta, lo que aumenta la contribución de empresas con operaciones internacionales. A esto se suma la continuidad del impuesto al patrimonio, que se mantiene con un umbral más bajo para ampliar la base de personas naturales obligadas a pagar. La tarifa podría llegar al 5 %, dependiendo del nivel de riqueza declarada.
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El Gobierno también conserva la sobretasa para entidades financieras, que mantendrían una carga tributaria total cercana al 50 %. Asimismo, se incluye un gravamen del 1 % para la primera venta o exportación de petróleo y carbón, buscando formalizar un impuesto que ya se venía aplicando de manera transitoria.
Recaudo esperado y nuevas metas
Con los ajustes introducidos, el Ejecutivo redujo sus expectativas de recaudo a 16,3 billones de pesos para 2026, unos 10 billones menos que en la propuesta original. El recorte tiene como propósito asegurar gobernabilidad y evitar un desgaste político mayor, pero plantea desafíos para las metas fiscales del Estado.
Impacto general de la reforma
Los cambios redistribuyen la carga fiscal entre sectores. Iglesias, actividades culturales y personas de altos ingresos quedan sin nuevos impuestos. Por otro lado, consumidores de alcohol, usuarios de vehículos híbridos no enchufables, apostadores, contribuyentes con patrimonio elevado, entidades financieras y empresas con utilidades enviadas al exterior asumirán mayores cargas.
La reforma aún deberá enfrentar el debate legislativo, donde podrían surgir nuevos ajustes. Por ahora, el Gobierno apuesta a un equilibrio entre recaudo, sostenibilidad fiscal y viabilidad política.
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