El Congreso de la República decidió aplazar nuevamente la discusión y votación de la nueva reforma tributaria, complicando la estrategia financiera del Gobierno y generando incertidumbre sobre los recursos para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
La nueva reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro sigue enfrentando dificultades en el Congreso. El 2 de diciembre de 2025, se anunció el aplazamiento del debate y la votación de la iniciativa, originalmente programada para esa fecha, y se reprogramó para el 10 de diciembre a las 9:00 a.m. La decisión se produce en un contexto político marcado por divisiones y dificultades para consolidar los apoyos necesarios.
El proyecto, conocido también como ley de financiamiento, tiene como objetivo recaudar 16,3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 y garantizar la sostenibilidad fiscal del país. La cifra representa un recorte frente a la propuesta inicial, que contemplaba ingresos por 26,3 billones de pesos, tras un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso para facilitar la aprobación del presupuesto.
El avance más reciente del proyecto se dio el 26 de noviembre, cuando la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes discutió y votó dos ponencias negativas y una de archivo. La Comisión rechazó las iniciativas, lo que permitió que el proyecto continuara su trámite, dado que se requiere el respaldo de las cuatro comisiones para aprobar una ponencia de archivo. Sin embargo, la sesión fue interrumpida por la falta de quórum después de que varios congresistas abandonaran el recinto, un hecho que algunos calificaron como una estrategia para frenar el avance de la reforma.
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Respecto al contenido, la reforma tributaria ya experimentó varios cambios respecto a la versión original. Entre las medidas eliminadas destacan el aumento del IVA a los combustibles, gravámenes a actividades de las iglesias fuera de los cultos, sobretasa al sector carbón, modificaciones en las tarifas del impuesto de renta y de la boletería de espectáculos, eliminación de la deducción de 72 UVT para dependientes, descuento del 19 % a dividendos, gravamen a rendimientos financieros por inflación, y ajustes al IVA de vehículos híbridos y envíos postales.
Sin embargo, otras medidas se mantienen vigentes en el proyecto. Entre ellas se incluyen el IVA del 19 % para licores como aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka y vinos; el IVA del 19 % para juegos de suerte y azar en línea; la modificación del hecho generador del impuesto al patrimonio, fijado en 40.000 UVT (aproximadamente 2.000 millones de pesos), y el aumento de algunas tarifas relacionadas con este impuesto.
El ambiente político en el Congreso ha sido tenso, con divisiones claras y estrategias para frenar la aprobación de la reforma. El presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, Wilmer Castellanos, señaló que se permitiría que las cuatro comisiones se pronunciaran sobre las ponencias, aunque sostuvo que el voto negativo de la Comisión Tercera ya sería suficiente para negar las propuestas de archivo. En la Comisión Cuarta, la votación no se completó debido a la salida de varios congresistas, lo que afectó el quórum necesario para aprobar cualquier decisión.
La falta de apoyos suficientes en las comisiones económicas del Senado también genera incertidumbre. Diez de los 17 senadores de la Comisión Tercera firmaron la ponencia de archivo, lo que podría significar el rechazo de la reforma. En la Comisión Cuarta se anticipan nueve votos negativos de un total de 15, lo que también pondría en riesgo la continuidad del proyecto.
Para intentar avanzar en la discusión, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, asistió el 2 de diciembre a las Comisiones Económicas del Congreso. Su presencia tuvo como objetivo resaltar la importancia de la reforma para garantizar la estabilidad fiscal del país y asegurar los recursos necesarios para programas sociales e inversiones prioritarias del Gobierno. Ávila Plazas reiteró el compromiso de continuar trabajando en acuerdos que fortalezcan las finanzas públicas y permitan avanzar en la aprobación del proyecto.
La nueva postergación del debate evidencia los retos políticos que enfrenta la iniciativa y la complejidad de consolidar los apoyos en un Congreso dividido. Con el aplazamiento, la discusión continuará el 10 de diciembre, mientras persiste la incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para obtener los recursos necesarios para financiar el presupuesto de 2026.
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