Por: Felipe Rodríguez Espinel
La reciente designación de Germán Ávila como Ministro de Hacienda marca un punto de inflexión en la política económica colombiana. Sus primeras declaraciones revelan un cambio de paradigma en la concepción del Ministerio, que pasaría de ser un ente técnico con cierta autonomía a convertirse en un brazo ejecutor de la agenda presidencial.
La propuesta de una nueva ley de financiamiento centrada en sectores específicos como los juegos de azar, genera inquietudes sobre su viabilidad fiscal. Si bien es cierto que algunos sectores pueden tener espacio para una mayor contribución tributaria, la experiencia internacional demuestra que las reformas focalizadas suelen generar distorsiones en la asignación de recursos y, paradójicamente, pueden estimular prácticas de elusión fiscal más sofisticadas.
El desmarque explícito del nuevo Ministro respecto a los gremios económicos y mercados internacionales plantea interrogantes sobre la construcción de consensos económicos. Las políticas económicas exitosas han sido aquellas que, sin renunciar a objetivos redistributivos, mantienen un diálogo pragmático con los diversos actores económicos. La polarización raramente conduce a buenos resultados en materia de desarrollo.
Particularmente preocupante resulta la postura frente al Banco de la República. La presión por reducciones más agresivas de las tasas de interés podría comprometer la independencia técnica de la autoridad monetaria, principio que ha sido fundamental para la estabilidad macroeconómica colombiana en las últimas décadas. Cuando la política monetaria se subordina a objetivos políticos de corto plazo, las consecuencias suelen ser inflación, volatilidad cambiaria y, eventualmente, deterioro del poder adquisitivo de los más vulnerables.
El planteamiento sobre el control a la evasión fiscal resulta pertinente. Colombia efectivamente presenta niveles elevados de evasión y elusión que deben ser abordados con rigor técnico. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de la capacidad institucional de la DIAN para implementarlas y de la coherencia del marco legal que las respalde.
En cuanto al ajuste en el precio del ACPM, representa un avance hacia la eliminación gradual de subsidios a los combustibles fósiles, una medida que, aunque impopular, es necesaria tanto desde una perspectiva fiscal como ambiental. No obstante, este tipo de ajustes requieren una implementación cuidadosa que considere los impactos sobre cadenas logísticas y precios de alimentos.
Frente al déficit fiscal proyectado y los niveles de deuda pública requieren acciones contundentes que vayan más allá de medidas tributarias focalizadas. La experiencia internacional enseña que, sin sostenibilidad fiscal, los objetivos sociales se vuelven inalcanzables en el mediano plazo.
La legitimidad democrática que el Ministro invoca es indiscutible, pero también lo es la obligación constitucional de velar por la estabilidad macroeconómica del país. La verdadera prueba de fuego para esta administración no será su capacidad para desafiar consensos establecidos, sino para construir nuevos equilibrios económicos que promuevan simultáneamente el crecimiento, la equidad y la sostenibilidad.
La verdadera transformación económica provendrá no de rupturas radicales con el pasado, sino de reformas estructurales consensuadas que construyan sobre lo alcanzado, corrigiendo deficiencias y ampliando oportunidades para todos los colombianos.
