La reforma pensional, en revisión por la Corte Constitucional, permitiría que hasta el 80 % de los aportes que realicen los colombianos para su pensión se utilicen de forma inmediata para financiar mesadas en el régimen público, generando preocupaciones por la sostenibilidad del sistema y el futuro de los fondos acumulados.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
Con la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024, aún pendiente del pronunciamiento de la Corte Constitucional, el sistema pensional colombiano experimentaría un giro radical en la manera como se destinan los aportes de los trabajadores. Según cálculos del gremio Asofondos, cerca del 80 % de estos recursos irían directamente a financiar pensiones ya existentes en Colpensiones, y apenas un 20 % se ahorraría a través del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc), administrado por el Banco de la República.
Esto representa una desviación preocupante frente al ideal de un sistema sostenible, en el cual la totalidad de las cotizaciones debería acumularse para garantizar pensiones futuras. Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, advierte que este modelo generará un pasivo pensional que podría alcanzar el 160 % del producto interno bruto (PIB), debido a que los recursos actuales no se están ahorrando y, al final, las pensiones pagadas superarán ampliamente los aportes recibidos.
“De los 2,3 puntos del PIB que se deberían ahorrar anualmente, apenas se empieza con 0,5 puntos; el resto, es decir 1,8 puntos, se gasta en pensiones vigentes. Esto es negativo para la sostenibilidad del sistema”, afirmó Velasco, al señalar que los parámetros definidos en el artículo 24 de la ley comprometen gravemente las finanzas futuras.
La norma establece que los ingresos por cotizaciones destinados al régimen de prima media serán del 1,8 % del PIB en los primeros tres años, para ir disminuyendo gradualmente hasta alcanzar el 1 % en 2051. Aun así, la carga fiscal generada en este lapso podría comprometer seriamente la estabilidad del sistema.
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Fondos en riesgo
A esto se suma el riesgo que enfrentan recursos como el Fondo de Garantía de Pensión Mínima (Fgpm), integrado por aportes de los afiliados a los fondos privados, y que tiene como finalidad garantizar pensiones mínimas a quienes no logren acumular lo suficiente. El Decreto 514 de 2024 permite el uso de estos fondos para financiar mesadas de Colpensiones, lo que ha generado rechazo por parte de expertos y gremios del sector.
Velasco insiste en que desviar recursos del Fgpm hacia otros fines distintos a su propósito original generará una “desacumulación” riesgosa: “Estos fondos no deben tocarse. Su utilización en el RPM no solo es ilegal, sino injusta con los millones de cotizantes que han aportado pensando en su propia pensión”.
Demora en implementación
Además de los cuestionamientos financieros, hay incertidumbre en torno a la implementación técnica de la reforma. Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, solicitó recientemente a la Corte Constitucional que la ley no entre en vigencia inmediatamente tras su revisión, sino al menos tres meses después de emitida la sentencia. El objetivo es disponer del tiempo suficiente para formalizar contratos, desarrollar infraestructura tecnológica y garantizar una transición ordenada.
Asofondos también ha pedido una fecha clara para el inicio de la reforma, advirtiendo que muchos procesos normativos y operativos están en pausa debido a la revisión constitucional. Una entrada en vigor repentina podría generar caos en la administración y recepción de los recursos.
Un futuro incierto
Actualmente, el sistema pensional colombiano administra más de 550 billones de pesos, incluyendo los recursos del Fgpm. Si bien la intención de la reforma es ampliar la cobertura y garantizar una vejez digna a millones de colombianos, su diseño y aplicación práctica siguen generando alertas entre expertos, gremios y entidades económicas como Anif.
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