La reforma pensional, uno de los proyectos más emblemáticos del presidente Gustavo Petro, entró en una etapa decisiva luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional no lograra una mayoría para definir su futuro. La discusión terminó en un empate 4-4, lo que obligó a acudir a un conjuez, figura extraordinaria que se activa cuando no hay consenso entre los magistrados.
El encargado de desempatar será Carlos Pablo Márquez Escobar, seleccionado por sorteo entre los conjueces disponibles. Márquez fue postulado por el magistrado Miguel Polo Rosero, uno de los togados que respaldó la constitucionalidad de la reforma.
Cómo se llegó al empate
Cuatro magistrados se inclinaron por hundir la reforma:
- Jorge Enrique Ibáñez, ponente de la demanda,
- Lina Escobar,
- Paola Meneses, vicepresidenta de la Corte,
- Carlos Camargo Assis, recientemente posesionado.
Estos magistrados consideraron que los vicios de trámite señalados en el análisis judicial no fueron corregidos adecuadamente por la Cámara de Representantes, lo que, a su juicio, mantenía en pie las irregularidades del proceso legislativo.
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En contraste, votaron por mantener la reforma:
- Vladimir Fernández, presidente de la Corte,
- Natalia Ángel,
- Miguel Polo Rosero,
- Juan Carlos Cortés González.
Para este grupo de magistrados, los ajustes realizados por el Congreso fueron suficientes para subsanar los reparos iniciales.
El perfil del conjuez que definirá el futuro de la reforma
Tras verificarse el empate, la Corte procedió al sorteo entre los conjueces, como lo establece el reglamento interno. El nombre seleccionado fue el de Carlos Pablo Márquez Escobar, abogado con un perfil académico y técnico ampliamente reconocido.
Márquez es abogado de la Universidad Javeriana, magíster en Economía por la misma institución, cuenta con una maestría en Derecho de la Escuela de Derecho de Harvard y un doctorado en Derecho de la Universidad de Oxford. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad en el sector público: fue superintendente delegado para la Protección de la Competencia en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y también ejerció como regulador en la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
Con su designación, Márquez tendrá la responsabilidad de emitir el voto que incline la balanza hacia la constitucionalidad o la caída definitiva del proyecto. Solo después de su decisión la Corte podrá adoptar un fallo definitivo.
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