El mayor logro legislativo del presidente Gustavo Petro, la reforma pensional que busca ampliar la cobertura y fortalecer el control estatal del sistema, está al borde de la anulación por parte de la Corte Constitucional. La causa: serias irregularidades en su aprobación y un escándalo de corrupción que involucra a altos excongresistas y funcionarios cercanos al mandatario.
En medio de una de las investigaciones por corrupción más graves de los últimos años, la estabilidad jurídica y política de Colombia se tambalea. La reciente captura de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, ha puesto en jaque el futuro de la reforma pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro, una de sus banderas principales desde que llegó al poder en 2022.
Ambos excongresistas están señalados de haber recibido sobornos para garantizar la aprobación de reformas clave del Gobierno, entre ellas la ley que transforma el sistema pensional del país. Con estos arrestos, la Corte Constitucional ha solicitado los expedientes del caso penal, incluyendo testimonios de congresistas y funcionarios públicos, para determinar si la aprobación de la reforma fue contaminada por actos ilícitos.
El riesgo de anulación de la reforma ya existía, incluso antes del escándalo. Analistas advertían sobre irregularidades en el trámite legislativo, como la falta de debate en la Cámara de Representantes y la aceleración del proceso para cumplir con los plazos establecidos. Sin embargo, la inclusión de actos de corrupción en el expediente complica aún más el panorama.
“La probabilidad de que la reforma sea tumbada es mayor ahora. Su legitimidad se cuestiona no solo por errores de forma, sino también por el posible uso de prácticas corruptas”, advirtió Mario Gómez, socio director en Colombia de la firma Prospectiva Public Affairs LatAm.
La reforma: logros y polémicas
Aprobada en 2024, la reforma pensional propone un cambio estructural en el sistema de pensiones colombiano. Entre sus medidas más destacadas está la creación de un fondo de ahorro administrado por el Banco de la República, el fortalecimiento del sistema público frente al privado, y la entrega de subsidios a adultos mayores en condición de pobreza.
Para Petro, este proyecto representaba no solo un triunfo legislativo, sino un avance clave en su agenda de justicia social. Desde su campaña, el mandatario prometió reformar el modelo pensional para hacerlo más equitativo y sostenible. Sin embargo, que esta victoria se vea empañada por denuncias de corrupción representa un revés simbólico y político de gran magnitud.
Funcionarios implicados
La situación se complica aún más por las implicaciones de funcionarios cercanos a la Casa de Nariño. El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, uno de los aliados más leales de Petro, ha sido salpicado en la investigación. Un exasesor lo acusa de tener conocimiento previo del esquema de sobornos. Bonilla, por su parte, ha rechazado categóricamente cualquier participación en hechos ilegales.
De confirmarse que los sobornos fueron determinantes en el trámite legislativo, la Corte Constitucional podría declarar inconstitucional la ley antes de su entrada en vigencia, programada para el 1 de julio de este año.
Riesgo político: más confrontación
Los efectos de una eventual caída de la reforma serían múltiples. En primer lugar, implicaría un severo golpe para el Gobierno en términos de credibilidad y capacidad de gobernar. Pero también podría marcar una radicalización en la postura del presidente Petro frente a las instituciones, como lo advirtió el analista Jorge Restrepo, director del grupo CERAC.
“Si el tribunal tumba la reforma, podríamos ver un presidente aún más confrontacional con las cortes y con el Congreso. El Gobierno ya está desorganizado, y este fallo sería una herida profunda”, explicó Restrepo.
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En un escenario de fragmentación política y creciente desconfianza institucional, la incertidumbre se apodera del país. Petro, que llegó con la promesa de acabar con la corrupción y transformar el sistema social, ahora se enfrenta al riesgo de que su mayor reforma sea derribada por los mismos vicios que prometió erradicar.
¿Y ahora qué?
La Corte Constitucional tiene en sus manos no solo una decisión técnica, sino también un veredicto con amplias repercusiones sociales y políticas. Si considera que hubo corrupción y violaciones al debido proceso, la ley deberá ser anulada. En ese caso, el Gobierno tendría que volver a iniciar el trámite legislativo desde cero, esta vez bajo un ambiente de mayor escrutinio.
Lo cierto es que el tiempo corre. A pocas semanas de la fecha prevista para la implementación de la nueva ley, el futuro de la reforma pensional pende de un hilo.
