La entrega de las actas de las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio sigue en suspenso. La Cámara de Representantes pidió una prórroga para cumplir con la orden del alto tribunal, lo que mantiene en vilo el futuro de la Ley 2381 de 2024.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
La Reforma Pensional del Gobierno de Gustavo Petro, aprobada a mediados de 2024 como Ley 2381, enfrenta un nuevo obstáculo en su camino hacia la implementación. La Cámara de Representantes solicitó a la Corte Constitucional una extensión de plazo para entregar las actas de las sesiones del 27 y 28 de junio, documentos que resultan fundamentales para comprobar si se corrigieron los vicios de trámite detectados en el último debate de la iniciativa.
El presidente de la Cámara, Julián López, radicó la petición el pasado 12 de septiembre ante la Secretaría General de la Corte, en cabeza de Andrea Romero López. En la comunicación explicó que el motivo de la demora obedece al alto volumen de información requerido y a la necesidad de revisar con detalle los registros de esas jornadas. La solicitud se enmarca en los reiterados requerimientos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, ponente del caso, quien ha insistido desde junio en la entrega de los documentos.
La orden de la Corte
El 9 de septiembre, el magistrado Ibáñez expidió un auto en el que ordenó a la Cámara enviar, en un plazo máximo de dos días hábiles, la certificación sobre la aprobación de las actas correspondientes. La Corte exigió además que se detallara la fecha en que fueron aprobadas, el número de votos alcanzados y, en caso de estar pendientes, las razones que explican esa situación.
La solicitud incluyó también copias de los órdenes del día en los que se tramitó la discusión y votación de las actas. Estos requerimientos ya habían sido formulados en autos del 11 y 25 de agosto. Sin embargo, tres meses después del primer llamado, la información sigue sin ser remitida en su totalidad.
El alto tribunal considera que la falta de estos documentos impide contar con un acervo probatorio suficiente y confiable para avanzar en la revisión de la constitucionalidad de la Ley 2381. En consecuencia, la entrada en vigor de la reforma, prevista inicialmente para julio de 2025, permanece en suspenso.
Puede leer: Esperanza Gómez anuncia demanda contra Instagram tras fallo de la Corte Constitucional
Origen del conflicto
El proceso judicial se originó a raíz de la demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien denunció irregularidades en la aprobación de la Reforma Pensional. Según su planteamiento, la Cámara de Representantes omitió debates reglamentarios, lo que constituye un vicio de procedimiento.
La Corte Constitucional halló mérito en los argumentos y ordenó subsanar el error. En respuesta, la Cámara convocó sesiones extraordinarias los días 27 y 28 de junio. Sin embargo, ahora corresponde verificar si dichas jornadas se ajustaron a lo dispuesto por el alto tribunal.
Tensión política
La demora en la entrega de la documentación ha avivado el debate político. El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó duramente la actuación del magistrado Ibáñez, asegurando que sus decisiones “acaban y destruyen el beneficio para millones de viejos y viejas en el país”. En sus declaraciones señaló que los requerimientos han sido excesivos: “Pidió una subsanación que nunca había pasado en el país. Después viene la subsanación. Luego dice que hay que votar las actas. Se votan las actas. Y ahora pide cómo fue la votación”.
Desde la oposición, la congresista Lina María Garrido, de Cambio Radical, respondió a Benedetti con un fuerte cuestionamiento. “Hoy se cumple el quinto plazo que dio la Corte y Benedetti, haciendo el ridículo, ataca al magistrado Ibáñez por cumplir con su deber. Lo reto: si me muestra el artículo de la Reforma Pensional que asegura el pago mensual del bono a tres millones de viejitos, le entrego mi credencial”.
El futuro de la ley
Mientras se mantiene el cruce de declaraciones, la Corte Constitucional ha reiterado que no podrá tomar una decisión definitiva sobre la validez del trámite legislativo hasta contar con la certificación solicitada. La verificación de las actas resulta indispensable para establecer si la Cámara cumplió con las instrucciones impartidas en el Auto 841 de 2025.
El destino de la Ley 2381 de 2024, pieza central del plan social del Gobierno Petro, depende de este paso procesal. Si se demuestra que las sesiones extraordinarias cumplieron con los requisitos, la reforma podría entrar en vigencia. De lo contrario, el país enfrentaría un nuevo capítulo de incertidumbre sobre el futuro del sistema pensional.
Le ´puede interesar: Esta es la normativa para luces de moto en Colombia
