A menos de cinco semanas del cierre de la legislatura, el Congreso colombiano revive una de las apuestas más polémicas del Gobierno: la reforma laboral. Tras ser hundida hace dos meses en la Comisión VII del Senado, el proyecto resurge y avanza hacia su tercer debate, con el respaldo de sectores clave y un cronograma apretado.
DIARIO DEL HUILA, ANALISIS
La reforma laboral del Gobierno Petro, una de las iniciativas más ambiciosas y controversiales del actual mandato, ha recobrado vida en el Congreso tras haber sido archivada en un intento anterior. Contra todo pronóstico, el proyecto fue revivido por la plenaria del Senado, lo que le permite continuar su curso legislativo en una nueva comisión. Con un equipo de ponentes plural y una agenda intensiva de audiencias públicas, el Ejecutivo vuelve a apostar por una transformación estructural del mercado laboral colombiano, en medio de un ambiente político tenso y con la presión del tiempo en contra.
La Comisión Cuarta del Senado, presidida por la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), será el nuevo escenario donde se discutirá esta iniciativa. Conformada por quince miembros de distintas colectividades, esta célula legislativa ha sido históricamente considerada como un espacio con tendencia más técnica y presupuestal, pero ahora se convierte en la arena donde se decidirá el futuro de una de las reformas estructurales más importantes del actual mandato.
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Una Comisión plural con ponentes de todos los partidos
Para garantizar un trámite más equilibrado y abierto, la Comisión IV decidió designar como ponentes a congresistas de todas las fuerzas políticas del Senado. Entre ellos se encuentran Juan Felipe Lemos (Partido de la U), Jhon Jairo Roldán (Liberal), Aída Avella (Pacto Histórico), Carlos Meisel (Centro Democrático), Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical), Juan Samy Merheg (Conservador) y Richard Fuelantala (Partido Laico). La misma presidenta de la Comisión, Angélica Lozano, también hace parte del equipo de ponentes.
Este abanico de ponentes busca representar un espectro político amplio que permita construir consensos alrededor de la reforma. Según Lozano, el compromiso del Congreso debe ser «una reforma que les sirva tanto a los derechos de los trabajadores como a la generación de empleo, y que no se quede en un simple maquillaje». La congresista ha insistido en que el camino correcto para esta transformación es el legislativo, no la consulta popular, opción que, además, implicaba un alto costo económico y riesgo de no alcanzar los umbrales de participación.
Cronograma ambicioso para un proyecto de alta complejidad
El nuevo cronograma diseñado por la Comisión IV contempla un avance rápido del proyecto. Según la senadora Lozano, este lunes se realizará una audiencia pública para escuchar a diversos sectores sociales y gremiales sobre el contenido de la reforma. El martes y miércoles de esa misma semana se elaborará la ponencia, que deberá radicarse el jueves. El lunes siguiente se hará el anuncio formal y se espera que el tercer debate esté listo para el 30 de mayo.
Este apretado calendario busca evitar que el proyecto se quede sin tiempo, ya que la actual legislatura finaliza el 20 de junio. Posteriormente, quedaría pendiente un cuarto debate y la conciliación con el texto aprobado en la Cámara de Representantes, que también deberá ajustarse a los cambios que se propongan en el Senado.
El Gobierno mete presión: mensaje de urgencia e insistencia
Desde el Ejecutivo, también se han tomado medidas para garantizar que la reforma laboral sea tramitada con prioridad. El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que se radicó un mensaje de urgencia e insistencia al Congreso. Este acto, previsto en el artículo 163 de la Constitución y el artículo 191 de la Ley 5 de 1992, obliga al Senado a resolver el proyecto en un máximo de 30 días y le da prelación sobre otros asuntos en la agenda legislativa.
A pesar de este gesto institucional, el ambiente político sigue siendo tenso. Desde China, el presidente Gustavo Petro criticó la forma en que el Congreso ha manejado la reforma, acusando a la senadora Lozano de querer «aprobar la reforma por ley sin pueblo». Petro ha insistido en la necesidad de una consulta popular para validar su modelo de reformas sociales, aunque paradójicamente, todos los puntos incluidos en la reforma laboral están nuevamente sobre la mesa y podrían volverse ley mucho antes de lo que habría permitido una consulta.
Desconfianza en la Comisión IV y tensiones políticas
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha manifestado públicamente su escepticismo frente a la nueva ruta del proyecto. Aunque confirmó que el Gobierno participará en el debate, indicó que la decisión de trasladar la reforma a la Comisión IV genera dudas. «En la cuarta tienen mayoría Cepeda y sus amigos, diez sobre cinco», expresó en referencia al senador conservador Efraín Cepeda, presidente del Congreso, quien ha tenido posiciones contrarias a otras reformas del Ejecutivo.
Sanguino también cuestionó la neutralidad de la senadora Angélica Lozano, afirmando que «ha jugado con la oposición» y que «no es ninguna independiente». Estas declaraciones han tensado aún más el ambiente entre el Gobierno y sectores legislativos, justo cuando el país necesita consensos para reformas estructurales.
No obstante, el propio Efraín Cepeda declaró este jueves que su partido está dispuesto a aprobar una reforma consensuada. Incluso mencionó como puntos centrales el incremento en el pago de horas extras y dominicales, lo que podría abrir una ventana para acuerdos sobre el contenido del proyecto.
Composición política de la Comisión IV: ¿Mayoría oficialista u opositora?
Un análisis detallado de la composición política de la Comisión IV revela que el panorama no es tan adverso para el Gobierno como podría parecer. Si bien hay figuras de oposición marcadas, como Enrique Cabrales y Carlos Meisel (Centro Democrático), así como Carlos Abraham Jiménez y Carlos Mario Farelo (Cambio Radical), otros senadores que tradicionalmente han sido críticos del Gobierno votaron a favor de revivir el proyecto, como Juan Felipe Lemos y Carlos Abraham Jiménez.
Además, hay senadores que, aunque hacen parte de partidos independientes u opositores, han respaldado iniciativas clave del Ejecutivo. Es el caso de Diela Liliana Benavides (Conservador), quien es cercana al Gobierno, o Richard Fuelantala, que apoyó la reforma pensional a cambio de incluir beneficios para comunidades indígenas.
Por el lado liberal, los senadores Jhon Jairo Roldán, Claudia Pérez y Laura Fortich son abiertamente pro-Gobierno. Roldán, de hecho, es uno de los coordinadores ponentes y ha sido un respaldo clave en los proyectos del Ejecutivo. Lo mismo ocurre con Aída Avella, del Pacto Histórico, y Paulino Riascos (ADA), ambos con posturas favorables al Gobierno, aunque el segundo ha mostrado cierto distanciamiento en meses recientes.
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Oposición con matices: ¿pueden cambiar los votos?
Uno de los elementos más interesantes del nuevo trámite de la reforma laboral es que incluso senadores ubicados en la oposición no han cerrado del todo la puerta al proyecto. Carlos Meisel, del Centro Democrático y designado como ponente, expresó su intención de estudiar con seriedad la propuesta: “Haremos todos los intentos por aprovechar esta oportunidad de sacar una reforma que fortalezca la relación entre empleador y trabajador, que genere empleo y promueva el emprendimiento”.
Este tipo de declaraciones sugieren que el Ejecutivo podría lograr una mayoría suficiente si se enfoca en construir un texto equilibrado, que recoja las preocupaciones tanto del empresariado como de los sindicatos. Una reforma moderada, ajustada al contexto económico actual, podría recibir respaldo incluso de sectores usualmente reacios a las propuestas del Gobierno Petro.
¿Y si la reforma se aprueba?
Si el proyecto supera los dos debates restantes en el Senado y se logra la conciliación con la Cámara, el país tendría una nueva legislación laboral antes del fin de la legislatura. Esto sería un logro político significativo para el Gobierno, especialmente después del fracaso de la consulta popular, que, según algunos cálculos, habría costado más de 700 mil millones de pesos y se realizaría en medio del calendario electoral.
Los puntos más discutidos de la reforma incluyen el fortalecimiento de los derechos laborales, el aumento en el pago de recargos por trabajo en domingos y festivos, la protección del trabajo femenino y el fomento del empleo digno, entre otros. El reto será encontrar un balance que no afecte la sostenibilidad financiera de las empresas, pero que sí mejore las condiciones de millones de trabajadores colombianos.
¿Resurrección o último intento?
Lo que está en juego no es solo una reforma laboral. Es también una pulseada entre el Congreso y el Ejecutivo, entre la calle y la institucionalidad, entre los caminos democráticos tradicionales y las vías extraordinarias como la consulta popular. El Gobierno tiene una nueva oportunidad para demostrar que puede negociar, construir consensos y legislar con eficacia. Y el Congreso tiene la responsabilidad de responder al clamor social sin ceder a presiones extremas.
A poco más de un mes del cierre legislativo, la reforma laboral se ha convertido en el termómetro que medirá la capacidad de Petro para gobernar con el Congreso y no contra él.
