La propuesta de reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro ha generado preocupación en el sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia. La Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada (FedeSeguridad) advirtió que, de aprobarse la reforma, podrían perderse hasta 18.000 empleos formales en este sector. Esto se debe a que las modificaciones propuestas, como la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales y el aumento de recargos nocturnos y dominicales, incrementarían significativamente los costos operativos de las empresas.
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Nicolás Botero, presidente ejecutivo de FedeSeguridad, señaló que la implementación de estas medidas podría aumentar en un 18% la tarifa mínima regulada del servicio. Dado que las empresas de vigilancia operan las 24 horas del día, los siete días de la semana, los cambios propuestos tendrían un impacto considerable en los costos de contratación. Botero hizo un llamado a una reforma «equilibrada, con orden» que permita incrementar de manera gradual los ingresos de los trabajadores sin comprometer la sostenibilidad de las empresas ni la capacidad de pago de los usuarios.
Entre las propuestas de FedeSeguridad para mitigar el impacto de la reforma se encuentran la modificación progresiva del inicio de la jornada nocturna, pasando de las 9:00 p.m. actuales a las 8:00 p.m. en 2026 y a las 7:00 p.m. en 2027. Además, sugieren que los aumentos del recargo dominical se escalonen en tres fases: al 80% en 2026, al 90% en 2027 y al 100% en 2028. También proponen ajustes en las horas de trabajo para garantizar que la tarifa mínima regulada cubra todos los costos laborales derivados de las reformas.
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Finalmente, FedeSeguridad destacó la necesidad de flexibilizar las normas sobre el tiempo de trabajo, proponiendo que los trabajadores del sector puedan laborar hasta 60 horas a la semana, sin exceder el límite legal vigente. Esto se traduciría en 44 horas ordinarias y 16 horas extras en 2025, y 42 horas ordinarias con hasta 18 horas extras a partir de 2026. Estas disposiciones serían clave para evitar despidos masivos y una crisis laboral en un sector que ya enfrenta desafíos derivados de la alta cantidad de días festivos en el país.
