Una de las consecuencias menos discutidas —pero no menos preocupantes— de la resucitada reforma laboral del Gobierno Petro, que acaba de ser aprobada en la Comisión Cuarta del Senado, es el impacto directo que podría tener sobre las cuotas de administración en los conjuntos residenciales. La razón: los mayores costos operativos que deberán asumir las empresas de vigilancia y seguridad, que normalmente prestan sus servicios en horarios nocturnos, domingos y festivos.
DIARIO DEL HUILA, ECONOMIA
Entre los puntos más controversiales del proyecto legislativo se encuentra la modificación del horario de la jornada nocturna, que pasaría a comenzar a las 7:00 p. m., en lugar de las 9:00 p. m. como se contempla actualmente. Esto significa que cualquier trabajador que preste servicios después de esa hora tendría derecho a recargos adicionales, aumentando considerablemente los costos para las empresas.
Este ajuste no solo afectará al sector comercial o industrial, sino que también tendrá un efecto en el día a día de millones de hogares colombianos. En el caso de los conjuntos residenciales, donde los servicios de seguridad operan generalmente las 24 horas del día, el cambio elevaría de forma considerable los pagos que las empresas prestadoras de este servicio deben hacer a sus empleados. Y, como es de esperarse, estos mayores costos serán trasladados a los residentes a través del incremento en las cuotas de administración.
A esto se suma el incremento de los recargos por trabajo dominical y festivo, otra medida incluida en la reforma. Este tipo de recargos afecta no solo a la vigilancia, sino a múltiples servicios en los que se requiere personal activo durante días no laborales. Así, el impacto económico se extiende a otros sectores como el aseo, el mantenimiento, e incluso el funcionamiento de porterías o servicios de conserjería en las unidades residenciales.
La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) ha advertido sobre el impacto desproporcionado que esta reforma podría tener sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales operan durante los fines de semana y en horarios nocturnos. “Estos cambios generan daños profundos a las empresas de barrio, como panaderías, cafeterías, tiendas y restaurantes, que difícilmente podrán soportar los nuevos costos”, señaló Jaime Cabal, presidente de Fenalco.
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Pero el golpe no se limita al comercio. El presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), Jaime López, también expresó su preocupación por los efectos colaterales que este proyecto traerá a los hogares. “El debate no puede centrarse solo en cifras. Si se pierden empleos, especialmente para jóvenes y adultos mayores, el daño será a las familias”, advirtió.
El trasfondo de esta reforma es complejo. Si bien busca mejorar las condiciones laborales de millones de trabajadores colombianos, las implicaciones económicas podrían revertirse en aumentos de costos para servicios básicos en los hogares, afectando directamente a la clase media y a los sectores más vulnerables.
En esencia, la intención del Gobierno de brindar mayor estabilidad y justicia laboral puede chocar con la realidad financiera de muchas comunidades residenciales, que ya enfrentan altos niveles de inflación y aumentos en tarifas de servicios públicos. La pregunta que queda en el aire es si los beneficios de esta reforma laboral compensarán los nuevos costos que deberán asumir las familias colombianas en su cotidianidad.
Mientras tanto, el llamado de gremios como Fenalco y Acodres al Senado es claro: reevaluar el proyecto con responsabilidad para que, en su intención de proteger al trabajador, no se termine castigando al consumidor final. Porque al final del día, quienes pagarán la factura no serán solo las empresas, sino cada colombiano desde su hogar.
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