DIARIO DEL HUILA, POLITICA
La reforma de la salud, una de las apuestas bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro, vuelve al Congreso con un nuevo articulado y con un panorama legislativo que no luce más favorable que el del intento anterior. El proyecto será nuevamente examinado por la Comisión Séptima del Senado, la misma célula legislativa que en abril de 2024 decidió archivar la primera versión de la reforma.
Con la reciente elección del senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, como presidente de la comisión, los equilibrios políticos parecen mantenerse en contra de las pretensiones del Ejecutivo. Pinto es uno de los críticos más firmes del gobierno y su ascenso a la presidencia de la comisión es interpretado como un síntoma claro de que el bloque mayoritario que ha frenado reformas clave del Gobierno sigue cohesionado.
Comisión VII: terreno difícil para el Gobierno
Históricamente, la Comisión Séptima ha sido el escenario más complejo para las iniciativas sociales del Ejecutivo. Allí no solo se hundió la primera versión de la reforma a la salud en 2024, sino también la reforma laboral, en marzo de este año, aunque esta última fue posteriormente revivida en la plenaria.
De hecho, la única gran victoria que el Gobierno logró en esta comisión fue la aprobación de la reforma pensional en junio de 2023. El ambiente legislativo actual no parece haber cambiado sustancialmente desde entonces, a pesar de algunos movimientos recientes del Gobierno para lograr consensos.
¿Qué significa la elección de Pinto?
La elección de Miguel Ángel Pinto no solo reconfigura la mesa directiva de la Comisión VII, también representa una ruptura con los acuerdos legislativos previos. La presidencia le correspondía al partido Comunes en virtud del pacto de gobernabilidad, pero la mayoría de los integrantes votó por Pinto en una muestra de autonomía y distanciamiento del Gobierno.
En sus primeras declaraciones tras ser elegido, el senador liberal expuso de forma clara sus reservas frente al proyecto:
“Al ministro de Hacienda jamás hemos podido tenerlo acá para que nos diga cuánto vale la reforma de la salud y de dónde van a salir los recursos. Con el Ministerio de Salud no ha sido posible hablar. Ellos quieren imponer un articulado; lo que nosotros queremos es que escuchen a los actores del sistema”.
Además, Pinto reclamó mayor apertura por parte del Ejecutivo y reiteró su disposición a garantizar un debate serio y abierto, en el que se puedan revisar a fondo los puntos críticos del proyecto.
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Gobierno busca tender puentes
A pesar del tono crítico, el Gobierno, en cabeza del ministro del Interior Armando Benedetti, ha mostrado señales de disposición al diálogo. El jefe de la cartera política consideró que con la elección de Pinto comienza una “nueva etapa de interlocución”, y se mostró optimista frente a la posibilidad de que la reforma pueda ser aprobada y enviada a la plenaria del Senado.
Benedetti aseguró que el senador liberal está convencido de que el país necesita una reforma al sistema de salud, aunque no necesariamente la que propone el Gobierno.
“Es claro que hay una nueva era de entendimiento y que se va a tramitar y va a pasar el proyecto de salud a la plenaria del Senado”, señaló.
No obstante, ese aparente ánimo de concertación se ha visto empañado por las recientes decisiones del Ministerio de Salud.
Un decreto que genera tensión
Mientras se hablaba de concertación en el Congreso, el Ministerio de Salud emitió un decreto que implementa aspectos sustanciales de la reforma por vía reglamentaria, lo cual fue interpretado por varios sectores como un intento de avanzar por fuera del marco legislativo.
Para la senadora Nadia Blel (Partido Conservador), el decreto es una muestra de incoherencia institucional:
“Es una clara muestra de que el Gobierno desprecia la institucionalidad y la democracia. Mientras impulsa una reforma en el Congreso, modifica el sistema por la puerta de atrás”.
El decreto ha sido catalogado como una estrategia paralela que podría restarle legitimidad al trámite legislativo del nuevo proyecto, lo cual endurece las posiciones de sectores que exigen mayor respeto por las competencias del Congreso.
Los tiempos corren
Además de los desafíos políticos, la reforma se enfrenta a restricciones de tiempo. El proyecto tiene como plazo máximo de aprobación el 20 de junio de 2026. En un contexto preelectoral, el ritmo del Congreso tiende a ralentizarse, lo cual puede jugar en contra de las aspiraciones del Ejecutivo.
Este año, la actividad legislativa estará marcada por las elecciones regionales, el cierre de periodo y otras reformas pendientes, lo que podría convertir el trámite de la reforma en una carrera contra el reloj.
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