La Agencia Nacional de Tierras inició el proceso de recuperación de 666 hectáreas entregadas a 31 familias en Baraya (Huila) tras denuncias que señalan que uno de los beneficiarios —hermano del alcalde local— estaría permitiendo que ganaderos ajenos exploten el predio Santa Helena para el engorde de reses, violando las condiciones de la cesión provisional.
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
En el municipio de Baraya, norte del Huila, un predio de más de 600 hectáreas que debía ser símbolo de reparación, progreso y desarrollo rural se convirtió en el centro de una polémica que hoy salpica directamente a la administración municipal. Según denuncias conocidas por El Espectador, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adelanta un proceso de recuperación del terreno, luego de que se revelara que un hermano del alcalde estaría beneficiándose de las tierras entregadas dentro del programa de reforma agraria, usándolas presuntamente para el levante de ganado de terceros.
La historia, que empezó como un proyecto de esperanza para decenas de familias campesinas víctimas del conflicto armado, ha terminado en un escándalo que pone en entredicho el cumplimiento de los principios de equidad y justicia que promueve el Gobierno Nacional en el proceso de redistribución de tierras.
Un predio con propósito social
El 30 de diciembre de 2024, la Agencia Nacional de Tierras formalizó la entrega provisional del predio Santa Helena, una finca de 666 hectáreas ubicada en el municipio de Baraya. Este terreno fue adquirido por el Estado en el marco de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con el fin de garantizar el acceso a la tierra a comunidades campesinas y víctimas del conflicto que históricamente habían sido despojadas o carecían de propiedad rural.
Ese día, 31 familias pertenecientes a la Asociación de Víctimas del Conflicto Camino por la Paz de Baraya (Arcopaz) firmaron el acta de entrega junto con representantes de la ANT, comprometiéndose a usar el predio exclusivamente para actividades agrícolas y productivas que beneficiaran directamente a sus integrantes. El documento, firmado por Lester Fabián Garrido Arenas —jefe territorial de la ANT en Huila—, establecía normas claras: mantener el predio en buen estado, no arrendar ni transferirlo, y trabajar la tierra directamente, sin intermediarios ni cesiones a terceros.
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El objetivo era convertir Santa Helena en una finca modelo de producción agroecológica, símbolo de reconciliación y de la promesa de la reforma agraria de dar tierra a quienes realmente la trabajan.
Sin embargo, menos de un año después, esa promesa comenzó a desdibujarse entre señalamientos de irregularidades, intereses particulares y presuntas prácticas contrarias a las condiciones de entrega.
Las denuncias que encendieron las alarmas
Las alertas surgieron a mediados de 2025, cuando veedurías ciudadanas y algunos miembros de la misma comunidad denunciaron públicamente que una parte de las tierras entregadas a Arcopaz estaría siendo utilizada para la cría de ganado de terceros, lo que violaría de manera directa los términos de la entrega provisional.
En el centro de las denuncias aparece el nombre de Amir Cardozo Tovar, uno de los beneficiarios de Arcopaz, quien además es hermano del alcalde de Baraya, Luis Enrique Cardozo Tovar, del partido Cambio Radical. Según los denunciantes, Amir Cardozo habría permitido que empresarios y ganaderos adinerados usaran los terrenos para el engorde de bovinos, obteniendo beneficios económicos personales.
Tres cláusulas del acta de entrega son especialmente contundentes y habrían sido vulneradas:
- No ceder ni total ni parcialmente los derechos derivados de la entrega.
- No arrendar ni transferir los predios sin autorización expresa de la ANT.
- No permitir que terceros se beneficien del uso o explotación del terreno.
Las denuncias van acompañadas de fotografías y videos que mostrarían decenas de cabezas de ganado pastando en el predio Santa Helena. Pero lo más revelador es un video en el que el propio Amir Cardozo habla abiertamente del uso del terreno para actividades ganaderas de personas “adineradas”.
El video que cambió todo
En la grabación, difundida por líderes comunitarios, se escucha a Amir Cardozo reconocer que ha recibido ganado de terceros bajo la modalidad de “mayor valor”, una práctica común en el negocio ganadero, mediante la cual un propietario entrega animales para que otra persona los engorde o comercialice, compartiendo las ganancias.
“En este momento, como no tenemos cómo trabajar, nos toca recurrir a personas adineradas (…) El ganado que hay acá no es en arriendo, no es propio. Lo hemos recibido al mayor valor”, afirma Cardozo en el video.
Más adelante, agrega: “Sí, le estoy recibiendo ese ganado a una persona adinerada, porque una persona pobre no nos va a dar ese ganado”. Concluye admitiendo que de parte de la asociación solo han adquirido “dos vacas y dos caballos”, mientras los 76 animales restantes pertenecen a un tercero.
Estas declaraciones encendieron las alarmas entre los veedores y entre varios de los propios beneficiarios, quienes consideraron que el uso del predio se había desviado de su propósito original. “La finca no era para los ricos”, reclamó uno de los campesinos en una reunión posterior, señalando que la alianza con ganaderos particulares contradice el espíritu del programa de tierras.
Silencio y evasivas en la Alcaldía de Baraya
Ante las acusaciones, El Espectador contactó al alcalde de Baraya, Luis Enrique Cardozo Tovar, para conocer su posición. El mandatario local aseguró no tener conocimiento de las denuncias contra su hermano y delegó las respuestas en su secretario de Planeación, Carlos Alberto Aroca.
Aroca, por su parte, negó tener información detallada del caso y afirmó que la Alcaldía no tiene competencia directa en el seguimiento a los predios de la reforma agraria, pues —según dijo— la ANT no ha conformado el Comité de la Reforma Agraria en el municipio.
“Por el momento nosotros no tenemos información sobre eso, porque la Agencia Nacional de Tierras todavía no ha establecido el Comité de Reforma Agraria que deben activar. La administración municipal ha hecho esa solicitud desde hace tiempo”, aseguró.
El funcionario agregó que, sin dicho comité, no es posible ejercer control sobre el uso que las asociaciones campesinas hacen de las tierras entregadas: “Sabemos que tienen un comodato provisional, pero no hemos recibido ninguna notificación de la ANT para hacer acompañamiento o seguimiento”.
Estas declaraciones fueron interpretadas por veedores locales como un intento de deslindar responsabilidades y de proteger al hermano del mandatario.
La versión de la Agencia Nacional de Tierras
Desde la ANT, la respuesta fue contundente. Lester Fabián Garrido Arenas, representante territorial en el Huila, aclaró que sí existen comités de seguimiento activos en el departamento, y que, contrariamente a lo dicho por la Alcaldía, ya se han conformado al menos 25 espacios de seguimiento a la implementación de la Reforma Agraria.
“Los comités no son los que definen las compras o adjudicaciones de la tierra, ni los beneficiarios. En estos espacios se toman decisiones estratégicas sobre la implementación del programa, pero el control directo de los predios entregados sí es competencia de la ANT”, explicó.
Sobre el caso puntual del predio Santa Helena, Garrido Arenas confirmó que existen indicios de incumplimiento grave de las condiciones pactadas y que ya se adelanta un proceso administrativo de recuperación del predio.
“El predio fue cedido provisionalmente a la organización Arcopaz, pero se ha evidenciado confrontación interna y presunto incumplimiento de las obligaciones, especialmente las que buscan evitar que terceros se beneficien del uso de la tierra. Y, en este caso, el presunto responsable es el hermano del alcalde de Baraya”, precisó.
La ANT considera que permitir la explotación de las tierras por parte de ganaderos o personas externas constituye una violación directa del principio de acceso equitativo a la tierra. “El uso de los predios de la reforma agraria debe beneficiar exclusivamente a campesinos sin tierra. Si se comprueba que hay negocio o beneficio de terceros, el Estado tiene la obligación de recuperar esos terrenos”, enfatizó Garrido Arenas.
Tierra prometida, tierra disputada
El caso del predio Santa Helena refleja uno de los grandes retos que enfrenta la reforma agraria en Colombia: garantizar que los beneficiarios realmente cumplan con el propósito social y productivo de la tierra entregada.
Aunque el programa busca saldar una deuda histórica con el campo colombiano, la falta de seguimiento, la débil articulación institucional y las influencias políticas locales han generado grietas en su ejecución.
En el Huila, departamento con más de 300.000 hectáreas de vocación agropecuaria, la implementación de la reforma agraria ha tenido altibajos. Según fuentes del Ministerio de Agricultura, solo una parte de los predios entregados en 2024 y 2025 cuentan con proyectos productivos activos. En muchos casos, las asociaciones campesinas no han recibido apoyo técnico ni financiero suficiente para hacer sostenible la producción.
En ese contexto, la tentación de arrendar o compartir los terrenos con ganaderos o empresarios locales se convierte en una salida rápida para quienes no tienen capital para invertir. Sin embargo, esa práctica desnaturaliza por completo el objetivo de la redistribución.
Posibles sanciones y consecuencias
La Agencia Nacional de Tierras confirmó que ya inició un proceso formal de revisión del acta de entrega del predio Santa Helena, y que, de comprobarse el uso indebido del terreno, procederá a revocar la cesión provisional y recuperar las 666 hectáreas para reasignarlas a otras comunidades campesinas que cumplan los requisitos.
Este proceso implicaría no solo la salida de Arcopaz del predio, sino también eventuales sanciones administrativas para los responsables del presunto incumplimiento, incluida la inhabilidad para recibir futuras adjudicaciones.
Mientras tanto, la Personería de Baraya —señalada en la denuncia por su inacción— deberá responder ante los entes de control por no haber ejercido su función de vigilancia preventiva frente a un caso que involucra directamente a familiares del alcalde.
El trasfondo político
El hecho de que el principal señalado sea hermano del alcalde de Baraya ha despertado sospechas sobre posibles conflictos de interés y uso político de los programas de tierras. Luis Enrique Cardozo Tovar, elegido por Cambio Radical, ha mantenido silencio público sobre el caso, pero el escándalo ya empieza a impactar su imagen y la de su administración.
En el ámbito regional, sectores campesinos y veedurías han pedido a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría abrir investigaciones formales, no solo por el presunto aprovechamiento indebido del predio, sino también por la posible omisión de control institucional.
Una oportunidad en riesgo
A casi un año de la entrega del predio Santa Helena, lo que debía ser una oportunidad histórica de restitución y desarrollo rural parece haberse transformado en un símbolo de los desafíos que enfrenta la Reforma Agraria en el país.
Las tierras que debían estar llenas de cultivos, huertas y proyectos comunitarios, hoy son noticia por denuncias de irregularidades, disputas internas y presuntos intereses particulares.
Mientras tanto, las 31 familias de Arcopaz, que firmaron con ilusión el acta de entrega, se enfrentan al riesgo de perder lo poco que habían recuperado. El caso de Baraya podría convertirse en un precedente para otros procesos de adjudicación, donde la falta de control estatal y la interferencia política amenazan con desviar el sentido de justicia social que inspira la Reforma Agraria.
Por ahora, la Agencia Nacional de Tierras avanza en la recuperación del predio y en la verificación de todas las denuncias. Si se confirma que los terrenos fueron usados para beneficio de particulares, las 666 hectáreas volverán al Estado para ser reasignadas.
En Baraya, sin embargo, el daño está hecho: la confianza de la comunidad campesina se ve fracturada y la promesa de una “tierra para quien la trabaja” vuelve a quedar, por ahora, en entredicho.
