Alfredo Vargas Ortiz
Abogado y Docente Universidad Surcolombiana
Doctor en Derecho Universidad Nacional de Colombia
Es una verdad evidente que la actual administración de la Universidad Surcolombiana ha dejado de lado su deber constitucional y legal de liderar la institución con criterios éticos e independientes de los politiqueros de turno, quienes hoy tienen capturada a la universidad. Los académicos, que deberían estar liderando nuestra alma mater, se encuentran marginados, y lo que se vive a diario es la improvisación y el desmedro de la sagrada autonomía universitaria.
No es ético ni transparente designar en cargos claves de la institución a familiares cercanos de funcionarios, e incluso a exfuncionarios de la Casa Villalba en nuestra universidad, cuando el propio gobernador es quién vota para definir la terna del próximo rector de la universidad, generando un evidente conflicto de intereses. Tampoco es correcto que se realicen siete nombramientos a personas que son familiares cercanos de funcionarios y docentes, quienes son, a su vez, los electores del próximo rector. Esto se agrava aún más cuando se asegura la falta de recursos para el próximo semestre. Si esto fuera cierto, ¿por qué entonces se comete la irresponsabilidad de nombrar funcionarios a quienes no se les podrá pagar el próximo semestre? Todos estos hechos evidencian el talante politiquero y carente de ética de la actual administración, lo cual resta transparencia al proceso de elección del rector.
Tampoco es ético que uno de los candidatos, el doctor Pedro Reyes Gaspar, se haya hecho elegir por los rectores como su representante y luego abandone esa designación para postular su nombre a este importante cargo. Esto es especialmente grave dado que era en su representación que se aprobaría el calendario electoral y el proceso de designación del próximo rector, lo cual defraudó la confianza de aquellos que lo eligieron, engañándolos, tal como fue manifestado por el maestro Jorge Antonio Polanía. Este, de manera responsable con la institución, se vio obligado a renunciar para no afectar el proceso. Sin embargo, el daño ya está hecho, y el proceso está en entredicho, por lo que seguramente será demandado.
La universidad debe recuperar la transparencia, y hoy el Consejo Superior Universitario tiene la enorme tarea de trazar una ruta que permita encausar el camino hacia la recuperación del rumbo, marginando a quienes hoy no piensan en nada distinto que su interés particular. Las representaciones académicas, estudiantes, egresados, el consejo académico y los docentes deben liderar consultas internas para evitar que las decisiones que se tomen sean ilegítimas e inconsultas. El gobierno nacional del cambio tiene la gran responsabilidad de seleccionar una terna que garantice independencia y que asegure que la universidad pueda retomar el rumbo que se merece.
Tenemos la enorme tarea de situarnos entre las 10 mejores universidades públicas del país en los próximos 4 años. Para lograrlo, se requiere carácter, independencia, autonomía y capacidad de trabajo. Por ello, no podemos equivocarnos. Confiamos en que es posible retomar un camino distinto, y que el Huila y Colombia merecen tener una universidad del tamaño de nuestros sueños.
